Opinión
La pandemia del COVID-19 ha demostrado que su impacto es multidimensional, distintas esferas que cruzan lo público y privado, efectos económicos, sanitarios y sociales que pueden quedar resonando por años. Estos efectos también deben ser proyectados, para así enfrentar los escenarios con mayor preparación y evitar nudos críticos del sistema de salud pública cuya solución sea imposible. Y el tema presupuestario es fundamental, las señales de los desafíos en esta materia ya están a la vista.
Prueba de esto es que los hospitales públicos han incrementado su nivel de gasto aproximadamente en un 63%, entre abril 2020 y abril 2021. Lo anterior, producto de los esfuerzos realizados para atender a los pacientes COVID-19, especialmente por las Unidad de Cuidados Intensivos. Dicho aumento se justifica por el alza de las remuneraciones variables, contrataciones para cubrir suplencias y reemplazos, contratación de personal médico bajo la modalidad honorarios, tales como: médicos, enfermeras, kinesiólogos, tecnólogos médicos, entre otros. También se registra un incremento en el gasto de productos farmacéuticos, materiales y útiles quirúrgicos, productos químicos y compra de prestaciones.
Esta situación debe ser atendida, dado que los hospitales públicos a la fecha no han recibido transferencias presupuestarias adicionales para cubrir el aumento de dicho gasto sanitario, por ello, se debe entender que su nivel de endeudamiento aumentará a fines del presente año.
También, la epidemia COVID-19 ha tenido impacto en la disminución de consultas por causas no relacionadas con esta enfermedad. Existe un grupo de pacientes que no está accediendo a una adecuada atención, en patologías donde se dispone de terapias que puedan mejorar el pronóstico del paciente. Lo anterior involucra un impacto significativo en la demanda de salud pública en los próximos años. En la misma línea, las cirugías que no tienen el carácter de urgente están siendo suspendidas.
Asimismo, un estudio publicado en la revista Lancet (2020) muestra que la principal causa de muerte por grupo de patología en Chile, entre los años 2009 y 2019, es el cáncer (28,8%), desplazando a las enfermedades cardiovasculares al segundo lugar (26,6%). En tercer lugar, están la diabetes y enfermedades renales (7,83%), luego las digestivas (7,45%), trastornos neurológicos (6,06%) y, en sexto puesto, las enfermedades respiratorias (5,65%). Cabe destacar que este estudio muestra la salud mental en cuarto lugar, en el ranking de calidad de vida ajustado por discapacidad. Situación que en pospandemia será aún más compleja. Numerosos estudios están demostrando el impacto de la pandemia por COVID-19 en la salud mental de la población chilena en general.
El aumento en la tasa de envejecimiento de la población chilena y el cambio en el perfil epidemiológico exigen la implementación de estrategias preventivas para hacer frente a dichos cambios y, también, la implementación de políticas públicas que aumenten la cobertura en salud para dichas patologías.
Paralelamente, en opinión de especialistas, publicado en Journal of Rehabilitation Medicine (2020), el 25% de quienes fueron sometidos a terapia intensiva experimenta una disminución dramática de su independencia posterior al año de recibida el alta médica, lo que implica una diminución de calidad de vida de los pacientes y aumento en gasto en salud.
Cabe destacar, en momentos de crisis sanitaria, el esfuerzo y apoyo que ha sentido la ciudadanía de las instituciones de Salud Pública de nuestro país. Profesionales y funcionarios que allí laboran no se han visto beneficiados del trabajo a distancia, teniendo que asumir riesgos sanitarios y exponer a sus respectivas familias. En tanto, presentan niveles de cansancio y estrés que podrían estar al límite. Profesionales y funcionarios que en este nuevo contexto sanitario debieran recibir una justa compensación, además, requieren nuevas competencias para asumir los nuevos retos sanitarios.
No cabe duda que en los próximos años la red de salud pública deberá realizar esfuerzos importantes para hacerse cargo de estos nuevos desafíos sanitarios, secuelas de una pandemia que aún no termina.
En este contexto, teniendo presente que los recursos económicos son limitados, es esencial que en las próximas discusiones presupuestarias –especialmente para los próximos tres años–, el Estado chileno debería sacrificar planes y programas que no son relevantes con el fin de aumentar el presupuesto de Salud, tomado como referencia el gasto hospitalario real, en período de pandemia. Todas estas son señales claras que deben ser atendidas y, así, enfrentar el incierto escenario que se generará tras la reactivación de la red de salud para atender a los pacientes que estuvieron en segundo plano durante las olas del COVID-19 y los que quedaron con secuelas por la enfermedad.
