Opinión
Las crisis son momentos particulares. Por una parte, se abre un tiempo excepcional donde los cambios se tornan posibles. Eso fue lo que aconteció en Chile el año 2019. Las protestas masivas volvieron tan visible la crisis institucional, política, social y ecológica que ni la prensa ni el gobierno pudieron hacer caso omiso. Frente a un gobierno impávido, incapaz de administrar el descontento nacional o de negociar políticamente, el parlamento tuvo que ofrecer un plebiscito constitucional como salida. La fecha de abril del 2020 para este plebiscito dio un respiro al sistema político. A fines de 2019, daba la impresión, de que la ortodoxia neoliberal chilena –resguardada por la Constitución de 1980– se podría resquebrajar.
Las crisis, por otra parte, son también peligrosas ya que la misma suspensión de la normalidad permite cambios excepcionales que pueden ir en contra de los intereses de la mayoría. Naomi Klein, en el célebre libro de 2007, La doctrina de shock. El auge del capitalismo de desastre, investigó como, alrededor del planeta, la doctrina neoliberal (privatizar los servicios del Estado, desregularizar los mercados, reducir los gastos sociales) se han llevado a cabo en momentos de crisis de forma rápida y dolorosa bajo la figura de la “terapia de shock”. Los desastre “naturales”, sociales y económicos, propone Klein, son instancias de desorientaciones individuales y colectivas, por eso son oportunidades para profundizar el libre mercado saltándose la discusión pública y el discernimiento informado. Por ejemplo, Sebastián Piñera, en su primer gobierno, bajo la excusa de necesitar dinero para la reconstrucción luego de Terremoto del 2010 vendió la participación estatal en Aguas Andinas, Esval, Essbio y Essal durante en junio 2011.
Las manifestaciones del 2019 dejaron un saldo complejo. No sólo la amplitud del descontento de la población puso en jaque el consenso neoliberal y su flamante oligarquía paternalista; además, mostró cómo el gobierno fue incapaz de matizar la ortodoxia económica o someterla a revisión (AFP, salud pública, zonas de sacrificio ambiental, etc). Su respuesta a las protestas fue principalmente coercitiva y policial con lo que recordó, inevitablemente, las prácticas de la dictadura de Pinochet. Da la impresión que la última manera de defender este sistema económico y político llamado neoliberalismo es mediante los dispositivos de seguridad y la violencia estatal: una deriva autoritaria que el gobierno de Sebastián Piñera (y su asesor Cristián Larroulet) ha tomado y por la que serán recordados. La “derecha economicista” y represiva tiene una clara hegemonía sobre una derecha “republicana” que pugna por emerger entre medio del populismo mediático de la misma derecha en su versión Lavín.
Este autoritarismo muestra un sorprendente desdén por el Estado de derecho debido a la impunidad del actuar de Carabineros de Chile y su violencia desmedida hacia los ciudadanos. Carabineros no intenta controlar el orden público sino más bien castigar a los manifestantes. Las decenas de muertos, cientos de mutilados, miles de heridos y las unánimes declaraciones de todos organismos internacionales de Derechos Humanos apuntan lo mismo: en Chile se violaron los resguardos básicos de las personas durante el año 2019. Sin transparencia, sin tomar responsabilidad y sin rendir cuentas, el Gobierno y Carabineros han actuado de manera ilegítima e ilegal y tendrán que enfrentar sus consecuencias en tribunales nacionales e internacionales.
A la crisis del Estallido social del 2019, que logró un plebiscito constitucional, se le ha sumado la crisis de la pandemia Covid 19. El Gobierno de Chile ha enfrentado esta última con la misma lógica de la seguridad y coerción. La necesidad de medidas sanitarias no han sido concebidas y ejecutadas en un marco de cuidado colectivo –diálogo y transparencia como se hizo en otros lugares– sino en uno de control, opacidad de la información, falta de intercambio científico y ciudadano. Los momentos de crisis, como el actual, son especialmente delicados ya que es cuando los gobernantes tienden a concentrar el poder de forma peligrosa. Ya notaba un artículo en el New York Times –ilustrado con una foto de Chile– cómo los gobiernos de tendencia autoritaria podrían aprovechar de esta oportunidad conseguir más poder con la posibilidad añadida de abusar con él.
