Opinión
Durante el año 2023 se cumplen 20 años de la entrada en vigencia de la Ley N° 19.886. Dicha ley (junto a su reglamento, dictado un año después) pretendió crear un nuevo ecosistema para las adquisiciones públicas.
Debido a ello, esperamos ver –durante el año venidero– muchas evaluaciones de dicha ley y los efectos de ella en el ámbito de las compras públicas.
El universo a evaluar es vasto. Para no hartar al lector (antes de entrar siquiera al aspecto que deseo abordar), baste con señalar, entre otros aspectos, los siguientes:
1) El logro o fracaso de la Dirección de Compras y Contratación Pública (DCCP) en el reemplazo de la anterior Dirección de Aprovisionamiento del Estado (DAE). Este gran tema abarca incluso muchos subtemas: a) el éxito de los convenios marco; b) la eficacia y utilidad del soft law desarrollado por la DCCP a través de sus «directivas», etc.
2) La importancia de la jurisprudencia desarrollada hasta ahora por el Tribunal de Contratación Pública, pese a lo restringido de su competencia.
3) El rol que ha seguido desarrollando la Contraloría General de la República en la interpretación de la ley y el Reglamento, sobre todo en cuanto a las causales que autorizan a los organismos contratantes a eximirse de la licitación pública.
Desde los ámbitos jurídico, económico y gestión pública, esperamos que el año 2023 sea prolífico en evaluaciones y toma de conciencia en los desafíos que tienen las autoridades compradoras en dicho ámbito.
En ese entendido, quiero introducir un par de reflexiones derechamente políticas, para empezar a visibilizar su influencia en este ámbito.
1) Como se sabe, tanto ministros de Estado como subsecretarios son funcionarios de confianza exclusiva. De ello se sigue que, tanto unos como otros, privilegien sobre todo los temas de mayor impacto electoral, aun si el subsecretario funciona como el «jefe de servicio».
En ese orden de ideas, todo el tema de compras públicas es –derechamente– una molestia. Eso se traduce del siguiente modo: una licitación bien hecha no suma ningún voto; una licitación mal hecha puede hacer perder muchos votos. Con todo, eso no es estímulo para ponerse a pensar –con detención– en crear buenos pliegos de condiciones.
No puede extrañarnos que en este ámbito existan muchas delegaciones de firmas a funcionarios de rango inferior y que, cuando se encuentran errores de diseño, la defensa sea únicamente que «no hay nada ilegal o antirreglamentario en las bases», como si bastase con el mero cumplimiento de la normativa para que lo adquirido sea satisfactorio. No hay, pues, suficientes incentivos para «hacer bien las cosas».
2) De lo señalado en el párrafo anterior, se sigue la segunda reflexión. Nada sacamos con solo tener una normativa relativamente acertada y racional que regule a las Administraciones Públicas en su actividad adquisitiva y contar con un sistema de controles correctivos, si no se invierte bien en el funcionariado público destinado al diseño de los negocios en particular.
Necesitamos más herramientas teórico-prácticas para el estudio de los mercados (por ejemplo, los aportes de la teoría de juegos, de las asimetrías de información y de diseño de mecanismos), de modo de comprender mejor qué ofrece cada mercado relevante, si hay buenos sustitutos o sucedáneos; para saber cómo diseñar incentivos para que se presenten más y mejores ofertas; para que, incluso, mediante el mero diseño de las bases, se cree más «valor público».
No basta con un mero cumplimiento de la norma; se necesita apoyo para aprovechar las compras públicas como una herramienta estratégica para conseguir otros fines (compras sustentables, inclusivas, etc.).
Si bien la publicidad de las compras públicas es un paso adelante; y que en su gran mayoría se efectúen a través de una única ventana, las adquisiciones públicas pueden ser una herramienta aún más aprovechada.
Pero ello no será posible sin un apoyo político decidido en la ampliación de las plantas profesionales dedicadas al área de compras públicas, así como un fortalecimiento de las capacidades instaladas y del know how (el cual –en caso alguno– se puede restringir a la normativa positiva). Asimismo, se requieren más recursos para que la academia pueda concentrar sus esfuerzos en la generación de herramientas operativas para la trazabilidad y accountability de la verdadera satisfacción de la Administración del Estado, por sobre la interdicción del enriquecimiento sin causa.
Si bien parece recomendable ampliar la competencia del Tribunal de Contratación Pública para conocer todos los problemas del Iter Contractual (con la enorme recarga laboral que eso significará para el Consejo de Defensa del Estado), mientras no se invierta en capacitar aún más el estamento profesional dedicado a ese ámbito, las compras públicas se transformarán en un dolor de cabeza todavía mayor para políticos y una sangría rápida y permanente del erario fiscal.
