Opinión
En estos días, todo el mundo parece estar de acuerdo en que el mundo del trabajo como lo conocíamos hace un par de décadas ha terminado. Más allá del consenso, este es un diagnóstico que causa sentimientos encontrados. En particular, cuando la transformación está acompañada de tecnología, flexibilidad y nuevas condiciones laborales. En particular, en un contexto como el actual, donde la pandemia ha puesto, nuevamente, a las plataformas de “delivery” en el ojo de la atención pública. Es innegable que, debido a su existencia, buena parte de las personas han podido realizar su cuarenta, pero esto ha implicado también un alto costo para las repartidoras y los repartidores, quienes se exponen a contagiarse de COVID-19 sin el adecuado acceso a un seguro de salud.
Lo cierto es que desde la instalación de Uber en Chile, el 2015, junto con la apertura de otras plataformas de este tipo –Cabify, Didi, PedidosYa–, que transportan desde pasajeros hasta condones, la economía ha experimentado un proceso de reestructuración. Una dimensión central es reconocer el surgimiento de un nuevo tipo de trabajador, los llamados gig workers.
Se trata de personas que ejercen un trabajo en un marco que excluye o, al menos, genera ambigüedad respecto a la responsabilidad del empleador. En otros términos, son empresas que –en su mayoría– casi no presentan barreras de ingreso a estos nuevos trabajadores , lo que les permite reunir a un grupo de “socios” que no requieren una preparación académica específica, sin documentación o personas que simplemente no han podido encontrar trabajo en el mercado laboral tradicional. Este conjunto de características hace que quienes se vinculan a estas plataformas estén en una situación de vulnerabilidad, que surge a partir de vacíos legales sobre su condición de trabajadores y la falta de claridad de sus derechos.
Para ponerlo en términos más amplios, este fenómeno ha desarrollado nuevos modelos de negocios. Por ejemplo, en áreas donde existía un número reducido y regulado de oferentes –taxis o empresas cuyos envíos estaban a cargo, en su mayoría, de trabajadores propios– se han visto fuertemente impactadas. El estudio más tradicional y neoclásico de la economía tiende a celebrar todo tipo de relación económica empleador-empleado que flexibilice los arreglos entre las partes y que aumente la competencia en los mercados, a la espera de la ansiada eficiencia económica. Sin embargo, es momento de preguntarse si no hay algún efecto indeseado que no sea capturado por esta premisa. Si ha cambiado la noción de empleador, trabajador y cliente, ¿estamos efectivamente en un escenario ideal que no requiere una regulación adicional?
A partir del trabajo original de Joan Robinson, el economista Alan Krueger, preocupado por la desigualdad en Estados Unidos, echó mano al concepto monopsonista, que describe a cualquier mercado en el cual el empleador tiene la prerrogativa de establecer los salarios. Precisamente, esto acontece cuando no existen otras ofertas de empleo para trabajadores con bajas calificaciones académicas, jóvenes inmigrantes sin calificación o que, por diversas razones, no han podido emplearse en sus profesiones.
En esta época de crisis económica, las empresas de aplicaciones tienden a presentar un poder monopsónico que les permite fijar unilateralmente los salarios y las condiciones de trabajo. Y sabemos que estas últimas destacan por su precariedad, la cual, como enfatiza la teórica política Isabell Lorey, la precarización conlleva no solo empleos de este tipo, sino que, por sobre todo, esta aborda la totalidad de la existencia de las personas.
Por lo tanto, estos tiempos exigen repensar las formas de pensamiento, y la economía no escapa a esta necesidad. Pues si estamos en presencia de la uberización de las estructuras de trabajo, debemos preguntarnos por los alcances y los efectos sociales de esta, que incluso han permeado los movimientos laborales. Desde una versión cooperativa de eBay en Alemania (Fairmondo) o la coordinación de una huelga general, durante el 2014, de los trabajadores de comida rápida de Nueva York a Mumbai, París y Tokio, estamos frente a nuevas formas de organización y solidaridad entre las trabajadoras y los trabajadores.
Así las cosas, la pregunta sobre el rol de las y los economistas tiene una respuesta afirmativa, pues aún tenemos mucho que decir. Quienes trabajamos en la academia y los involucrados en el diseño de políticas públicas estamos llamados a enfrentar el mundo considerando su actual complejidad, comprender los fenómenos sociales desde una mirada más amplia y, sobre todo, levantar la voz desde nuestra posición para denunciar los problemas de mercado que permiten las nuevas formas de abuso.
