¿Defender la familia?

En los debates entre quienes aspiran a formar parte de la próxima Convención Constitucional la pregunta por el lugar de la familia ha sido mencionada con bastante frecuencia. A primera vista, las respuestas parecen resultar algo evidentes, permitiendo ubicar de modo casi automático a los actores en el espacio político e ideológico.

En efecto, durante las últimas décadas han sido sobre todo posiciones conservadoras quienes han monopolizado el discurso sobre la familia. Algunos análisis han sugerido, de hecho, que aquí se encuentra uno de los terrenos privilegiados donde se fraguó aquella articulación entre conservadurismo y neoliberalismo a la cual hemos asistido durante las últimas décadas: mientras unos vieron en la “defensa de la familia” el sustento de formas tradicionales de moral y autoridad, otros invocaron su fortalecimiento como fuente de solidaridad y apoyo mutuo con vistas a desmontar responsabilidades sociales a cargo del Estado.

Por el contrario, en el discurso de las izquierdas hoy las referencias a la “familia” parecen más bien ausentes, o incluso, despertar en ocasiones algún grado de incomodidad.  El lugar de la familia parece caracterizar aquí más bien un espacio algo vacío en medio de las alusiones más habituales a los “individuos” y sus derechos, las solidaridades comunitarias (“comunidades”) o principios de igualdad política (“ciudadanía”).

Parece necesario, entonces, preguntarse: ¿es la preocupación por la familia necesariamente ajena a un horizonte de democratización de la sociedad como aquel que debiese animar a las izquierdas en el proceso constituyente? ¿O, dicho más en general, es posible una lectura de la idea de “defender la familia” que sea relevante en el marco de un proceso de profundización democrática? Hay aquí –a lo menos– dos ámbitos de preocupaciones cuya importancia parece hoy ser decisiva.

En primer lugar, hablar de la importancia de la familia exige hoy reconocer la pluralidad de formas en que manifiestan lazos de amor o cuidado mutuo, así como los distintos modos que asume el ejercicio de la parentalidad. Si una sociedad democrática se define por un respeto básico a los valores de la igualdad y la libertad, resulta evidente entonces la importancia de reconocer sin discriminaciones arbitrarias distintas formas de “hacer familia”.

En segundo lugar, quienes hoy se declaran defensores de la familia tienden a basar su posición en la idea de “núcleo fundamental de la sociedad” contenida en el artículo 1° de la Constitución. De manera muy relevante, desde este marco el lugar de la familia es considerado sobre todo a la luz (a modo de un complemento necesario) del carácter subsidiario del Estado. La familia es tratada así como una suerte de espacio pre-social, ajeno a la institucionalidad y las políticas públicas, salvo en casos de extrema necesidad. Sin ir más lejos, este modo de comprensión fue nuevamente invocado con fuerza al crear el “Ministerio de Desarrollo Social y Familia” (uno de los proyectos centrales, se decía entonces, del actual gobierno): “la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y en este sentido, es deber del Estado darle protección y propender a su fortalecimiento. Por ello, el Estado debe cumplir un rol subsidiario de apoyo a los integrantes de la familia, entendiendo que dicho apoyo opera toda vez que ella no puede brindar a sus integrantes la seguridad y contención que éstos requieren” (Mensaje Presidencial N° 078-366, julio de 2018).

La crisis actual ha puesto de manifiesto los límites y problemas que supone esta comprensión “desocializada” de la vida familiar. Ante la ausencia de soportes sociales efectivos, han sido nuevamente las redes familiares quienes han debido resolver la satisfacción de las necesidades más básicas. A su vez, el cuidado cotidiano de niños y niñas —trasladado ahora por completo a los hogares — ha sido en general un tema ausente en la toma de decisiones políticas. Todo aquello que involucra a la vida doméstica-familiar es visto así, preferentemente, como una preocupación y tarea exclusiva de los hogares. Incluso aquellos discursos institucionales que (en el contexto de teletrabajo) promueven formas de conciliación entre “familia” y “trabajo”, parecen sugerir más bien tareas o responsabilidades dirigidas a quienes ya trabajan y cuidan (“establezca una rutina”, “deje momentos para distraerse”, etc.). Las responsabilidades que atañen tanto a empleadores como al Estado en hacer socialmente sostenible la vida familiar frente a los imperativos del trabajo, han estado así en gran medida invisibilizadas en la agenda pública.

Un aspecto crucial parece ser entonces avanzar hacia una comprensión más robusta de las familias y de la vida doméstica en tanto instituciones sociales. En rigor, tanto las estructuras familiares básicas (¿quién cuenta como una “familia”?) como la vida doméstica misma, son formadas y reproducidas cotidianamente de manera importante a través de la influencia de leyes y políticas. Una comprensión meramente subsidiaria del rol del Estado muestra aquí, como en otros ámbitos, sus límites insalvables y también el modo en que contribuye, a fin de cuentas, a reproducir e invisibilizar las desigualdades sociales ya existentes.

En este sentido, junto con reconocer una pluralidad de modos de “hacer familia”, pensar hoy el lugar de la familia en una sociedad democrática exige también preguntarse por las condiciones económicas y sociales que hacen posible y sostenible la vida familiar. Esto es, por ejemplo, ¿qué modos de organización de la economía (tiempos de trabajo, desplazamientos y descansos, reconocimiento de los cuidados), garantías de derechos en seguridad social, educación o salud, o incluso la configuración misma de los espacios públicos, hacen posible hoy democratizar las condiciones de disfrute de la vida familiar? ¿Cómo estas dimensiones institucionales y relacionadas a fin de cuentas con la distribución del poder en la sociedad (aquello que discutirá precisamente el proceso constituyente) inciden, por último, en los recursos y tiempos con que cuentan las familias no solo para satisfacer sus necesidades vistas como más básicas, sino también (por citar solo un ejemplo cotidiano) para el cultivo de aquellos aspectos recreativos o lúdicos cuyo valor también resulta indispensable en el cuidado de niños y niñas?

En definitiva, hay cierta razón en quienes advierten que las izquierdas harían quizás bien en tomar más en serio el lugar de la familia; igualmente cierto, sin embargo, es que el disfrute de la vida familiar exige condiciones materiales y seguridades sociales. Quienes hoy con frecuencia afirman “defender a la familia” harían bien entonces, por su parte, en advertir también esto último. A menos, claro está, que se entienda la “defensa de la familia” más bien como la defensa de un privilegio.