Acerca de la táctica y la estrategia en un período complejo

Chile vive una crisis prolongada cuyo carácter es sociopolítico, económico, medioambiental e institucional, en un contexto internacional complejo debido a la crisis de la globalización neoliberal y los acelerados cambios tecnológicos que impactan en la vida de las personas.

El ciclo abierto por la rebelión social del 2019, evidenció la crisis y, a la vez, la carencia de proyectos alternativos con viabilidad política y sustento social para salir de ésta. Los movimientos sociales no se reconocían en los partidos, ni estos tuvieron un rol importante en el proceso movilizador; sin embargo, lograron canalizar la rebelión hacia el cambio constitucional y con ello dibujar un camino de salida.

Sin embargo, el resultado del plebiscito del 4/S provocó una derrota electoral y política al proyecto transformador en construcción, que, además, incorporó masivamente a más de 4 millones de ciudadanos al proceso electoral, como efecto del voto obligatorio. Pese a ello, la lucha por la hegemonía cultural está abierta, lo que hace posible dejar atrás la Constitución del dictador y proponerse darle continuidad al presente ciclo de reformas. El 4/S también puso de manifiesto, la gravedad y los efectos negativos de la fragmentación política, la débil inserción en las mayorías, la no resolución del grave divorcio entre la sociedad y la política y la incapacidad, hasta ahora, de reinventar los partidos (que no son ni pueden ser sinónimos de movimientos sociales) en condiciones de una creciente capacidad de agencia del individuo, que obliga a repensar la forma en que se articula con lo colectivo.

Durante la etapa que abre la rebelión social, continuó con el proceso de la Convención y la elección del Presidente Boric, la derecha desplegó todo su poder económico y comunicacional, generando el miedo al cambio y hablándole con el sentido común a la mayoría despolitizada. Ahora están en juego las condiciones institucionales que orientarán la vida de la comunidad política en los próximos años. En el campo constitucional, es el tipo de régimen político, su carácter más o menos descentralizado y la sensibilidad ante las demandas populares. En el campo de los derechos, el grado de desarrollo del Estado Social y Democrático de Derecho y la radicalidad de las reformas de pensiones y salud. También la profundidad del reconocimiento de los pueblos originarios (elemento crucial para superar el conflicto del Estado con el pueblo mapuche), la extensión de la paridad a todos los ámbitos de la sociedad y el grado en que se avanzará en el establecimiento de una nueva relación con la naturaleza.

Pese a los errores de diversas características que se han cometido —varios reconocidos y de los cuales se deben sacar las lecciones políticas— y al discurso descalificador permanente que impulsa la derecha, en particular los sectores más radicales, el gobierno se ha ido consolidando y avanza en la realización de los aspectos fundamentales del programa, con lo que se generan las condiciones para superar la grave crisis que condujo a la revuelta popular del 18.0.

Objetivos estratégicos y principales tareas

Un primer objetivo estratégico es darle continuidad al proceso transformador comprometido, para lo que se requiere de un gobierno con iniciativa, controlando la agenda y con apoyo de su coalición. La disputa por la hegemonía se debe asociar a la capacidad de explicar el impacto concreto de las medidas que se toman, debatir con argumentos y sin ambigüedades con el discurso derechista, explicar las decisiones y apoyarse en el pueblo activado tras sus intereses.

Un segundo objetivo estratégico del período es la profundización de la democracia. La continuidad del proceso requiere de la defensa de la democracia como un objetivo permanente, la que está amenazada por la presencia importante de fuerzas de ultraderecha (Republicanos y sectores de la derecha tradicional) y populistas iliberales (Partido de la Gente). El proceso constituyente que se inicia será una lucha por una democracia sin tutelajes, por un sistema político capaz de expresar la voluntad de las mayorías, de carácter descentralizado, con una separación del poder del dinero en la política, en las comunicaciones y con canales efectivos de participación popular.

