Opinión
Mucho se ha hablado sobre el hurto o robo de madera en el sur de Chile en estos días, porque recientemente la Sala del Senado analizó el proyecto de ley que pretende prevenir la sustracción de madera en troza, creando un tipo penal específico para castigar dicha conducta y permitiendo el uso de técnicas especiales de investigación.
Mientras un senador de mi sector llamó a apoyarlo señalando que esta práctica podría ser una fuente de financiamiento para actividades ilícitas en la Región de La Araucanía y otro, de oposición, afirmó que con este se protege a la industria forestal y acusó que ha faltado ahondar en el debate, lo cierto es que se trata de una iniciativa necesaria y urgente.
Los que somos del sur, conocemos cómo proceden quienes cometen este delito: actúan de noche, sin testigos, con cómplices a cargo del traslado y compradores preestablecidos. Por eso, es evidente que las facultades que tienen hoy nuestros fiscales son insuficientes, ya que es muy difícil obtener pruebas y muy poco probable que haya flagrancia.
Este proyecto es muy relevante para la Región de La Araucanía, porque permitirá legitimar una actividad tan valiosa como la forestal, que equivale al 1,96% del PIB –un monto cercano a $2.871 millones– y genera más de 100 mil empleos.
El hurto o robo de madera en troza no puede vincularse directamente con el conflicto mapuche ni con ningún otro tema político. Es un delito, independientemente de quien lo cometa y a quienes afecte. Nunca puede estar justificado y siempre debiera perseguirse con todo el rigor de la ley. Eso es, pues, lo que se persigue con este proyecto de ley. Empresarios forestales mapuches y no mapuches, grandes y chicos, comprenden la diversidad forestal de la Región de La Araucanía y por eso esta actividad no debe tener apellido.
Pero esta no es la única deuda pendiente con nuestra madera. No podemos olvidar la que tiene que ver con establecer a la leña como combustible, permitiendo con ello regular su uso y comercialización, y una institucionalidad que fiscalice las medidas.
Qué duda cabe que la leña no es en sí misma la culpable de la contaminación del sur de Chile. Es su falta de regulación como combustible la que permite que se venda en condiciones poco óptimas, a lo que se suman estufas precarias. Por lo mismo, más que desincentivar su utilización, parece apropiado capacitar en torno a su uso, mejorar la supervisión, fiscalizar e invertir en tecnología.
Bajo estas premisas fue que en 2018 entregamos a la ministra del Medio Ambiente de la época un proyecto de ley para reconocer la biomasa forestal como combustible y la creación de una Superintendencia para su fiscalización, regulando el mercado y ordenando los procesos de formalización, de manera de contar con leña seca y equipos de combustión con los estándares internacionales. Hoy reitero mi llamado a la actual ministra del ramo a que considere dicha propuesta y le dé la relevancia que posee.
Por último, es importante mencionar que desde 2014 estamos a la espera de un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Entrampado desde julio del año pasado en la Cámara Baja, este debiera impulsar la conservación de la biodiversidad, la gestión de las áreas protegidas y la implementación de planes de conservación para especies en extinción. Concretarlo es fundamental para contar con una entidad pública que unifique un quehacer actualmente disperso en cinco ministerios.
Aprovechando la ocasión, y si de deudas en materia de recursos naturales se trata, surge la primera Ley General de Suelos, actualmente en la Comisión de Agricultura del Senado, que promete ser un aporte para dar sostenibilidad a nuestro recurso madera en troza y demás recursos naturales.
La protección del medio ambiente y los recursos naturales no debiera tener color político, sino más bien constituir un eje prioritario de cualquier gobierno. Para que así sea, es urgente regular y proteger nuestros árboles y nuestra madera.
