Opinión
La Constitución no es una “lista de supermercado o una lista de cosas que te gustarían”, como sostiene Wim Voermans, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Leiden, Países Bajos. Tampoco es un buen camino ensayar el método «soluciones buscan problemas». Por último, no basta con solo incorporar derechos sociales, se requiere de mecanismos de enforcement efectivos para asegurar los que existen y aquellos que se decida incorporar. Si no hay soluciones rápidas, como afirma Voermans, se requiere un texto constitucional no para el 2022, sino para el 2050.
Libros, películas, series y numerosas columnas han utilizado esta expresión para dar cuenta de situaciones donde, a pesar de las diferencias, hay un momento en que la única opción para procesarlas es el entendimiento entre las partes que están o parecen enfrentadas.
No cabe duda que en la previa de la instalación de la Convención Constitucional, el próximo 4 de julio, se ha impuesto hasta ahora la faz agonal de la política, caracterizada por la contienda y por la lucha por el poder. Aún no hay reglamento ni se ha verificado la elección de la presidencia, pero conocemos hasta ahora cerca de 23 comunicados de distintos agrupamientos a la interna de los convencionales, tomando posición sobre diversas materias tanto de fondo como de forma. Lo último fue la solicitud de los constituyentes de los PPOO que exigieron la renuncia del secretario ejecutivo de la Convención Constitucional. Lo anterior parece confirmar la fuerte fragmentación de esta instancia, bastante lejos de la idílica división simplista entre dos bloques homogéneos de derechas e izquierdas.
[cita tipo=»destaque»]Es bueno, oportuno y sobre todo necesario sincerar que las constituciones, por sí solas, no pueden forzar la cohesión social, ya que esta responsabilidad la tiene la sociedad en su conjunto.[/cita]
En esta heterogeneidad serán muy difíciles las órdenes de partidos, movimientos o de alineamientos verticales. De ahí que, respecto a las agendas propias, convendría empezar a archivarlas, porque lo que se impondrá será una lógica de mayor horizontalidad, interacciones e iteraciones sucesivas para buscar y conseguir acuerdos que se expresen en resultados. Se instalará, así, en el trabajo de los convencionales, un estilo más próximo al parlamentarismo puro, lo que generará incentivos entre los convencionales para procesar diferencias, reduciendo la posibilidad de que los extremos se impongan y enfrenten.
Una gran parte de los temas sobre los que se delibere serán el resultado de acuerdos no necesariamente articulados en el eje izquierda-derecha. Esta dinámica obligará a un ejercicio de geometría variable, como lo sostuvimos en este mismo espacio hace algunas semanas. Los electores, con más sabiduría de la que suponemos, decidieron esta composición diversa de la Convención que exigirá otras formas de hacer política. Como sabemos, ninguno de los agrupamientos posibles por sí solo podrá imponer sus intereses o agenda. En este escenario, conseguir los 2/3 será una tarea muy difícil. Esta incapacidad de no poder aprobar por sí solos normas obligara a los convencionales a comprometerse y negociar para llegar a acuerdos en pos de obtener un resultado. Para esto necesitan entenderse con otro(s) grupo(s), buscando apoyos puntuales, aunque sea con formaciones de distinto color político para medidas concretas.
Esta práctica política, basada en la iteración y en la búsqueda de acuerdos de geometría variable que se expresarán en alineamientos diversos, nuevas alianzas –según las temáticas constitucionales que busquen aprobar–, conformación de coaliciones ad hoc, pondrá presión al objetivo de tener un apoyo realmente amplio de la Constitución. Este cambio de prácticas políticas quizá ayude a responder las preguntas que el viejo esquema izquierda-derecha hoy ya no puede resolver.
Parece quedar claro que en el proceso de hechura de una Constitución no solo hay que tener en cuenta la técnica constitucional, la experiencia comparada o los aspectos filosóficos, sino que también que estos procesos deben hacerse a partir de la realidad social y que exigirán de habilidades, destrezas y liderazgos que posibiliten avanzar en acuerdos intertemporales.
Ciertamente esta lógica puede resultar frustrante para quienes están apostando por tener una Constitución para mañana o pasado mañana. O que la misma se haga cargo de todos los problemas, restablezca la paz social o incluya todas las respuestas a las actuales demandas sociales. Es bueno, oportuno y sobre todo necesario sincerar que las constituciones, por sí solas, no pueden forzar la cohesión social, ya que esta responsabilidad la tiene la sociedad en su conjunto.
La Constitución no es una “lista de supermercado o una lista de cosas que te gustarían”, como sostiene Wim Voermans, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Leiden, Países Bajos. Tampoco es un buen camino ensayar el método soluciones buscan problemas. Por último, no basta con solo incorporar derechos sociales, se requiere de mecanismos de enforcement efectivos para asegurar los que existen y aquellos que se decida incorporar. Si no hay soluciones rápidas, como afirma Voermans, se requiere un texto constitucional no para el 2022, sino para el 2050.
La dinámica de deliberación que predominará en los próximos 12 meses estará caracterizada por el desorden que nos hará más difícil entender la nueva cartografía de la Convención y, no está mal decirlo, que acrecentará la actual incertidumbre. En sí mismo esto no está mal, sino que tendremos que acostumbrarnos a estas nuevas prácticas políticas lejanas del cómodo bibloquismo de los últimos 30 años, que hacía más predecible la política.
La buena noticia es que esta energía será encauzada más temprano que tarde por el predominio de la faz arquitectónica caracterizada por la construcción de acuerdos y administración del poder para conseguir resultados. Para esto se requiere respetar las reglas del juego únicas que garantizarán que los convencionales, a pesar de la diversidad y fragmentación, estén condenados a entenderse sí o sí.
