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Educar ciudadanía en Chile, una serie de pasos en falso Opinión

Educar ciudadanía en Chile, una serie de pasos en falso

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Carolina Carreño
Por : Carolina Carreño Miembro del Equipo Jurídico Observatorio de Derechos Humanos
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Ser ciudadano representa mucho más que simplemente formar parte de una sociedad y exigir. La educación cívica es necesaria para desenvolverse en escenarios sociales y desarrollar habilidades y destrezas, individuales y colectivas. Pero, en especial, es relevante para educar seres en comunidad con sus múltiples diferencias, edades y orígenes.

Ahora bien, formación ciudadana y educación cívica son primas hermanas. La Educación Cívica se conceptualiza como la adquisición de conocimientos para la comprensión del funcionamiento del Estado y el Sistema Político. Mientras que la Formación Ciudadana se define como la adquisición de competencias para el ejercicio de la ciudadanía. Por ende, es un saber (conocimientos) versus saber hacer (competencias).

Los orígenes de la educación cívica se remontan a la antigua Grecia. Isócrates consideró que, para restaurar la grandeza ateniense, se debía recurrir a la cultura y por ende a la educación. Promovió el intercambio de ideas mediante la discusión, ya que descubrió que era un método efectivo para educar al pueblo y a las élites. Más adelante, en la época moderna, John Milton, en su famoso escrito Areopagítica (1644), reivindicó la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Para Milton, la libertad de palabra no podía ser objeto de censura; era un agravio no solo contra los hombres, sino especialmente contra el Padre Eterno.

El siglo XX fue para Chile el período en el que se incorporó la educación cívica como asignatura, con el objetivo de reforzar los valores patrios y nacionales, poniendo especial énfasis en los símbolos y la historia del país. A mediados de siglo, se decide su incorporación a la asignatura de Ciencias Sociales, en el marco de la Reforma de la Enseñanza Media, dejando de ser un ramo independiente. Lo anterior será reformado nuevamente en la década de los ochenta y el ramo adquiere mayor relevancia, siendo reincorporado en la malla de Enseñanza Media.

Con todo, a finales de siglo, una nueva reforma curricular volvería a hacer desaparecer la “educación cívica” como asignatura independiente, incorporando el concepto de “formación ciudadana” a lo largo de todo el currículum escolar. El objetivo de este nuevo concepto era ampliar el concepto de “educación cívica”, pretendiendo no sólo dar conocimientos, sino también habilidades de manejo de la información, de pensamiento y actitudes concordantes con un régimen democrático, tales como pluralismo, respeto por el otro y valoración de los derechos humanos.

Pero los efectos no fueron los esperados: durante los años 1999 y 2000, Chile participó en un Estudio Internacional de Educación Cívica conducido por la IEA (Asociación Internacional para la Evaluación de Logros Educacionales). Los puntajes obtenidos por los estudiantes chilenos, tanto en las escalas de contenidos y habilidades como en la escala cognitiva total, los situaron bajo el promedio internacional, sin diferencias significativas con Rumania, Letonia y Colombia. En respuesta, el Ministerio de Educación creó una Comisión Nacional de Formación Ciudadana, la que constató que existían problemas de apropiación de la asignatura “formación ciudadana” por parte de un número significativo de profesores, al no estar considerada en ningún ramo específico.

Con esos antecedentes, la Comisión propuso que se incorporara en 4º Año Medio, como parte de la asignatura de Historia y Ciencias Sociales, aprendizajes sobre formación ciudadana, centrada en conocimiento del régimen político democrático, sus instituciones, procedimientos y principios. Con todo, el año 2012 el Ministerio de Educación determinó que los estándares orientadores para la formación de profesores de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, debían considerar el “desarrollo de estrategias didácticas que promuevan los aprendizajes, valores y conductas ciudadanas, conducentes a hacer de sus estudiantes sujetos activos y responsables ante el desafío de la convivencia democrática y el desarrollo sustentable”.

Lo anterior, se vio reforzado con la creación del Plan de Formación Ciudadana para los Establecimientos Educacionales reconocidos por el Estado (Ley N° 29.911). La normativa estableció que era deber del Ministerio de Educación impulsar la creación de la asignatura “formación ciudadana” en los niveles 3° y 4° de Educación Media, junto con imponer a todos los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado el deber de contar con su propio Plan de Formación Ciudadana.

Si bien vivimos una época de una bullante participación democrática motivada por el proceso constituyente –que arrojó un histórico porcentaje de votaciones–, ello se ve empañado por los alarmantes números de víctimas afectadas por violencia física y sexual por parte de la fuerza pública. Lo anterior ha llevado a repensar la relevancia de la “educación cívica” y la “formación ciudadana”, para dar paso a un concepto más integral, conocido como “Educación en Derechos Humanos” (EDH). Dicha noción se refiere a un proceso educacional que cualquier persona puede emprender, a cualquier edad y en cualquier lugar, de aprender sobre sus derechos humanos y los de otras personas y la manera de reclamarlos.

Su finalidad ulterior es que las personas desarrollen las habilidades y actitudes necesarias para promover la igualdad, la dignidad y el respeto en sus comunidades y sociedades, en todo el mundo, y en especial la restitución de los derechos de las víctimas. Para Amnistía Internacional, la educación en derechos humanos “es fundamental para abordar las causas subyacentes de las violaciones de estos derechos, creando un entorno propicio al pensamiento crítico, dando espacio a las personas para que reflexionen sobre sus propios valores y actitudes y, en definitiva, modifiquen su propia conducta”. Busca, esencialmente, prevenir los abusos contra los derechos humanos, combatir la discriminación, promover la igualdad y fomentar la participación de las personas en los procesos de toma de decisiones por medio de aprendizajes inclusivos, participativos y democráticos.

La EDH se convierte en un proceso de empoderamiento, ya que las metodologías participativas tratan de implicar, motivar y aprovechar la capacidad del destinatario para emprender acciones individuales y colectivas, y convertirse en agente de cambio. Lo anterior es relevante en la actual situación política nacional, del estallido social y la desproporcionada respuesta de las autoridades que ha dejado a miles de mujeres, hombres y menores de edad víctimas de una represión sin precedentes.

Hoy en día, lo que conocemos como educación cívica o formación ciudadana ya no son suficientes como respuestas efectivas a una real instrucción de los derechos, ya que es necesario verlo desde un concepto más integrador y aplicable a la vida de todas las personas, con especial énfasis en quienes han visto afectados sus derechos humanos, es decir, una educación íntegra en derechos humanos.

 

  • Carolina Carreño es miembro del Equipo Jurídico del Observatorio de Derechos Humanos

 

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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