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La Unidad Popular y Argentina

por 7 septiembre, 2021

La Unidad Popular y Argentina
Bajo la conducción de Clodomiro Almeyda la Cancillería de la Unidad Popular no solo profundizó la tradición político-diplomática de “lo pactado obliga”, sino que utilizó el “soft power" asociado al enorme prestigio internacional del gobierno del Presidente Allende para convocar a Argentina, entonces liderada por un gobierno mucho menos influyente, para sentarse a la mesa de negociaciones. Ni siquiera el gobierno anterior, del Presidente Frei Montalva, había alcanzado este logro. Incluso más, toda vez que la defensa y uso inteligente de los recursos naturales del país ocupaba un lugar prioritario en la agenda internacional de la UP, en julio de 1971 la Cancillería de don Cloro acordó con Argentina un “Acta sobre Cuencas Hidrológicas”, en la cual, visionariamente, ambos países acordaron cooperar para ocuparse del uso equitativo de las cuencas compartidas, y lo que hoy llamaríamos el cuidado del medio ambiente y la conservación de los ecosistemas.
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En Chile y Argentina el impasse diplomático y político generado por la actualización de los límites de la plataforma continental de las islas Diego Ramírez ha despertado opiniones de diverso tipo: desde aquellas que llaman a la mesura, a notas de protesta que hacen evidente que la solución del problema demandará mucho tiempo.

La precisión de los límites de la plataforma continental jurídica de 200 millas de las islas mencionadas concitó el rápido apoyo del mundo político y social. Esto, entre otras realidades, indica que, no obstante pasar por una coyuntura de efervescencia política, en lo que se refiere a la defensa de la integridad territorial del país, en Chile no existen segundas opiniones.

Esta constatación nos hace recordar conversaciones que, durante nuestro trabajo como Tercer Secretario/Cónsul en Moscú (1990-1993), tuvimos el privilegio de sostener con nuestro jefe, el entonces embajador de Chile en la ex URSS, Clodomiro Almeyda Medina (don Cloro). Más que uno de los más importantes e influyentes pensadores de la izquierda chilena del siglo XX, don Cloro debe ser recordado como un gran canciller de la República. 

Con su voz gastada por años de fumador, don Cloro nos narró cómo el gobierno del Presidente Salvador Allende había aprovechado el “soft power” asociado al prestigio internacional de la Unidad Popular para lograr que el gobierno argentino del general Alejandro Lanusse aceptara, conforme a lo pactado en 1902, firmar un “compromiso” para someter a arbitraje la cuestión de la soberanía de las “islas al sur del canal Beagle” (1971) y, también, para resguardar dicho proceso, suscribir un Acuerdo de Solución de Controversias (1972), en virtud del cual ambos países sometían cualquier otra disputa a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia.

Con toda claridad don Cloro recordaba cómo, con el concurso de Ramón Huidobro, entonces embajador de Chile en Buenos Aires, el general Lanusse había aceptado reunirse, primero en Salta (julio 1971) y luego en Antofagasta (octubre 1971) con el Presidente Allende. De esos encuentros había resultado primero el “compromiso” (luego ejecutado en Londres para solicitar la gestión del arbitraje de la Corona Británica) y el Tratado de Solución de Controversias.

Fueron estos logros del ministro Almeyda y su Cancillería los que, en los asiduos años siguientes, guiaron a Chile y Argentina en el proceso de negociación que culminó en el Tratado de Paz y Amistad de 1984.

Bajo la conducción de Clodomiro Almeyda la Cancillería de la Unidad Popular no solo profundizó la tradición político-diplomática de “lo pactado obliga” (“pacta sunt servanda”), sino que utilizó el “soft power" asociado al enorme prestigio internacional del gobierno del Presidente Allende para convocar a Argentina, entonces liderada por un gobierno mucho menos influyente, para sentarse a la mesa de negociaciones. Ni siquiera el gobierno anterior, del Presidente Frei Montalva, había alcanzado este logro.

Incluso más, toda vez que la defensa y uso inteligente de los recursos naturales del país ocupaba un lugar prioritario en la agenda internacional de la UP, en julio de 1971 la Cancillería de don Cloro acordó con Argentina un “Acta sobre Cuencas Hidrológicas”, en la cual, visionariamente, ambos países acordaron cooperar para ocuparse del uso equitativo de las cuencas compartidas, y lo que hoy llamaríamos el cuidado del medio ambiente y la conservación de los ecosistemas.

Trascendente es que, en estas tres instancias de la relación bilateral con Argentina, la política exterior de la Unidad Popular continuó y profundizó la tradición chilena de apego a los principios del Derecho Internacional. Después de enero de 1978, cuando la Junta Militar argentina de la época rechazó por “insanablemente nulo” el laudo arbitral de cinco jueces de la Corte Internacional de Justicia, esa misma tradición fue practicada por el Gobierno Militar para concluir el Tratado de Paz y Amistad de 1984.

Visto lo anterior, es claro que Chile cuenta no solo con experiencia en la negociación de asuntos complejos con Argentina, sino que, invariablemente, en el curso de todas esas negociaciones, el país nunca se desvió del apego al Derecho Internacional.

Hoy esto es relevante. Las más altas autoridades argentinas han acusado a Chile de “apropiación” de territorios. Para resolver esta circunstancia, Chile debe evitar ser envuelto en una negociación política directa que, además, en una sola fórmula incluya la solución de temas distintos e igualmente complejos. 

El ejemplo del canciller Almeyda y el gobierno del Presidente Allende (a quien en su reciente visita a Chile el Presidente Alberto Fernández  rindió homenaje) demuestran: primero, que solo la práctica del Derecho garantiza que nuestros mejores títulos prevalezcan conforme a lo pactado y a la realidad geográfica; segundo, que en Chile las cuestiones territoriales convocan en tanto trascienden las sensibilidades políticas ideológicas;y, tercero, que en momentos difíciles como el actual, el país requiere de líderes capaces de asegurar el respeto del interés superior y de largo plazo del país.

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