Opinión
La escena resultará familiar a cualquiera: bicicletear y recortar gastos para llegar a fin de mes. Les pasó a los informales, que sin contrato no tuvieron acceso a la ley de protección al empleo; les pasó a los “no esenciales”, que sin esa declaración no pueden seguir con su emprendimiento; les pasó a las mujeres, casi medio millón afectadas por pérdidas de empleos. Y la escena resulta familiar porque, literalmente, todas las familias la vivimos de una u otra manera en las crisis económicas. El 2008, Cecilia Morel comentó que en su casa se dejó de comprar Coca-Cola para ahorrar en gastos. Hoy sin embargo, su familia, la del Presidente de Chile, amasa una fortuna que es un 300 millones de dólares más grande que el 2020. Mientras tanto, 2,3 millones de personas en Chile pasaron de la clase media a la vulnerabilidad económica. Todas y todos tenemos incertidumbres: para algunos es una comedia; para la mayoría, una tragedia.
Es esa gran mayoría la que ha sido acompañada por sentimientos de angustia, rabia e injusticia por décadas. Sentimientos que los levantaron el 18 de octubre 2019, los acompañaron a votar el 25 de octubre de 2020 y que siguen ahí, profundizados por el descalabro sanitario. Aún a la espera de una respuesta que vaya un poco más allá de la lógica agotada del manual neoliberal de hiperfocalización del gasto basado en diagnósticos de pobreza y vulnerabilidad que solo han probado su ineficacia. La idea de que bajo ciertos criterios se puede identificar a quienes necesitan, y por tanto merecen, servicios del Estado ha probado ser manifiestamente inútil en un contexto en el que, en alguna medida, todas las familias de Chile viven en la incertidumbre. Esto, por supuesto, no quiere decir que todas las familias “necesitan” ayuda del Estado. La pregunta es distinta: ¿tiene sentido “focalizar” cuando el foco es prácticamente toda la población? Esta pregunta está apuntalada por otra: ¿qué preferimos al asignar servicios del Estado: equivocarnos con el que la necesita, o con el que no la necesita?¿Qué es peor para Chile: que el informal tenga que salir a trabajar incumpliendo las medidas sanitarias o que la familia Piñera-Morel pueda comprar Coca-Cola?
Es casi una obviedad decir que estamos atravesando por un trauma colectivo. Es una obviedad aún mayor decir que no somos la primera sociedad en pasarlo. Lo que no es obvio, es que las comunidades políticas hacen intentos por aprender de lo que causó el trauma como una forma de evitar que esto ocurra nuevamente, como una manera de superarlo. Este tipo de acuerdos son de una importancia fundamental para las comunidades que los toman, y por ello, suele ocurrir que sean redactados e incluidos en sus Constituciones: este es el caso, por ejemplo de Alemania y su protección constitucional de la dignidad humana como una manera de responder al nazismo. También puede ser que, a pesar de ser fundamental, no aparezca escrito: es el caso del Servicio de Salud Nacional británico, implementado luego de la segunda guerra mundial como una manera de entregarle a todos y todas una salud de calidad. En definitiva, las constituciones, escritas o no, hablan de sus pueblos, de lo que han vivido y cómo han decidido sobreponerse. Hacia dónde van, pero también de dónde vienen.
¿Qué dirá la Nueva Constitución sobre dónde venimos? La pandemia ha destacado el hecho de que, por décadas, la gran mayoría vive con la plata para el día y con la fecha de pago de la siguiente cuota del crédito siempre al acecho. Las respuestas, sin embargo, siempre son individuales: repactación de créditos, postergación de cuotas, retiros de ahorros previsionales o ayuda estatal focalizada. Todas soluciones individuales a un problema de todos y todas; un problema estructural, el resultado esperable de un modelo de integración social basado en el consumo, empleocéntrico, y que ha postergado la seguridad económica como principio básico para la sana convivencia democrática.
Pero aún más importante: ¿Qué dirá sobre dónde vamos? Tenemos la oportunidad histórica de imaginar una salida novedosa al trauma colectivo producido por una inestabilidad económica constante. Imaginemos un mundo al que transitar en el que todas las personas cuenten con un monto de dinero, modesto pero suficiente, al que no tengan que postular acumulando puntos de vulnerabilidad. Imaginemos cómo se beneficiarían los sectores urbanos sobreendeudados o los sectores rurales capturados por industrias extractivas destructivas y ecocidas. Imaginemos el poder que le daríamos a las y los trabajadores, que podrían decir no a condiciones de trabajo abusivas. Imaginemos una pandemia en la que las personas puedan quedarse en su casa, con la tranquilidad de que tendrán, día a día, lo necesario para vivir.
Esa idea tiene nombre: Renta Básica Universal. Es posible que estemos lejos de ella todavía, pero la lejanía no significa imposibilidad. Requiere, eso sí, que hablemos del valor del tiempo y el ocio; de la tranquilidad y estabilidad financiera; de cómo reducir la brecha económica entre los súper ricos y el resto del país. Requiere hablar sobre la naturaleza y sentido del trabajo, y, por supuesto, de la justificación y el sentido de la riqueza, y la súper riqueza. Requiere, más que nada, que algo hayamos aprendido de todo lo que ha ocurrido hasta aquí, y que estemos dispuestos a superarlo entre todos y todas.
