Opinión
Es imposible obviar las correntosas aguas que caracterizan a la sociedad chilena actual, las múltiples y diferentes conflictividades que cruzan la esfera de lo público y de lo privado generan un paisaje incierto respecto al futuro. El proceso histórico que desembocó en el 18 de octubre fraguó incipientes formas de diferenciación social, que hoy en día se van plasmando en la emergencia o protoconformación de un nuevo pueblo, sobre el cual existen más dudas que garantías. Sin embargo, si algo se sabe sobre este nuevo pueblo es que su morfología lo ha llevado a ser inmensamente más contestatario, si es que se le compara con aquella sociedad chilena de principios de siglo. Este elemento no puede ser relegado a una posición sin importancia para el debate público, porque justamente al existir una reconfiguración en las formas de relación entre los actores también cambia el carácter de la discusión.
En este contexto, este texto problematiza la constante imposición de “lo posible” desde aquellos ideologizados economistas neoliberales que, mediante un falso velo de lo “técnico”, coartan la posibilidad de avanzar hacia una democratización institucional. Para esto, se trae a colación al Banco Central, como una de aquellas instituciones sobre las cuales parece imposible abrir la conversación y el debate.
Algunos de los problemas más relevantes para el contexto actual, son por un lado la pérdida de legitimidad del sistema político y, en segundo lugar, la crisis que esto ha generado en el Estado. El imperativo economicista neoliberal que cruzó desde Eyzaguirre hasta Piñera jugó un rol fantástico en lo que respecta a una total renuncia a la política como mecanismo deliberativo y legitimado por la sociedad. En esta línea, bastante sabemos de la política entendida como una “cocina”, el arte de las reuniones en cafeterías, almuerzos familiares o en el cómodo Jet de Ponce Lerou, donde se tomaban decisiones extrainstitucionales, pero ¿qué genera la transformación en el carácter de la política? Un problema de democratización general del Estado, que aparece como un espacio cooptado por intereses individuales por sobre los colectivo-nacionales.
En adelante, el 18 de octubre tensiona inmediatamente aquel carácter, y en parte la discusión constitucional abre la posibilidad a orientar al Estado hacia un proceso de democratización. El problema es que incluso cuando el sistema político –presionado por la sociedad– se abre al diálogo de transformaciones estructurales, tampoco deja sobre la palestra a la totalidad de las instituciones.
Por el contrario, aquellas de mayor relevancia en cuanto al sistema económico, como el Banco Central, siguen quedando en el inframundo, protegidos incluso de la sola posibilidad de conversación. Cada vez que estas instituciones son tan solo mencionadas con un afán deliberativo, inmediatamente retornan los economistas (supuestamente técnicos) a definir los límites de lo posible. Mi pregunta es: ¿cuánta evidencia necesitan estos economistas para entender que lo económico está anclado en lo social? Y que la línea de lo posible la debe delimitar la sociedad y no su irrestricta ideología neoliberal.
Así, cada vez que un locutor se permite cuestionar el tipo de “autonomía” del Banco central en Chile –que por cierto nace de la dictadura y del modelo económico actual–, debe enfrentarse a una campaña del terror, en la cual el interpelante poco más está a favor de la inflación. Evidentemente, aquello es una falacia y el uso del clásico recurso antidemocrático de la caricatura. Lo que subyace a esta artificiosa estrategia es una nula disposición a democratizar los espacios institucionales, porque nadie está diciendo qué tipo específico de cambio se espera, tan solo se menciona que aquello debe ser sometido a deliberación y no a un imperativo absoluto.
El Banco Central como ente emisor de moneda y regulador de la inflación, ha sido pensado en nuestro país como un ente autónomo, esto por el temor al populismo de la impresión voluntaria de billetes, pero ¿qué significa la actual autonomía? y ¿qué tipo de autonomía se ha construido?
Al respecto, a lo menos es necesario hacer dos precisiones: 1) no existe una manera universal absoluta de medir la inflación y 2) tampoco hay una única forma de controlar aquella inflación, por lo que el “modo de autonomía” de un Banco Central evidentemente puede estar sujeto a discusión.
Enfocándonos en el primer punto, si la inflación se mide mediante el IPC como en Chile (índice de precios al consumo), es sumamente sensible al modo en que se calcule el costo de la canasta y ¿en Chile todos tenemos la misma canasta? Solo para traer a colación un ejemplo, en la dictadura chilena existía una canasta para ricos que consideraba el costo de los palos de golf, versus una canasta de pobres. Lo que me gustaría relevar en este punto, es que el tipo de producto a considerar en una canasta y el valor de aquellos productos, en un país tan desigual como Chile, es bastante heterogéneo. Por lo que medir la inflación mediante la homogeneización de criterios acomodados es socialmente bastante torpe.
Si referimos al segundo elemento, tampoco la forma en que se controla la inflación depende del aire o de un ser omnipotente que lo decida. La construcción de la “autonomía” chilena del Banco Central descansa sobre la idea de que el ente regulador maneje la banda de flotación del dólar en función de la protección de ciertos intereses y grupos en desmedro de otros. Entonces, lo que se genera es una construcción política de desigualdades ante procesos inflacionarios, oculta sobre el supuesto velo técnico economista que en la realidad es más bien ideológico.
Lo que hemos querido visibilizar en esta sintética columna, es que el modo en que actúa “la autonomía” chilena del Banco Central responde a definiciones transformables en la medida que existen también otras alternativas de funcionamiento. Y que, hasta ahora, el tecnocratismo economicista neoliberal ha vetado constantemente el debate.
El problema es que la sociedad chilena en la que actualmente vivimos puja, entre otras cosas, por mayores niveles de democratización institucional y aquello significa justamente abrir espacios de deliberación. En esta línea, me gustaría preguntarle a ese mismo grupo de economistas que defiende este tipo de autonomía del Banco Central: con el listado infinito de equivocaciones, ¿por qué ahora deberíamos confiar férreamente en su opinión experta?, ¿alguien ve el país arder luego del retiro del 10%?
Los economistas neoliberales se han acostumbrado a solapar sus posiciones ideológicas tras un discurso “técnico” que en la sociedad chilena está quedando sin cabida. Las posiciones que vetan al ámbito de “lo político” como espacio de deliberación y de construcción del “límite de lo posible”, en realidad le temen a la democracia.
