Opinión
El ministro de Justicia, en días pasados, se refirió al atraso que, a su criterio, experimenta la tramitación de un proyecto de ley que reforma el Sistema Registral chileno. Lo que el señor ministro omitió es que es una ley que precariza laboralmente todo el sistema, afectando a más de 1.500 trabajadores. Que, además, ella se envió al Congreso totalmente desfinanciada, ocultando sus verdaderos costos sociales y económicos, entre ellos los de quienes trabajan hoy en los servicios registrales. Y finalmente omitió señalar que de manera inadvertida esa ley abrirá paso a la privatización de todo o parte sustantiva del manejo digital en el sector justicia. Ello, por la creación de nuevos repositorios de poderes y la creación de 3.000 fedatarios de Fe Pública que podrán ser empleados por empresas privadas como bancos, retail o toda actividad que requiera esta certificación de fe en sus operaciones.
Como efecto anticipado de lo que hace el Gobierno, ya se han producido despidos masivos en el sector. El Conservador de Bienes Raíces de San Miguel despidió a treinta y dos trabajadores hace menos de un mes. En el CBR de Santiago, se produjo una baja en las remuneraciones por causa de la pandemia, y la rebaja de aranceles de un 50%, decretada por el Ministerio de Justicia para escrituras de refinanciamiento de créditos hipotecarios, cancelaciones, alzamientos, certificados de gravámenes y prohibiciones, y otras, ha sido absorbida casi totalmente por los propios trabajadores. Es decir, bajo el criterio de más trabajo y menos ingresos.
Lo peor es que el proyecto no contiene ninguna referencia a los derechos laborales de quienes trabajan en el sector, ni cuál sería su destino o el régimen de transición laboral a que quedarían vinculados. Peor aún, el proyecto ni siquiera distingue las categorías laborales básicas que se encuentran en los servicios registrales.
Los Conservadores, Archiveros y Notarios del Sistema Registral, están regulados en el Código Orgánico de Tribunales, se denominan Escalafón Secundario del Poder Judicial y, por lo tanto, tienen el carácter de funcionarios públicos. Cómo y cuál será su calidad y remuneraciones, es un punto en lo público. El resto de los empleados del sistema son privados y se rigen por el Código del Trabajo, y muchos de ellos a través de Convenios Colectivos, como es el caso del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, CBRS.
A la categoría de funcionarios del Escalafón Secundario la ley le está agregando más de tres mil fedatarios, funcionarios menores que un notario, pero dependientes y controlados por la Fiscalía del Poder Judicial, que implicará que la fiscalización deberá aumentar y se requerirá por lo menos de 25 o más nuevos fiscales, fuera de los costos de concurso, instalación y fiscalización de los fedatarios, ítem que tampoco figura en la ley. Su financiamiento permanente será “privado”, es decir, no recibirán sueldo del Estado, pero podrán cobrar una tasa por sus servicios, siendo lo más probable que sean contratados o puestos en red por empresas financieras y otras que lo requieran.
Pero lo más grave que se está produciendo, es la operación en red, del sistema, tal como lo ha especificado el ministro. Ello requerirá de un integrador de sistemas digitales externo, es decir, una empresa que ponga todos los sistemas en línea, tal como en materia de registro de Bienes Raíces lo hace hoy día el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, junto con otros 18 oficios similares en todo el país. Eso es un aspecto crítico del proyecto jamás considerado en profundidad, pese a que ya se aprobó en primera instancia en la Cámara de Diputados
El Gobierno no procesa ni considera que, contando con lo que existe, resulta más económico, rápido, seguro y eficiente hacer un upgrade de todo el sistema registral a los estándares digitales que el Gobierno considere o requiera. Por ejemplo, siguiendo el modelo del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Pero hace todo lo contrario y actúa como si no hubiera nada funcionando o gente trabajando y, lo más importante, lo hace sin prever los tiempos de migración de datos hacia los sistemas teóricamente pensados como satisfactorios, ni estima las pérdidas de información que se producirán.
El servicio que mejor ha funcionado durante la pandemia, y desde antes con el estallido social de octubre, cumpliendo con todos los requerimientos en línea digital, ha sido el Conservador de Bienes Raíces de Santiago.
Ello no es una casualidad sino el resultado de un trabajo articulado entre el concesionario del servicio, que son los Conservadores y los trabajadores de todo el sistema, representados colectivamente en dos sindicatos. Los Conservadores, que son tres, se han fusionado en una sola ventanilla y los trabajadores han negociado con ellos un convenio colectivo, con escala de remuneraciones con cargo a la operación del sistema, que al fisco no le cuesta un peso. Por el contrario, le produce beneficios de recaudación tributaria de miles de millones de pesos anuales, por las transacciones y contratos que registra.
En el CBRS se produjo también el upgrade digital. Hoy están digitalizados todos los registros de propiedades, hipotecas, prohibiciones y comercio, en la práctica un verdadero folio real de ellas, con un servicio no presencial excepcional. Mucho de todo esto se ha hecho con el aporte financiero de los propios trabajadores, los que han dejado de ganar para construir institución. Ante ello el Estado ha sido indiferente, hasta el punto de no resolver siquiera de manera expresa y legal la validez de fe pública del repositorio digital.
La arquitectura institucional y laboral del Conservador de Bienes Raíces de Santiago bien merecería ser considerada como un modelo a replicar por parte del Gobierno. Ha sido copiado en el extranjero, es apreciado por sus stakeholders, incluso los públicos, trabaja en tiempo real con notable eficiencia, no exhibe pérdidas horarias por huelgas porque no son necesarias para producir acuerdos internos, y tiene un sistema de remuneraciones equilibrado y justo en su base laboral. Si hubiera voluntad gubernamental, podría perfectamente ser considerado como un ejemplo de asociación público-privada, bastante aceptable en materia laboral, en un modelo económico como el chileno, que generalmente golpea duro al mundo del trabajo y cree que el mercado lo es todo.
En la difícil etapa en materia laboral que vivimos, fieles a nuestra tradición de responsabilidades compartidas, hemos incluso resuelto acomodar los ingresos, suspendiendo y renunciando a beneficios de indemnización por retiro, que se financian enteramente y solamente con aportes de los trabajadores. Ello, por la merma de los ingresos laborales y, por ende, de los fondos disponibles. Por lo mismo, le pedimos al Gobierno ponderación y respeto por nuestros derechos laborales. Que no sea ciego a la realidad y utilice positivamente la imagen corporativa del CBRS como un espacio de convergencia, ponderación y trabajo y no como un inexistente lugar de privilegios.
