Opinión
El 18 de octubre del 2021 dejó en evidencia diversos asuntos relevantes para revisar a propósito de la discusión actual sobre violencia, protesta y derechos humanos. En primer lugar, el discurso y las acciones del actual gobierno contradicen una perspectiva de derechos humanos que aborde el conflicto social, esto porque obstaculizan el ejercicio del derecho a una protesta y manifestación ciudadana y ponen en riesgo derechos tan fundamentales como la vida o la integridad física. La responsabilidad de los Estados es que si en el marco de una protesta algunas personas cometen actos que puedan constituir delitos, sus fuerzas de orden y seguridad deben contener y actuar según principio de proporcionalidad y necesidad. Una acción no focalizada vulnera el derecho a la protesta y la manifestación, y más grave aún, pone en riesgo la integridad física y psíquica de las personas, como lo muestran innumerables casos durante los últimos dos años. Además, la inacción frente a este tipo de sucesos los intensifican, lo que en ocasiones se encuentra azuzado mediante la infiltración de las mismas fuerzas policiales que deben contenerlas.
Lo anterior es un déficit estatal, en la medida que las fuerzas policiales actúan desde una inercia anclada en la doctrina de seguridad nacional, y por lo mismo reproducen la criminalización e incluso deshumanización de quienes participan de las protestas en general, y a grupos sociales populares en particular transmutándolos en ‘enemigos internos’. Al mismo tiempo el gobierno actual tiene absoluta responsabilidad en la crisis de derechos humanos que atraviesa el país desde hace dos años, siendo las últimas declaraciones del subsecretario Galli un cénit de la desfachatez y la ineptitud que ha marcado la agenda del gobierno en la materia.
Otro elemento son las conexiones históricas subyacentes pero vivas que pueden identificarse en las protestas actuales. La lucha por los derechos humanos giró en torno al terrorismo de Estado dictatorial por décadas, pero hoy parece abrirse hacia una multiplicidad de otras cuestiones, algunas de carácter gravísimo como es la prisión política. Existe un vínculo íntimo entre las luchas del pasado y las del presente. Entre otras cosas, por la conexión entre violaciones a los derechos humanos, la Constitución de 1980 y la impunidad que ha sostenido el despliegue de ese proyecto por tres décadas.
Es por esto que las luchas por la justicia, la verdad, la memoria, la reparación y las garantías de no repetición son tan fundamentales: son un pilar para el ejercicio libre de la política por parte de la sociedad. Eso es lo que se está impulsando hoy, y es también lo que con tanta fuerza se reprime. Los avances en estos cinco pilares son directamente proporcionales a la profundidad democrática y capacidad de resolver conflictos y tensiones en paz que puede tener un país.
Un último aspecto es especialmente desafiante para una coalición que aspira a transformaciones profundas, como sería el caso de Apruebo Dignidad. Esto, porque para poder avanzar en ese camino la sociedad movilizada es esencial. De ahí que sea tan importante abrir una discusión sincera y profunda sobre cómo abordar el tema de la violencia en el marco de la movilización social. Seguir pensando el asunto desde una polaridad entre la represión desatada y criminal versus la aceptación acrítica de la violencia como intrínseca a la manifestación hace imposible afrontar las múltiples complejidades que conlleva este fenómeno. Encontrar un punto medio entre esas dos es un ejercicio vano, porque es una falsa dicotomía.
La construcción de una política de Estado compleja sobre estos asuntos requiere de a lo menos un ejercicio constante de reflexión y comprensión inter y transdisciplinar que busque construir caminos para el diálogo efectivo entre múltiples actores y fuerzas que actúan y colisionan en estas situaciones. Algo como esto parece imposible sin una refundación de Carabineros de Chile, lo que debiese ser una primera prioridad para un gobierno transformador. Ese horizonte implica reconocer también que esta no es una cuestión unidireccional, puesto que el Estado no es el único ente activo en este asunto. Un sector político transformador debe ser capaz de abrirse hacia grupos sociales movilizados para escucharlos y canalizar sus demandas y urgencias con su participación activa. Deben construirse confianzas que hoy están destruidas mediante la acción concreta y no solamente en los discursos. La reproducción de errores y actitudes del pasado serán carísimas en un contexto como este. Garantizar el ejercicio del derecho a la manifestación y la protesta, y reconocerlo como pilar fundamental del ejercicio civil democrático, al mismo tiempo en que se asegura la estabilidad social y se avanza hacia una resolución dialogada y pacífica de los conflictos, son condiciones necesarias para transformar profundamente los modos en que como país nos dotamos de fuerzas de orden y seguridad.
En definitiva, en el corto plazo será necesario presionar por algunas cuestiones fundamentales: fin a la prisión política, lucha contra la impunidad y avances concretos en garantías de no repetición. Esto debe apuntar, también, a la disminución de la violencia como forma de protesta, abriendo más espacios para discusiones y cambios profundos a medio y largo plazo.
