Opinión
La posibilidad de una comisión de conocimientos, culturas, ciencia, tecnología, artes y patrimonios es cada vez más cierta. Esto responde a un trabajo que por años se ha desarrollado por parte de las múltiples organizaciones y colectivos que componen el tejido social vinculado a dichos ámbitos. Este es un momento en que necesitaremos utilizar todos los recursos y capacidades que hemos acumulado en el tiempo para construir y hacer avanzar posiciones transformadoras, que puedan proyectarse en el tiempo y se entronquen con la búsqueda por resolver las principales causas de la crisis actual: falta de democracia y derechos, modelo de desarrollo basado en extractivismo, enfrentamiento a una crisis climática de carácter planetario, desajustes propios de un momento histórico que parece de cambio epocal.
El desafío político para el sector que supone esta Comisión en la Convención Constitucional es muy importante. Implica pensar las demandas y posiciones actuales desde perspectivas menos sectoriales, aspirando a ser una herramienta al servicio de la consecución del bien común. Esto requiere estar ajustados a los principios rectores del proceso constituyente actual, los que idealmente debiesen regir también el actuar del Estado de Chile en lo que viene. Estos se han declarado en el reglamento, al que se han presentado diversas indicaciones que deberán ser resueltas durante esta semana. Estos principios son: preeminencia de los derechos humanos, igualdad y prohibición de la discriminación, enfoque de género y la perspectiva feminista, plurinacionalidad, interculturalidad, descentralización, equidad territorial, plurilingüísmo e igualdad lingüística, participación popular incidente, participación incidente de Pueblos Indígenas y consulta indígena, probidad y ética, enfoque de cuidados, protección del Medio Ambiente, eficacia, coherencia, enfoque de niñez y adolescencia, inclusivo, enfoque de culturas, patrimonio y artes, publicidad y transparencia, economía y cuidado de los recursos públicos, interpretación pro persona, pluralismo, tolerancia, deliberación informada, lenguaje claro e inclusivo, trazabilidad.
De este modo, la pregunta por la relación entre los temas específicos a tratar en la Comisión en comento y los principios generales del proceso, aparece como fundamental. Es posible distinguir al menos dos perspectivas para mirar este asunto. La primera es la necesidad de cautelar que estos principios se apliquen a todos los procesos que se desarrollen en la comisión. Esto requiere que quienes nos consideramos convocados por dicho espacio seamos participantes activos, pero también necesita que reflexionemos sobre el modo en que nuestro quehacer y nuestro entorno se encuentra desajustado con tales principios, buscando las formas de encauzarnos dentro de tal marco.
En última instancia, las definiciones que se hagan dentro de la comisión deben estar nutridas por la participación social dentro de la misma. Por tanto, difícilmente será capaz de establecer marcos generales para la acción del Estado frente a los conocimientos, culturas, ciencia, tecnología, artes y patrimonios, si es que quienes nos desenvolvemos en tales áreas no desarrollamos procesos de autocrítica sincera y seria, tanto a nivel personal, pero especialmente a nivel institucional. Muchas veces por ver la paja en el otro ajeno no se la viga en el propio. Además, el neoliberalismo no es ajeno a nuestras prácticas, está inmerso en ellas.
No reconocer eso y no buscar desde un auténtico diálogo los caminos colectivos que superen dicha realidad mediante el trabajo conjunto con los diversos actores del sector, nos llevará a perder una oportunidad única y seguramente irrepetible. En ese sentido, el lugar de espacios de alta precarización como el trabajo a honorarios, en base a proyectos concursables o investigación en posgrado, debe ser significativo. Las luchas por mejorar nuestras condiciones de trabajo son fundamentales, y esta comisión no puede verse sobredeterminada por intereses corporativos o por posiciones privilegiadas.
Una segunda perspectiva dice relación con el cómo aportar desde la especificidad de nuestras áreas y nuestra comisión, a que estos principios puedan ser verdaderamente aplicados y aplicables, tanto al proceso constituyente, a la nueva Constitución, pero también a la acciones que el Estado desarrolle en el futuro, y que deberán estar mandatadas por dichos principios.
Estoy pensando en las diversas maneras en que la aplicación del conocimiento generado y por generarse en el país pueda aportar a la eficacia de estos principios rectores. Por ejemplo, para poder luchar eficazmente contra flagelos como la violencia y la discriminación de género o racial, serían en extremo valiosos diagnósticos detallados de las múltiples formas en que se despliegan territorialmente dichos fenómenos, así como también una comprensión precisa de sus causas y sus efectos a todo nivel.
La posible aprobación de esta comisión abrirá un espacio para imaginar una institucionalidad que, en conjunto con propiciar el cultivo de saberes y prácticas que son valiosas en sí mismas, nos impulse a poner en valor nuestro trabajo a través de un aporte decidido al mayor bienestar de los pueblos que convivimos en Chile.
Hoy nos vemos enfrentados a una encrucijada entre la profundización democrática y el autoritarismo neoliberal que será fundamental para proyectar lo que viene. Si somos capaces de ponernos al servicio de lo primero, nuestro aporte puede ser clave para pensar y construir un nuevo Chile. No tendremos una segunda oportunidad.
