Opinión
Desde que en la revolución francesa Olympe de Gouges fue asesinada por sus ideas y luego de haber publicado la declaración ”, como forma de vindicación de los derechos políticos de las mujeres, las activistas feministas observamos con sospecha este devenir del Estado moderno fundado en el femicidio.
Manteniendo esta sospecha, son innumerables las feministas que argumentan que, por la vía institucional, entendida como el proceso de reformas legislativas, creación de nuevas instituciones y políticas sociales, es posible cambiar las injusticias de género. Sin embargo, hay un sector importante del feminismo que apuesta por un camino que interpela a las instituciones y no forma parte de ellas, pues la confianza estaría en la comunidad, en el territorio y el saber popular.
Ha sido una tensión histórica en el movimiento feminista, la división entre lo público y lo estatal, incluso a aquellas que trabajan en el gobierno o en organismos internacionales, como Naciones Unidas, se les nombra como las “tecnócratas del género”, estableciendo un límite entre el saber experto sobre el género y el activismo feminista. Pero hoy el escenario otorga matices a esta división. La nueva institucionalidad que propone la convención constitucional e incluso el nuevo municipalismo que promueven alcaldías feministas como la de Santiago y Viña del Mar, son un giro que más bien articula el activismo feminista con las instituciones democráticas y el saber técnico. Entonces ¿qué pasa cuando son las activistas las que tienen un lugar de habla experta en las instituciones?
Desde la literatura que investiga movimientos sociales se habla del activismo experto, para referirse a la articulación entre activistas de organizaciones de base territorial y profesionales de ONG´s o academia, que dado sus estudios técnicos forman vínculo virtuoso en el diseño de políticas. Incluso, Bill Moyer en su libro Doing Democracy establece cuatro tipos de activismo: ciudadano, reformista, rebelde y de agente de cambio, pero a todos los ubica fuera de las instituciones, es decir, no tienen un cargo técnico en las instituciones, pues una de las esencias del activismo es precisamente la autonomía y la crítica a las instituciones.
Esta diferencia que ubica al activismo fuera de las instituciones académicas o gubernamentales, ha sido cuestionada por feministas decoloniales. En el conocido texto “Prácticas otras de conocimiento” construido por varias autorías entre ellas, Xochitl Leyva, María Lugones y Sylvia Marcos, se plantea el término “academia activista” y “activismo académico” para referirse a prácticas colectivas de construcción del saber que pone en el centro a las y los sujetos que viven la experiencia desde la cual se reflexiona o investiga.
Una apuesta cercana, a la de activistas académicas que propongo llamar tecnoactivismo es posible de observar en las representantes de movimientos sociales que hoy forman parte de la convención constitucional, tanto quienes tienen un cargo de representación como sus asesoras. Entonces, ¿Estamos frente a una nueva tecnocracia?
En general, se nombra como “tecnocracia” o “tecnócrata” al lugar que ocupan los especialistas en la toma de decisiones del Estado, “los expertos”, y lo digo en masculino, pues también en general, es esta mentalidad masculina la que ha dominado las decisiones que ocurren en los tres poderes del Estado: el gobierno, el parlamento y los tribunales de justicia. La performance de las Tesis “un violador en tu camino” con frases como “el patriarcado es un juez” y “el Estado opresor es un macho violador” son contundentes narrativas que representan la toma de decisiones y la validación de un saber que se ha sustentado en la misoginia.
Por lo tanto, que la crítica a esta forma de gobernanza, basada en la dominación masculina, venga del movimiento feminista, nos da luces que de pensar otras formas concebir la tecnocracia debe ir acompañado de la experiencia situada de las activistas feministas. Por ello, es valioso que activistas, quienes conocen en profundidad los temas y causas que movilizan las transformaciones sociales y quienes hacen de su vida una forma de actuancia territorial permanente, disputen la redacción de la nueva constitución y, también, disputen un lugar en el parlamento en las elecciones del 21 de noviembre.
La disputa de las narrativas y epistemologías que se plasmará en la nueva constitución se observa con esperanza cuando en el hemiciclo están presente las activistas, conocedoras de un saber altamente experto y situado en el territorio, ejemplo de ello es Constanza San Juan de la Asamblea Constituyente Atacama, convencional del distrito 4, cuya expertis en glaciares se fortaleció desde su activismo en la defensa del Valle del Huasco contra el proyecto Pascua Lama. Son activistas como Constanza, quienes tienen un saber técnico experto que cruza sus biografías y sus actuancias políticas territoriales.
Este camino, que abrió la nueva constitución, tiene la oportunidad de profundizarse con las candidaturas activistas a las parlamentarias, integrantes de la Asamblea Feminista Plurinacional como Emilia Schneider (distrito 10) y Erika Montecinos (distrito 9), son candidatas que cuentan con un conocimiento profundo en políticas de género, que es técnico y es situado en los movimientos que representan y en sus propias vidas, características que las vuelven agentes claves para los cambios que ya se iniciaron.
Entonces, retomando la pregunta inicial ¿qué pasa cuando son las activistas las que tienen un lugar de habla en las instituciones? La respuesta es simple, amplían la democracia y hacen del tecnoactivismo, esta unión entre la tecnocracia y el activismo, una herramienta para conducir las transformaciones sustantivas que todas esperamos.
