Opinión
El Ministerio de Salud, ha establecido la prohibición de salir de sus lugares de residencia a los mayores de 75 años. La razón que parece explicar esta arbitraria prohibición dice relación con la alta letalidad que tiene el coronavirus en los adultos mayores. En consecuencia, el mismo Ministerio que hace permanentes recomendaciones a los ciudadanos para evitar el contagio, a través de distintas medidas de protección que han demostrado ser eficaces, parece haber llegado a la conclusión , que en el caso de los adultos mayores, se trataría de un grupo que o es incapaz de asumir su auto cuidado o es en esencia rebelde a las recomendaciones, aunque ninguna de estas dos posibilidades pueda ser probada.
Ahora, mientras el resto de los ciudadanos podrá circular libremente, se anuncia que excepcionalmente y en horarios acotados de una hora los adultos mayores solos o acompañados podrán desplazarse hasta una distancia no mayor de 200 más de su residencia. Como nuestras cuadras miden alrededor de 120 mts en promedio, no será posible ni siquiera dar una vuelta a la manzana.
Todo lo descrito es expresión de un uso abusivo de la autoridad sobre un grupo etario de la población, que en primer lugar merece respeto, como tantas veces predica la misma autoridad cuando se refiere a los adultos mayores.Pero también es una medida que, además de agraviar a los afectados, carece de toda lógica, puesto que es evidente que los mayores son proporcionalmente los que fallecen tanto por causas naturales o por enfermedades de distinta índole. No es novedad entonces que con el Coronavirus haya una gran proporción de adultos mayores que mueren por haber contraído la enfermedad. Pensemos, por ejemplo, en otro tipo de enfermedades o accidentes, como las roturas de cadera, que casi exclusivamente afectan a los viejos. ¿Sería el riesgo a sufrir este accidente una razón suficiente para prohibirles salir?
Con la misma facilidad conque el Ministerio de Salud atenta contra los derechos ciudadanos de los adultos mayores podría hacerlo, y con razones parecidas, contra otro grupo etario como son los jóvenes.
En efecto, en el mundo mueren anualmente en accidentes de tránsito mas de 400 000 jóvenes menores de 25 años, la mayoría de los cuales fallecen por imprudencia en la conducción de vehículos motorizados. Para protegerlos a ellos, y en este caso también a terceros, el Ministerio debería propiciar que se les prohibiera el otorgamiento de licencias de conducir . Y esta incluso, aunque igual de arbitraria que la medida que afecta a los adultos mayores, tendría más justificación. En primer lugar porque se evitaría la muerte de muchos jóvenes a los que les queda una vida por delante a diferencia de los viejos. Y además porque estos accidentes suelen también involucrar a personas de otros grupos etarios, que son victimas de la imprudencia de los jóvenes.
Salta a la vista, con este ejemplo, que la discriminación por grupos erarios resulta arbitraria porque estigmatiza y no se hace cargo de que la responsabilidad recae en los ciudadanos y en su comportamiento responsable, independientemente de su edad.
Estamos pues frente a una limitación de los derechos ciudadanos que está siendo aplicada por medios administrativos, que carece de toda razón y respecto a la cual se justifica la desobediencia civil de los afectados.
