Que se escuche el mapuzugun junto a todas las lenguas del país en la discusión constituyente

Además del castellano –la lengua hegemónica–, en Chile existen y viven otras lenguas que han sido largamente silenciadas y sus hablantes acallados. El Estado instalo una política monolingüe y monocultural imponiendo el castellano como lengua única; con ello, no solo se castellanizó a los pueblos originarios, también se negó la existencia de las primeras naciones, de su filosofía, de sus conocimientos y sus derechos colectivos. Como consecuencia de esta historia las lenguas hoy están debilitadas, marginadas, discriminadas y amenazadas con desaparecer. Es el caso del mapuzugun, o lengua mapuche que es hablada aproximadamente por el 10% de su población de un total de 1.745.147 personas, según el Censo de 2017. Otros pueblos, como el diaguita, el likan antay y el chango, han corrido una peor suerte, perdiendo sus lenguas. Tal es la situación de las lenguas que aún viven; si no se actúa rápido y se garantiza el derecho de los hablantes a su uso, el castellano terminará desplazando a todas las otras lenguas –fenómeno conocido como glotofagia– y los pueblos originarios serán víctimas de un lingüicidio anunciado que atenta contra la propia condición humana.

Afortunadamente, no todo está perdido. Así como hay resistencia territorial, también hay importantes focos de resistencia lingüística y cultural, de manera que las demandas por los derechos lingüísticos forman parte de la agenda política de las comunidades de las naciones originarias que anhelan que estos derechos se instalen en la nueva constitución de un Chile plurilingüe y plurinacional. El Chile plurilingüe del que hablamos en este texto requiere reconocer, en el orden constitucional, la existencia en el territorio nacional de los distintos idiomas, su coexistencia con otras lenguas y la posibilidad de que estos puedan desarrollarse en igualdad de condiciones en los territorios donde se hablen. Esto implica reconocer los derechos lingüísticos de los hablantes, de sus comunidades lingüísticas y de sus pueblos.

El reconocimiento de los derechos lingüísticos también requiere desarrollar las lenguas como parte de las obligaciones de una política plurilingüe y respetar el derecho de los hablantes y de sus pueblos de planificar la normalización del uso de sus lenguas en la sociedad. Los derechos lingüísticos así planteados son derechos de las personas que pertenecen a los pueblos donde se hablan dichas lenguas, es decir, articulan la relación lengua, hablantes y comunidades, puesto que las lenguas no viven sin los hablantes que las usan; en otras palabras, no es posible reconocer o proteger una lengua sin reconocer ni proteger a sus hablantes; como muy mal se pretende hacer con la nueva Ley del Patrimonio, que propone reconocer las lenguas indígenas sin siquiera mencionar las comunidades de hablantes y a los pueblos a los que les pertenecen tales lenguas (Artículo 32).

El plurilingüismo también implica el conocimiento de las lenguas originarias más allá de la condición étnica de los hablantes. Como sabemos, existen sociedades indígenas bilingües, en las que se una habla lengua propia más el castellano; otras trilingües, en las que se hablan dos lenguas originarias más el castellano (como es el caso de los hablantes de aymara, quechua y castellano en Perú y Bolivia); o una lengua originaria más dos foráneas (como es el caso de algunos migrantes indígenas mexicanos o centroamericanos que llegan a los Estados Unidos, donde se ven obligados a adquirir el inglés). Hablantes plurilingües también hay en la Unión Europea. En sus inicios, se potenció por la migración por motivos económicos y hoy se fortalece mediante una política lingüística plurilingüe que promueve el aprendizaje de un mínimo de cuatro lenguas europeas en el sistema escolar.

El reconocimiento de los derechos lingüísticos de los pueblos originarios en Chile también podría propiciar la conformación de un plurilingüismo más allá de los indígenas, como ocurre en Nueza Zelanda, cuya población ha aumentado el número de hablantes de maorí a partir de la toma de conciencia de la población del valor del idioma originario mediante políticas lingüísticas de enseñanza y de uso del maorí en los medios de comunicación. El gobierno neozelandés se ha fijado como objetivo tener un millón de personas que hablen maorí fluidamente en 2040. Hoy la población maorí conforma el 15% de los 4,5 millones de habitantes del país, de modo tal que, para alcanzar este objetivo, neozelandeses no maorís deberán adoptar el idioma (france24.com/es/20180925-el-idioma-maori-se-salvo-de-la-extincion-en-nueva-zelanda).

