Opinión
Esta semana recibimos la ratificación, por parte del Ejecutivo, de que Chile no firmará el acuerdo de Escazú. Este es el primer tratado de origen latinoamericano que busca mejorar la participación pública, el acceso a la información y a la justica en materia ambiental.
¿Qué implica este tratado para los conflictos socioambientales en el país? Escazú es especialmente importante dado el clima de creciente conflictividad ambiental y territorial, en un contexto donde muchas de las disputas se caracterizan por tener escasa o nula participación ciudadana. Aún más, muchas veces se desatan, radicalizan o escalan por el no cumplimiento al requerimiento de consulta previa, establecida en el convenio 169 de la OIT; por su ejecución de manera poco transparente o a través de medios cuestionables, o por no abrirse a las demandas de diálogo con los diferentes actores territoriales. Estas peticiones exigen al gobierno y los privados la conformación de instancias para encontrar soluciones conjuntas o el cumplimiento de los convenios adquiridos.
Por ejemplo, en la provincia del Choapa, las comunidades de Caimanes y Salamanca han reclamado por diversos daños ambientales y arqueológicos, producidos por las faenas mineras de Los Pelambres. Los pobladores en primera instancia exigieron una mesa de diálogo para deliberar con el gobierno y los representantes de la mina y llegar a acuerdos, pero no fueron escuchados. Y el conflicto comenzó a escalar con manifestaciones, tomas, huelgas de hambre y su posterior judicialización.
De acuerdo a una compilación realizada por Rimisp, a partir de los diferentes mapas de conflictos disponibles en la web (INDH, EJAtlas, entre otros), con disputas reportadas hasta abril de 2020, se han identificado 164 conflictos socioterritoriales vinculados a proyectos de inversión en Chile. De estos, en alrededor de un 20% se ha implementado algún tipo de proceso participativo, como consulta previa, mesa de diálogo o mesa de trabajo. En contraste, en más de un 90% de estos proyectos la ciudadanía exigió participación, pero sus expectativas no fueron cumplidas.
Esto nos habla de un escenario donde la participación ciudadana es altamente valorada por las comunidades, y tanto el Estado como los privados no le están otorgando el mismo valor. Lo anterior significa, en la práctica, que no existen los mecanismos adecuados para asegurar esta participación, generando barreras para alcanzar mayores niveles de protección medio ambiental y, por supuesto, bienestar en los territorios.
Asegurar mecanismos de participación efectiva podría mejorar la calidad e implementación de los mismos proyectos de inversión, encaminándolos hacia la sustentabilidad no tan solo ecológica, sino que social y económica. Además, contribuiría a mejorar el entorno comunitario y social, ya que disminuirían la duración e intensidad de los conflictos. La posición del gobierno impone un modelo de desarrollo que provee una defensa irrestricta a los “stakeholders”, o grupos de interés involucrados en estos proyectos, y sus ganancias de corto plazo, sin pensar en el largo plazo del territorio ni de la propia economía chilena.
El gobierno argumenta que la legislación chilena en materia medioambiental es robusta y el acuerdo dificultaría su cumplimiento, condicionando las normas o generando incertidumbre jurídica que podría erosionar la soberanía nacional. Sin embargo, en Chile todavía hay mucho trabajo que hacer en esta área. Si bien es cierto que la legislación chilena contempla algunos resguardos en materia medioambiental y tribunales para resolver disputas, lamentablemente, existe poco cumplimiento de las leyes y muchas barreras de acceso al sistema judicial, tales como disponibilidad de asesoría legal en estos temas, quedando muchos procesos e impactos a la voluntad de los inversores. Además, el acuerdo de Escazú apunta a el establecimiento de estándares mínimos de implementación y no a la formulación de nuevas leyes.
Desde una perspectiva territorial es fundamental promover procesos de diálogo que aporten a una formulación transparente, pertinente y participativa de las estrategias de desarrollo. La firma de este acuerdo es una oportunidad de avanzar hacia implementar medidas para asegurar que el diálogo ocurra y se logren acuerdos beneficiosos para los territorios.
Además, existen las condiciones para que esto pudiese ocurrir ya que la mayoría de los conflictos ligados a proyectos de inversión ocurre en territorios rural-urbanos (58%), es decir, que tienen entre 15 mil y 300 mil habitantes. Estos territorios se caracterizan por tener capacidad de articulación y espacios de debate establecidos en donde se contraponen visiones de desarrollo. De hecho, gracias a este trabajo ha sido posible concientizar y visibilizar a nivel nacional casos en las provincias de Tocopilla (termoeléctricas) y Chiloé (con diversas amenazas medioambientales), donde los desafíos existentes son muchas veces ignorados por el sesgo urbano de las políticas públicas nacionales.
En definitiva, no firmar el acuerdo implica que el país no está dispuesto a cumplir con mejores estándares en transparencia para el acceso a la información, ni asegurar la participación pública en temas ambientales, contribuyendo a obstruir la obtención de justicia en dichas disputas. La falta de estos mecanismos incrementa las tensiones territoriales, las posibilidades de escalamiento y más rezago en los territorios ya afectados por la fragmentación y el deterioro su calidad de vida.
