Opinión
Que niños, adultos mayores y en general que existan personas viviendo en la precariedad máxima, nos obliga a pensar fuera de la caja y como sociedad a buscar una solución en el corto plazo y de carácter urgente.
Los datos sobre la mesa son evidentes, el país requiere con urgencia dar una solución habitacional a casi dos millones de personas, esto equivale a más del 10% de la población, adicionalmente se deben reemplazar cerca de 500 mil viviendas que se encuentran en muy mal estado.
Habiéndose acabado las elecciones y con buena parte de los trabajadores y políticos en vacaciones, parece haber quedado en el olvido las millones de personas que no tienen acceso a una vivienda, rápidamente se acerca el invierno y ni el gobierno actual ni el entrante poseen una fórmula para acabar de manera acelerada con el problema de la vivienda, pues todas las propuestas son a largo plazo.
La explicación de esta supuesta imposibilidad técnica para resolver tamaño déficit se encontraría en que los proyectos habitacionales poseen plazos de aprobación largos, sumado al periodo de construcción y de recepción, adicionalmente está la supuesta escasez de suelo, que es más un aspecto regulatorio y de restricciones de los planos reguladores que de realidad geográfica.
A pesar de ello y asumiendo que lo anterior es cierto, entonces para que la solución política propuesta es informarle a esas miles de familias que sigan viviendo por varios años más en las mismas condiciones, pues o no son prioridad o simplemente no hay recursos para que tengan una mejor vida.
Para solucionar el déficit habitacional, de manera austera, efectiva y acelerada debemos dividir el problema en dos partes, la primera es que hay que facilitar el acceso a un techo digno a estas miles de familias y en segunda instancia se debe considerar que exista la oferta inmobiliaria de calidad y cantidad para que el mercado funcione de manera efectiva y pueda construir y satisfacer el déficit de vivienda propia en el largo plazo, la segunda parte del problema es el punto inicial del problema y solución actual, pero lo cierto es que con creatividad podemos ayudar no solo a estas miles de familias a tener un techo digno, sino que además podemos ayudar a la clase media.
Si ayudamos a familias de clase media, por ejemplo focalizandonos sobre todo personas mayores que tienen sus casas y las ayudamos con un crédito con aval del Estado a largo plazo para poder construir un segundo piso o una vivienda adicional en terrenos grandes, esto con el objeto de destinarlas para arriendo, entonces podríamos ver aparecer masivamente nuevas unidades para arriendo por todo Santiago (Pudahuel, Puente Alto, Maipú, La Florida, San Bernardo, Ñuñoa, Providencia, Las Condes) y en regiones también (Talca, Curicó, Puerto Montt, Arica, Iquique, Osorno, entre muchas otras ciudades)
Cómo las viviendas actuales ya tienen regularización y los planes reguladores de esas comunas permiten construir un segundo o incluso un tercer piso, entonces el déficit habitacional podría solucionar de manera relativamente rápida, entre 1 o 2 años, esto considerando que la construcción de un segundo piso puede tardar alrededor de 6 meses.
Dicho de otra forma, actualmente existen más de 5 millones de viviendas, de las cuales más de 4 millones son casas, de ese total, más de 2 millones poseen las características para poder realizar una inversión de este tipo.
Si uno considera una vivienda de un piso y pensamos en construir un segundo piso, entonces dos millones de hogares podrían construir uno con entre 2 y 3 habitaciones. Posteriormente, estas familias arrendarían dichas habitaciones o pisos, lo que sería un ingreso adicional para los dueños. Además se generarían empleos de manera significativa.
Dado que la inversión total señalada podría llegar a superar los MMUS$60.000, se reconoce como imposible que el Estado lo cubra, pero eso no le quita responsabilidad ni le resta posibilidad de actuar, pues el apoyo puede realizarse con un crédito con aval del Estado a 30 años, donde el valor de la cuota podría estar entorno los $65.000 -$150.000 pesos mensuales y el arriendo podría estar entre los 150.000 y 300.000 según ubicación, tamaño y materiales. Adicionalmente, el costo fiscal de subsidiar estos arriendos sería en torno a los MMUS$1.500 anuales, esto es equivalente a aproximadamente el dos por ciento del PIB, en primera instancia puede ser visto como un alto valor, no obstante se debe evaluar en su contexto general, pues primero generará miles de empleos e ingresos fiscales por concepto de impuestos, donde entre IVA, impuesto a la renta, contribuciones y patentes comerciales, los ingresos totales superan los diez mil millones de dólares.
Esto permitiría que familias que hoy son vulnerables puedan incrementar sus ingresos, que familias que viven en hacinamiento dejen de vivir en esas condiciones y que familias que enfrentan el déficit puedan tener un lugar donde vivir.
Adicionalmente se impulsará de manera relevante la generación de empleo en el sector de la construcción y producción de materiales para la construcción, sin mencionar la oportunidad que trae la construcción de un segundo piso en materia de transformación sostenible, por un lado se pueden mejorar las condiciones térmicas de la vivienda original y además que todo esto podría ser complementado con la instalación de paneles solares y termos solares para agua caliente, lo que mejorará aún más las condiciones financieras del hogar a la par de que tenemos un país más sostenible, esto permitiría instalar, lo que por ejemplo permitiría duplicar la capacidad instalada de energía solar en Chile.
La solución habitacional y de sostenibilidad está a la vuelta de la esquina, solo se requiere pensar con creatividad, aprovechar las oportunidades, actuar con responsabilidad e incorporar a toda sociedad y a los mercados en la solución, considerando desde la clase media hasta los Bancos pues las familias no pueden esperar más.
