Opinión
Desde la revuelta social iniciada en octubre del año pasado se ha instalado la discusión sobre la posibilidad que personas que se encuentren en alguna situación extrema puedan, excepcionalmente, retirar sus fondos de pensiones.
La iniciativa cobró tanta fuerza que el propio Presidente indicó, el 14 de ese mes, que se evaluaría la pertinencia que, quienes sufran enfermedades terminales, pudieran retirar de manera anticipada sus ahorros para pagar sus tratamientos. En apariencia, un acto de enorme comprensión y generosidad, respondido al unísono con un rotundo no por los dueños y dirigentes de la “industria”. Solo aceptaron recalcular el monto de la pensión, dado que el afectado o la afectada viviría menos de lo proyectado.
Desde la perspectiva de quienes administran y lucran con los fondos de pensiones esta solicitud es inaceptable, por dos razones. Primero, porque abre la puerta para nuevas excepciones que, en el largo plazo, ponen en riesgo la continuidad del negocio. Segundo, porque reduce el capital con el cual rentan.
El argumento, obviamente, es el daño que se hace a las pensiones de los chilenos y las chilenas, de por sí bajas. Bajas, a juicio de las propias AFP, porque imponemos muy poco y nos jubilamos muy temprano. No por la lógica del sistema. Tenemos malos sueldos y, además, somos poco proclives al ahorro (tal vez porque el salario promedio alcanza con dificultades para llegar a fin de mes).
Aunque no es el propósito tratar aquí las utilidades de este negocio, no es posible obviarlas, en la medida que son el centro del problema.
Gracias a la comisión fija sobre las cotizaciones, los dueños de las AFP no corren riesgos, sino que tienen garantizado un enorme ingreso. Aumentan su utilidad, además, con el “encaje”, esto es, la obligación de invertir el equivalente al 1% del patrimonio para suplir posibles pérdidas. Así, las AFP en el período 1991-2005 tuvieron una rentabilidad del 26%, superando en un 66% a la banca, que gozaba de un sólido 16% de rentabilidad. Las ganancias el primer semestre de 2019 llegaron a más 267 mil millones de pesos, es decir, casi mil quinientos millones diarios.
Ese mismo año, en marzo, la jubilación promedio de los hombres era de 320 mil pesos mensuales y la de las mujeres 192 mil.
Ante esta perspectiva no puede sorprender que los dueños de las AFP y sus representantes estén dispuestos a defenderlas al precio que sea.
La situación actual ha devuelto relevancia a la pregunta por el retiro anticipado de fondos y la ha ampliado a otras opciones, dada la crisis de pobreza y hambre que se está desatando. La respuesta nuevamente ha sido un no cerrado, del Gobierno y el empresariado (o a la inversa, el orden es irrelevante cuando el factor es el mismo). Las razones, son idénticas: nos cuidan de una vejez miserable producto del uso inapropiado que daremos a nuestros ahorros. Mejor recurramos a otros ahorros, también nuestros, pero que no están destinados a garantizar la rentabilidad de los negocios de la elite, como el seguro de cesantía.
Una pregunta que uno podría hacerse respecto de este tema, sin embargo, es: ¿cómo llegamos al punto de que se deba someter a la benevolencia de los dueños de las AFP el tratamiento de la enfermedad terminal de alguien?
¿Qué tipo de país hemos construido, en que esta resulte una idea razonable, por la cual se juzga noble dar una pelea?
¿No sería más adecuado que una situación como esa estuviera cubierta por un sistema de seguridad social que garantice que nadie morirá por falta de atención, sino porque, pese a ella, no se podía hacer más? Sin que dicha atención implique endeudar a los parientes con las cuentas del tratamiento o rapiñar la herencia que puede significar el ahorro previsional.
En ello, las AFP tienen razón: los fondos de pensiones no debieran estar destinados a algo distinto que las jubilaciones. Para otras prestaciones debería existir un sistema de bienestar social amplio y homogéneo en calidad.
Lo que no dicen, sin embargo, es que tampoco deberían estar dedicados a enriquecer a las elites, sino a evitar una vejez en la miseria de la mayoría de la población, como hasta ahora invariablemente ocurre.
