Opinión
La renovación de la mesa directiva de la Convención Constitucional determinó que, por voluntad de la mayoría de las y los convencionales, dos profesionales del mundo de la Salud Pública fueran elegidos para conducir el trabajo que nos lleve a la construcción de una nueva Constitución Política para nuestro país.
Para poder valorar el alcance de este hecho, conviene primero tratar de aclarar lo que significa el concepto de Salud Pública, pues su uso suele conducir a confusiones. Muchas veces se recurre al término Salud Pública para referirse al sistema público prestador de atenciones de salud, o a servicios relacionados con el ambiente (ej. saneamiento básico), servicios preventivos para grupos vulnerables (ej. programas de atención materno-infantil o de población adulta mayor) o problemas de alta frecuencia o peligrosidad (ej. epidemias).
Salud Pública, sin embargo, no significa un conjunto particular de servicios; tampoco significa una forma de propiedad, ni un tipo de problemas. La esencia conceptual de la Salud Pública radica en su nivel de análisis que es de naturaleza poblacional. Dicho de otro modo, la esencia de la Salud Pública descansa en una perspectiva que pone su foco en la salud de grupos de personas o poblaciones, respecto de las cuales busca, por una parte, conocer la situación de salud y los factores que determinan y condicionan los problemas que esas poblaciones tienen y, por otra, organizar la respuesta social que permita enfrentar de manera efectiva y equitativa esos problemas y promover un mejor nivel de salud de la población.
Más allá de la natural alegría y profundo orgullo de la comunidad de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, donde María Elisa Quinteros y Gaspar Domínguez se formaron en la disciplina de la Salud Pública y, por cierto, de toda la comunidad de la salud pública a lo largo del país; la elección de estos jóvenes especialistas en Salud Pública tiene un alto valor simbólico si entendemos a la salud como un derecho fundamental ubicado en el centro de las decisiones políticas y con un enfoque intersectorial. En efecto, ya hace un par de milenios, el primer principio del derecho público romano republicano planteaba Salus populi suprema lex (la salud del pueblo es la ley suprema). Más recientemente, en 2006, bajo la presidencia de Finlandia, la Unión Europea adoptó el lema de “Salud en todas las políticas”, reconociendo así que la salud es influenciada en gran medida por los estilos de vida y el ambiente, es decir como las personas viven, trabajan, se movilizan, como usan su tiempo libre, como comen y como beben. Este lema fue posteriormente respaldado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), entidad que desde su creación en 1948 adoptó una definición amplia de salud no solo como la ausencia de enfermedad, sino como un estado de completo bienestar físico, mental y social. Consistentemente con este enfoque y sobre la base de la abundante evidencia que muestra que la salud física, mental y social y el bienestar están imbricados y que la salud es influenciada por un amplio rango de determinantes que se encuentran más allá del sector salud, la OMS desarrolló el modelo de los Determinantes Sociales de la Salud para orientar a los gobiernos a desarrollar políticas que pongan en el centro a la salud de la población.
La misión de elaborar una nueva Constitución que le ha sido asignada a la Convención es, en sí misma, una enorme oportunidad. El solo hecho que la nueva Carta Magna sea elaborada por una Convención que está conformada exclusivamente por ciudadanos y ciudadanas elegidos, con paridad de género y representación de pueblos originarios, representa la mejor opción para que esa nueva Constitución establezca el gran marco que permita el desarrollo de una sociedad más cohesionada y, sabemos, que la cohesión social es un factor protector del nivel de salud de la población. El desafío es, sin dudas, mayor, pues no es otro que construir una sociedad más justa, más solidaria, en la que ninguna persona pueda ser discriminada debido a su nivel de ingresos, su color de piel, su orientación sexual o su lugar de residencia. Desde la Salud Pública podemos afirmar, con evidencia científica, que avanzar en equidad y solidaridad contribuye significativamente a mejorar el nivel de salud de la población, como también lo hace el fortalecer relaciones de colaboración y cooperación en vez de aquellas de competencia. En esto, por supuesto, no podemos olvidar que una relación más respetuosa y amable con el medio ambiente es parte fundamental de construir Una Salud para todas y todos.
Si a lo anterior se agrega un nivel de consenso técnico y político bastante más amplio que el alcanzado en años anteriores respecto a la necesidad de construir un sistema de salud que sea el mismo para todas y todos, terminando así con el sistema actual que segrega en función del nivel de ingreso y daño en la salud de las personas, se abre hoy una enorme ventana de oportunidad para nuestro país.
La elección de dos salubristas para estar al frente de la Convención Constitucional, entonces, representa una muy importante señal que nos permite mirar con renovada esperanza la posibilidad de avanzar decididamente hacia una sociedad chilena que, en definitiva, sea simplemente más humana y en la que se cultive el buen vivir.
