Opinión
Desde que se nacionalizó el Cobre el año 1971, quedó establecido hasta el día de hoy en la Constitución Política de la República, en el Inciso Sexto del Artículo 19, N° 24, lo siguiente: “El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas la minas para la exploración, la explotación y el beneficio de las mismas”. A más de 40 años de ese hito histórico, incluso ratificado por la Constitución de 1980, progresivamente se ha vulnerado la letra y el espíritu de aquellos que en la década del 70 entendieron el rol fundamental que jugaría el cobre en el futuro de Chile.
Durante esta pandemia sanitaria-social, quedó meridianamente claro que el cobre es la “viga maestra” de nuestra economía. Aun a costa de vidas y miles de contagios, los mineros de Chile mantuvimos la producción a tope y los números azules en Codelco, para que con los réditos aportados en este incipiente nuevo superciclo del precio del cobre, el Estado pudiera mantener cubiertas las necesidades sanitarias más urgentes. Es así como Codelco, este primer trimestre, entregó aportes récord por US$ 1.627 millones a la hacienda pública. Quiero detenerme en esta cifra, para observar en detalle lo que estamos hablando en términos macroeconómicos.
Codelco, con solo el 30 % de la producción minera total de Chile, aporta 3 veces más al presupuesto nacional que las mineras privadas y las transnacionales, que explotan yacimientos nuevos, con alta ley a un muy bajo costo operativo, llevándose al extranjero enormes volúmenes de recursos económicos, que deberían quedarse acá en el país para el beneficio de los hijos de esta patria, que son los dueños de esta riqueza. 114 mil millones de dólares sacaron del país las grandes transnacionales mineras en el anterior superciclo del precio del cobre a inicios de la década pasada, lo que equivale a la totalidad de aportes entregados por Codelco en 50 años.
Como Federación de Trabajadores del Cobre, proponemos hacer respetar la propiedad de los yacimientos que son, por ley del Estado, de Chile. Junto a lo anterior, creemos firmemente que los operadores privados y las transnacionales deben pagar los impuestos que les corresponde y que terminen de una vez por todas con la evasión y la elusión. Para esto, proponemos un gravamen del 75 % de las utilidades después de impuestos durante los superciclos del precio del cobre. Con este aumento considerable de los dineros para la economía, proponemos hacer un aporte real a las regiones donde están las faenas mineras, generar mayores aportes a las políticas sociales ampliamente demandadas por los chilenos desde el 18 O, y reinvertir en Codelco para disminuir el sobreendeudamiento y asegurarnos la explotación competitiva de una minería más sustentable.
Por último, proponemos una política de industrialización integral, la que no solo se haga cargo de superar el extractivismo que nos ha caracterizado como país en los últimos 40 años, desde la implementación del nefasto modelo neoliberal, sino que generemos conocimiento en las universidades públicas chilenas, generemos encadenamientos productivos y, por sobre todo, tengamos un crecimiento armónico con el medioambiente, la sociedad y las generaciones futuras de este Chile, que nos permita superar los indignantes niveles de desigualdad que aún tenemos. El desafío está planteado.