En la historia de Chile también ha existido el bilingüismo, ya sea por necesidad e intercambio entre los pueblos, como sucedió con personas no mapuche que llegaron a las comunidades a partir de matrimonios mixtos y que aprendieron el mapuzugun para poder desenvolverse en la comunidad, o con muchos comerciantes que se afincaron en el Wallmapu y que tuvieron que aprender esta lengua para comerciar con las comunidades; o bien por motivos políticos y religiosos, como lo fue el bilingüismo impulsado por la corona española –durante La colonia– y por el Estado de Chile –a partir del siglo XIX–, en conjunto con los misioneros católicos, primero, y protestantes, después. Para ellos, el aprendizaje del mapuzugun era necesario para poder evangelizar a los mapuches y para poder escolarizarlos en español. Lo negativo de este proceso fue el abandono de la lengua mapuche y la violencia con la que se instaló el castellano, valorando el monolingüismo español

Como se puede ver, el plurilingüismo en una sociedad puede ser el resultado de una política lingüística o puede originarse por una necesidad imperiosa de sobrevivencia. Por esta necesidad imperiosa fue que los mapuche aprendieron el español; el racismo existente condujo al aprendizaje del castellano para ser aceptado en la sociedad, incluso algunos renunciaron a su idioma y así evitar el sufrimiento suyo y el de su familia que no les enseñaron el idioma mapuche (cabe recordar que la imposición del castellano vino con  castigos físicos y psicológicos).

Hoy emerge la necesidad imperiosa de hacer justicia lingüística; las naciones originarias anhelan recuperar sus lenguas y que estás acompañen el futuro de sus pueblos porque la lengua además es un sello de identidad, de orgullo y dignidad. Sin embargo, dado a la hegemonía del castellano en la sociedad esto parece inalcanzable pero no lo es cuando se implementan una política lingüística justas y adecuadas que reorganicen las funciones de las lenguas que conviven en la sociedad, tal como lo hacen algunos países como Nueva Zelanda, España, Paraguay, Bolivia y Perú. Estos países demuestran que es posible que las lenguas minorizadas recuperen su fuerza y sus funciones, siempre y cuando sean incorporadas en el sistema educativo y sean usadas en los servicios públicos administrativos y en los medios de comunicación.

Necesitamos, pues, que las lenguas de los pueblos originarios sean reconocidas constitucionalmente y que, con ello, se promulgue una Ley de normalización lingüística para las lenguas originarias que haga “normal” su uso en todos los ámbitos, sobre todo en los públicos. Tal ley debiera fomentar el uso de estas lenguas por parte de todos los ciudadanos, hacer efectivo su uso oficial, normalizar su uso en todos los medios de comunicación social y asegurar la extensión del conocimiento de estas lenguas. De esta forma, la Ley de normalización debiese garantizar y fomentar el uso de las lenguas originarias en todas las actividades públicas y privadas y asegurar el derecho a ser atendidos en estas lenguas en todos los Servicios Públicos. En lo que se refiere a la educación, esta ley debiera garantizar a toda la población el pleno conocimiento de al menos una de las lenguas originarias y, junto con esto, garantizar que el alumnado no sea discriminado ni separado en grupos diferentes debido a la lengua. En el ámbito de los medios de comunicación, debiese regular el uso de las lenguas originarias en las emisoras de radiodifusión y de televisión, a fin de garantizar la presencia de estas lenguas en estos espacios, y establecer medidas de fomento de la prensa escrita.

Además, para abrirle paso a este reconocimiento constitucional y a esta ley, creemos que es imprescindible que los derechos lingüísticos de los convencionales constituyentes de los pueblos originarios sean respetados, puesto que ellos serán los portadores de la sabiduría y de la memoria de sus pueblos, transmitidos de generación en generación en sus respectivas lenguas originarias. Por tanto, esperamos que las lenguas originarias sean habladas y escuchadas en la Convención Constitucional; ya lo hizo el Diputado Rosendo Huenuman, al jurar como Diputado de la República en 1973,  ahora  corresponde usar las lengua indígenas en la discusión constituyente; además, porque éstas conceptualizan ideas de justicia, derechos, normas, valores diferentes a la cultura occidental, sus usos enriquecerán y darán mayor pertinencia a la discusión y a los contenidos de la futura constitución.

Todas las lenguas originarias deben ser usadas, escuchadas, practicadas y, con ello, superar el valor exclusivamente simbólico al que se las suele reducir, mostrándose vivas, como los instrumentos de expresión y de comunicación que han sido, que son y que deben seguir siendo. La presencia de las naciones originarias en la convención constituyente tiene que abrir las puertas de la estructura política chilena monocultural, al pensamiento y derechos de los pueblos en sus lenguas y filosofía y esto hará la diferencia entre, un estado unitario y un estado plurinacional e intercultural transformador, que derribe el racismo y la exclusión que han vivido las naciones originarias a lo largo de la historia.