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Corrupción en gobiernos locales, más allá de prácticas ilegales

por 23 agosto, 2021

Corrupción en gobiernos locales, más allá de prácticas ilegales
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En las últimas décadas se han visibilizado diversos casos de corrupción que han puesto en cuestionamiento la imagen de probidad e integridad pública que Chile presentaba en el contexto latinoamericano. Si bien la corrupción ha afectado a diversas instituciones a nivel nacional, los gobiernos locales se han transformado en un espacio de alta vulnerabilidad para la ocurrencia de dichos actos. Los denominados casos “Basuras”, “Main”, “Luminarias” y las redes de narcotráfico descubiertas al interior del Municipio de San Ramón son solo algunos ejemplos que dan cuenta de aquello.

La preocupación por este fenómeno se debe no solo a la pérdida de recursos públicos, sino que también a las consecuencias negativas que tiene para la estabilidad política, ya que acrecienta la crisis de legitimidad y los niveles de desconfianza hacia las instituciones democráticas del país. No obstante, en nuestra investigación en los municipios de la zona macro sur (FONDECYT “Vínculos sociales y corrupción en el contexto público local: la coexistencia de lo formal e informal") hemos descubierto otras dimensiones que permiten explicar de manera más comprensiva el funcionamiento de la corrupción en el ámbito local; es más, al interior de las burocracias locales coexisten, junto a los procesos formales, prácticas, normas y redes informales  que son utilizadas por diversos actores para obtener no solo bienes materiales sino también favores, información, trámites, etc., muchas acciones que quedan en una zona gris entre lo que es y lo que no es corrupción.

Por lo general, la corrupción suele ser entendida como una práctica ilegal, individual y orientada a fines económicos (Anders & Nuijten, 2008). En esto han influido principalmente las perspectivas jurídicas y económicas, pues ambas han consolidado una concepción particular sobre la corrupción centrada exclusivamente en el carácter racional e intencional de dichos actos.

Como consecuencia de esto, la corrupción es considerada como un problema atribuido a individuos que actúan motivados por intereses egoístas cuyo propósito es la obtención de ventajas y/o ganancias personales. Por ende, las propuestas para combatirla se centran en el aumento de las sanciones o en el fortalecimiento de mecanismos de control, pero muy poco se ha discutido sobre las dinámicas sociales que las sostienen y reproducen.

En primer lugar, la corrupción no solo es un acto individual, sino que son actos que conllevan la participación de una pluralidad de actores. La corrupción necesita de acciones coordinadas que puedan eludir con éxito los controles y procesos formales que existen al interior de los gobiernos locales. Al mismo tiempo, no se busca necesariamente beneficios económicos, sino que también se busca alcanzar bienes inmateriales como el prestigio, la protección laboral, los contactos, la aceleración de procesos burocráticos, información sobre concursos, etc.

En otras palabras, la corrupción se sustenta en redes sociales que permean las burocracias locales y que se instalan como un mecanismo organizacional al interior de los municipios (Ashforth & Anad, 2003; Mujica, 2005) que, si bien puede ser ilegal, está legitimado por los distintos actores que hacen uso de este al interior de los gobiernos locales y que posibilita incluso la resolución de ciertos problemas de gestión.

Estas redes se sustentan, además, en relaciones personales donde la lealtad y la confianza se constituyen en elementos centrales para su configuración. Así pues, la dimensión relacional de la corrupción es fundamental para comprender su funcionamiento.

Un segundo aspecto a resaltar es la dimensión informal de la corrupción. En contextos locales, las instituciones formales coexisten con instituciones y lógicas informales. Es decir, los procedimientos burocráticos formales conviven con tradiciones, reglas, normas y prácticas que interactúan con los primeros. Estas prácticas informales operan en muchos ámbitos, pero es en contextos de baja estatalidad donde pareciera tener mayor relevancia. Una baja estatalidad puede ser entendida como la escasa capacidad del Estado para proveer servicios básicos en un determinado territorio (Luna & Soifer, 2017).

La Araucanía, por ejemplo, es una región que presenta una gran cantidad de comunas con bajo nivel de estatalidad (LAPOP, 2012) y donde hemos encontrado una variedad de prácticas informales, por ejemplo, la importancia del patronazgo para reclutar funcionarios públicos en los municipios, evitando los procedimientos reglados. Los municipios ofrecen oportunidades laborales menos precarizadas y más estables, por esto, la corrupción puede constituirse en una estrategia válida para acceder a oportunidades que no se pueden obtener al seguir los procedimientos formales. Es importante discutir si también las redes de narcotráfico u otro tipo de organizaciones ilegales pueden jugar este papel, sobre todo en espacios donde la capacidad estatal es baja.

Asimismo, la corrupción se entremezcla con otras prácticas, como clientelismo, nepotismo y patronazgo, prácticas que también están presentes en los espacios locales y que se encuentran en los márgenes de la legalidad. Además, los mecanismos de funcionamiento entre estos fenómenos son similares, lo que hace que la distinción entre estas prácticas sea un desafío tanto para su control como para su sanción. Es más, estas prácticas se complementan y llegan a establecer relaciones mutuamente beneficiosas, por ejemplo, las redes de corrupción pueden facilitar prácticas de clientelismo, sobre todo en periodos de campaña electoral.

En tercer lugar, se presentan diferentes grados de tolerancia a la corrupción según la situación en la que se encuentren los actores a nivel local, ya que cuando la corrupción es cercana y favorece a un colectivo, el nivel de legitimidad es mayor, pero cuando esta es lejana y favorece a una minoría, la legitimidad es menor.

Por tanto, los factores que explican el develar la corrupción se relacionan con el grado de tolerancia que las personas tienen sobre este tipo de prácticas, que ponen en tensión el marco normativo-legal de cada contexto. Asimismo, es habitual encontrarse con casos en los que la ley sanciona o prohíbe ciertos actos, pero la sociedad igualmente los acepta a nivel práctico. En este sentido, las prácticas corruptas son evaluadas de manera diferencial, por cuanto no siempre reciben el mismo juicio valorativo (tolerancia, justificación y condena).

Estas tres dimensiones de la corrupción, lo relacional, lo informal y sus grados de legitimidad, son relevantes para comprender el fenómeno de la corrupción y ayudar a implementar mecanismos que no solo la controlen, sino que también ayuden a prevenirla. De ahí que sea importante entender la corrupción no solo como un fenómeno legal, sino además como un fenómeno social, sobre todo en el espacio local, ya que los municipios son la instancia gubernamental más cercana a las personas y en la que más confían para lograr la solución a sus problemas cotidianos.

  • Emilio Moya Díaz, Profesor Asociado Dpto. de Sociología, Ciencia Política y Administración Pública, Universidad Católica de Temuco y Daniel Paillama Raimán, Sociólogo, Universidad Católica de Temuco.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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