Opinión
Para quienes aún están escépticos del cambio acelerado de las prácticas en el mundo de los negocios, orientados a configurar un modelo de desarrollo sostenible, les ofrecemos un hecho indesmentible ocurrido hace algunos días en nuestro país.
Luego de un largo proceso de consulta a diversos actores públicos y privados, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) emitió la esperada norma que modifica la estructura y el contenido de la memoria anual de los emisores de valores y de ciertas sociedades especiales, obligándolos a entregar “mayor información respecto a su gobierno corporativo y definiciones estratégicas. En particular, cómo ese gobierno corporativo al adoptar esas definiciones incorpora distintos aspectos ambientales, sociales y de derechos humanos”.
Aparte de otras tantas consideraciones que este hecho conlleva, queremos resaltar tres aspectos. El primero dice relación con que, desde ya hace un buen tiempo, el sector financiero se ha transformado en uno de los grandes promotores de la gestión sostenible de los negocios. Si en algún momento fueron las ONG y otros actores de la sociedad civil o el propio Estado los que enarbolaban las banderas de un cambio, hoy son los inversionistas del mundo entero quienes elevan su nivel de exigencias a las compañías para que estas transparenten, sobre la base de estándares universalmente aceptados, la gestión de sus impactos ambientales, sociales y de gobernanza, incluyendo el ámbito del respeto de los derechos humanos. Para el inversionista actual, la información relativa a cómo estos criterios son asumidos en la estrategia del negocio, habla de rentabilidad y sostenibilidad, siendo un factor decisivo para sus decisiones de inversión, por lo que la rigurosidad de las cifras que respaldan los índices ASG debe mejorar sustancialmente. Si hay externalidades negativas sostenidas y mal gestionadas, no hay salud financiera posible para la empresa.
La segunda observación, tiene que ver con la responsabilidad que asume la cúpula del gobierno corporativo de cada empresa con relación a la información entregada, a diferencia de los tradicionales “reportes de sostenibilidad”, firmados por los gerentes generales. Esto reafirma el rol de liderazgo de los directorios, cada vez más frecuente, en impulsar una estrategia de negocio que apunta a un propósito de sostenibilidad. A nuestro juicio, el estándar de las métricas deberá sí o sí elevarse justamente por la mayor responsabilidad de los directores que lleva aparejada esta norma de carácter general N°461. Por esta razón, no son pocas las empresas que, ante el advenimiento de esta norma, están incorporando al área financiera en un rol clave para la elaboración de esta información. Así, la reportabilidad deja de ser una responsabilidad delegada a un área específica y se transforma en un ejercicio colaborativo que involucra a toda la compañía.
Estamos convencidos de que las métricas ASG son financieras, son absolutamente materiales porque impactan en los resultados de las compañías. A estas alturas del siglo XXI, con los nuevos estándares exigidos en el ámbito del financiamiento, la regulación y la demanda de la ciudadanía y los stakeholders, es impensable que las afectaciones de las empresas en el entorno, las comunidades y todo el ecosistema de gestión no tengan una mirada integrada con lo financiero. Tampoco creemos que esto sea una derrota para las gerencias de sostenibilidad o las áreas de marketing, preferimos pensar que es una tremenda oportunidad para que las organizaciones consideren cambios en la gobernanza que permita elevar estándares de gestión.
Lo que no puede suceder es que exista una distancia entre estas métricas y la estrategia del negocio; así permitimos que directores y la alta administración estén al día respecto de los riesgos asociados a los factores ASG. Hace un buen tiempo que estos riesgos dejaron de ser netamente operativos; hoy, son estratégicos, con impacto en el resultado final y en la reputación y, por tanto, deben ser de preocupación y monitoreo permanente de los directores.
Es inevitable relacionar esta nueva práctica con el actual proceso de cambio institucional del país, en un contexto de fuerte desconfianza ciudadana hacia el mundo de los negocios. Más allá de una norma que las empresas deberán cumplir, la NCG 641 es una gran oportunidad para que, sobre la base del diálogo, la colaboración y la co-construcción de soluciones a desafíos de la sociedad, las compañías transiten a un buen ritmo por el camino, que les permita reconquistar la necesaria legitimad social.
Por último, cabe destacar lo oportuna de esta norma con relación a lo que sucede en la vanguardia del mundo de los negocios a nivel global. En la reciente COP26 se lanzó el International Sustainability Standards Board (ISSB), un emisor de estándares globales para la divulgación de la sostenibilidad del mercado de capitales que, en las palabras del presidente del World Business Council for Sustainable Development, “realmente preparará al mundo para la consolidación y estandarización de los informes basados en la materialidad sobre gases de efecto invernadero. Este será el lenguaje para integrar lo que hacen las empresas y lo que valorará el mundo financiero”.