La crisis sanitaria del virus en Chile en el 2020 no vino a alterar una cierta normalidad social y económica, como pudo suceder en otros países. El virus acá puso en suspenso la agitación callejera que comenzaba en marzo y, por esto, el gobierno vio esta pandemia como oportunidad de contención política. Utilizando el Estado de excepción sanitario –legitimado por la pandemia– el Gobierno ha decidido apuntalar el control político de la población bajo la excusa de protegernos del virus. No es extraño, entonces, que se quieran señales de aplazar el Plebiscito. Mediante este control de población, político y sanitario, Piñera ha visto una oportunidad de poder recuperar parte del apoyo perdido el año 2019, en particular, el de la extrema derecha nostálgica del autoritaritarismo.
El decreto de toque de queda para todo Chile el 22 de marzo (junto a la presencia de militares en las calles) tuvo este objetivo de seguridad coercitiva. Para entonces recién comenzaban las “cuarentenas dinámicas” en algunas comunas de Santiago. Más preocupado de los efectos negativos sobre la economía que de la expansión del virus en la población, las cuarentenas parciales fueron cautas y poco atrevidas en términos sanitarios. Se combinó así, primero, una preocupación por el comercio y la economía, luego un manejo de la población coercitivo y, por último, la prevención de salud. La inmunidad de rebaño y su “inevitable” contagio sucesivo fue la estrategia del gobierno junto a la restricción de las libertades civiles.
Por todo esto, el toque de queda decretado no tuvo ni tiene razones de prevención médicas, sólo adiestrar a los chilenos a la limitación de sus libertades básicas. ¿Para qué toque de queda en todo Chile si entonces habían sólo pocas comunas en cuarentena (muy pocos se lo preguntaron)? Esa asimetría no tenía ni tiene explicación alguna, menos aún la militarización de Chile. Si prevenir la expansión de la enfermedad hubiera sido el objetivo primordial, una cuarentena completa de la Región Metropolitana durante marzo (como hizo Argentina) hubiera sido la forma de contención del virus recomendada por los expertos. Muchos informes de científicos la recomendaban junto al testeo masivo y la trazabilidad del contagio.
La infame fotografía que el presidente Piñera se tomó en la Plaza de la Dignidad el viernes 3 de abril -que sorprendió a tantos- es otro ejemplo de lo mismo. La gente se enojó porque pensó que Piñera confundía asuntos epidemiológicos con políticos: “cómo no entiende que no está llena porque tienen miedo de contagiarse”, “cómo se aprovecha de que está vacía para sacarse la foto” o “cómo no respeta la cantidad de muertos de su gobierno” se pensaba. Falta de tino, carencia de empatía y atrevimiento fue lo que se leía en los comentarios de los ciudadanos molestos con Piñera. Yo creo que con su sonriente fotografía en la Plaza de la Dignidad –epicentro de clamores, protestas e insultos a él– Piñera demuestra cómo entiende que el Covid-19 fue un pretexto para intervenir políticamente con un sesgo autoritario, convirtiéndolo en un subterfugio para limitar libertades civiles y reprimir la manifestación política y gobernar de forma autocrática.
Los actos del Ministro de Salud y su dificultosa comunicación con la salud primaria, el Colegio Médico, los alcaldes comunales y la comunidad científica de Chile han demostrado esta misma línea de autoritarismo centralista, incapacidad de oír a comunidades o pensar las regiones y territorios con sus problemas específicos. El gobierno replica la retórica básica de guerra con que Piñera acostumbra a enfrentar los antagonismos. Esta retórica masculina, bélica y centralista les permite concentrar las decisiones y excluir, de esta manera, el reconocimiento y la legitimidad de los actores en el espacio público, como Izkia Siches presidenta del Colegio Médico. En vez de apelar a un cuidado colectivo al que todos deben contribuir voluntariamente el gobierno impone leyes, sanciones, multas, restricciones, controles. Una compulsión represiva se manifiesta cada vez que se enfrentan a un problema que excede su comprensión conceptual y política.
Son varios los artículos y editoriales de fuentes noticiosas y de investigación periodística, que han empezado a notar la deriva autoritaria del gobierno desde hace tiempo. Proyectos de ley que atacan las libertades civiles son múltiples con los que el débil gobierno de Piñera –que ha olvidado toda noción de libertad fuera de la ortodoxia neoliberal– intenta para consolidar Estado policial y autoritario con el que afirmar su caída político constante. Tanto las protestas del 2019 como la pandemia del 2020 requieren soluciones que consideren las distintas comunidades y organizaciones, territorios y disciplinas. No se puede permitir que se consolide un estado policial ya que mientras la población tiene el miedo al contagio y la pobreza, el gobierno de los empresarios sólo tienen miedo a resquebrajar la ortodoxia neoliberal de una vez y para siempre.
