Opinión
En el contexto de proyecto de ley que busca la creación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que el pasado 21 de enero de 2021 la Cámara de Diputados aprobó, para poner fin al Sename y separarlo en dos instituciones, y que hoy se encuentra en discusión en la comisión mixta, es relevante analizar la situación en la que Chile se encuentra en materia de reincidencia delictual juvenil y entender las potenciales mejoras para lograr un proceso adecuado de reinserción.
En primer lugar, es necesario entender qué es la reincidencia delictiva. Referimos a ella “como la repetición de un acto delictivo por parte de un individuo que previamente ha sido sometido a una intervención de tipo penal”. Si lo extrapolamos a la reincidencia juvenil, la situación es bastante delicada.
Según el único estudio informado para esta población (CESC, 2012), se pudo establecer que un 53,7% de los adolescentes que fueron sancionados por un delito en el periodo estudiado, volvieron a ser sancionados dentro de los siguientes 24 meses, siendo aún menores de 18 años (reincidencia general independientemente de si durante ese periodo estuvieron o no privados de libertad). Según el Boletín Estadístico de la Fiscalía Nacional, en 2018 hubo un total de 28.278 adolescentes que fueron formalizados por la comisión de un delito. De ellos, el 17%, es decir, 4.807 jóvenes, concentró la mitad de los delitos cometidos en el periodo por adolescentes.
Es por ello que la próxima aprobación de la Ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (SNRSJ) se hace muy necesaria, ya que contempla, entre otras medidas, la implementación de un modelo de intervención único y vinculante a nivel nacional, que debe ser aplicado por todas las instituciones y organismos que participen de la ejecución de sanciones.
Además, contempla la creación de un Expediente Único en Línea, que permitiría dar continuidad a la información no solo de historial delictual, sino también de la intervención y tratamientos realizados para favorecer la reinserción social de cada joven o adolescente que haya cometido un delito. Esto actualmente no ocurre y cada institución lleva su propio sistema de registro, por ende, cuando el joven es intervenido por el sistema y pasa de una instancia a otra, pierde su historial, debiendo partir desde cero la intervención en cada nuevo programa.
En línea con el propósito de la Universidad de La Frontera (UFRO) de contribuir desde La Araucanía con el desarrollo de conocimiento para potenciar el patrimonio natural, social y cultural de Chile, desarrollamos la plataforma SIGID-MMIDA, única a nivel mundial, para el registro, evaluación e intervención con jóvenes infractores de ley que va en línea con lo propuesto en el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.
La plataforma además genera otros indicadores ligados a la calidad y efectividad de la intervención, adherencia de los adolescentes a las actividades programadas, entre otros. El sistema por detrás tiene construidos los algoritmos que permiten puntuar los instrumentos aplicados y generar los informes de resultados para su interpretación, además del cálculo de indicadores de resultados e impacto para monitorear el trabajo realizado. El sistema incorpora también un sistema de cálculo del cumplimiento de las sanciones y otro de reportes administrativos sobre la ejecución de la sanción (oficios e informes) acordes a los requerimientos de los tribunales. Y también permite a los usuarios (adolescentes y tutores), evaluar su satisfacción con la atención y la relación que tiene con el profesional a cargo.
En conclusión, el SIGID-MMIDA es un software amigable para los profesionales que ejecutan sanciones bajo la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que contiene los antecedentes sociodemográficos y judiciales (ejecución de sanciones) de cada caso, junto a todos los antecedentes de evaluación, intervención y resultados de esta, permitiendo incorporar los planes de intervención para su evaluación, todo ello acorde a las orientaciones que se consideran en el proyecto de ley del SNRSJ y con base en evidencia científica, al estar construido sobre la base del MMIDA, un modelo con validez ecológica para Chile; y usar instrumentos de evaluación que poseen estudios psicométricos con adolescentes chilenos, arrojando puntuaciones pertinentes para la población atendida.
Lo más importante, sin embargo, es su aporte a mejorar los sistemas de justicia juvenil y la ley vigente en dirección a la reinserción de adolescentes y jóvenes a la sociedad, con la finalidad de no solo reducir los índices de delitos y violencia en el país, sino que velar también por un nuevo futuro para nuestros jóvenes.