Para alcanzar estos objetivos es necesario impulsar las siguientes tareas:

La primera es lograr aprobar una nueva Constitución. Luchamos por una Constitución que garantice los derechos fundamentales y al mayor grado de libertades subjetivas de acción; con la posibilidad de reclamar judicialmente su cumplimiento; con el estatus de iguales en la asociación voluntaria que es la comunidad política y a participar con igualdad de oportunidades en los procesos de formación de la voluntad común. Buscamos que los ciudadanos ejerzan su autonomía política para asegurar las condiciones de vida social y ecológica dignas y que permita disfrute de la igualdad de los derechos civiles. En el contexto de la existencia de grandes desigualdades estructurales no es suficiente la perspectiva liberal que sostiene que bastan las normas que protegen la autonomía privada para asegurar los derechos económico – sociales de la mujer y de grupos discriminados.

Es probable que el Estado Democrático Social de Derecho tenga un amplio apoyo, pero requiere que se reafirme el rol particularmente relevante del Estado en la provisión de los servicios sociales y el carácter complementario del sector privado. Es crucial, además, consolidar los avances alcanzados por el feminismo, la consciencia medioambiental y los derechos de los pueblos originarios

Por otra parte, el sistema presidencial ha mostrado evidentes señales de agotamiento y de incapacidad para asegurar la gobernanza democrática del país. Se requiere avanzar en un sistema parlamentario acotado que permita que se expresen las mayorías con el respeto de  los derechos de las minorías. También es importante que la descentralización incluya los aspectos fiscales.

La segunda tarea es asegurar las condiciones para la gestión política exitosa del gobierno. El Presidente de la República ha sido central para enfrentar un período político extraordinariamente convulso: con una crisis económica global que ha puesto en duros aprietos a la gran mayoría de los países, incluido el nuestro; un Congreso muy fragmentado políticamente; un déficit fiscal de sobre el 22% del PIB en el último año de gobierno de Sebastián Piñera; una inflación en alza desde 2021, y una pandemia que no termina de quedar atrás.

Para que las transformaciones puedan avanzar es fundamental construir una mayoría, lo que requiere constituir una fuerza política que la estructure. Esa mayoría tiene una dimensión social y una institucional y, para avanzar en ambas dimensiones, es fundamental tanto rediseñar las formas en que el gobierno y los partidos que lo apoyan se relacionan con la sociedad y el mundo popular, como asegurar las medidas que impacten positivamente las condiciones de vida de la población, en particular la reforma previsional, de salud y la reforma tributaria que permite su financiamiento, articulando una estrategia comunicacional con partidos, organizaciones sociales e intelectuales.

Una medida del éxito será que el Presidente Gabriel Boric entregue la banda presidencial a una compañera o compañero de la actual coalición gubernamental. Cabe, en este contexto, relevar las tres funciones fundamentales del Presidente de la República la de jefe de Estado, jefe de Gobierno y jefe de la coalición. Este último punto debe ser fortalecido de manera de construir una sólida alianza de gobierno cuya inexistencia es probablemente su mayor debilidad.

La conducción política del Gobierno muestra señales de creciente afiatamiento, puesta a prueba con la temporada de graves incendios. Aunque persisten debilidades, el comité político incluye las principales fuerzas de las dos coaliciones, lo que debería constituirse en el eje para construir la alianza de gobierno que permita llevar a buen término la presente administración y proyectarla en un nuevo gobierno del mismo signo. Un paso importante habría sido constituir una sola lista de las fuerzas que apoyan al gobierno para las elecciones de consejeros constitucionales. Ello no fue posible, pero cabe valorar la constitución de una lista de las izquierdas potente con la incorporación del Partido Socialista y la voluntad de ambas listas de colaborar, entendiendo que los adversarios están en la derecha, la ultraderecha y el populismo. Sobre esa base, el liderazgo presidencial debería empujar con fuerza la constitución de la alianza de gobierno, que concuerde un programa para los tres años que tiene el gobierno por delante, que incluya definiciones procedimentales para el funcionamiento de la coalición y un protocolo que oriente las relaciones de las distintas fuerzas. Así será posible enfrentar con éxitos las próximas elecciones municipales, regionales y finalmente las presidenciales y parlamentarias del 2025.

No es sostenible que la alianza gubernamental en la práctica no opere como instancia de dirección política de las fuerzas que apoyan al gobierno. El Frente Amplio, que tampoco ha sido un órgano de dirección para sus partidos, debiese ir a un proceso de superación de su propia dispersión, mediante una estrategia compartida de unificación desde abajo, inicialmente en torno a las tareas político – electorales y de respaldo al gobierno.

La constitución de una alianza única de gobierno es fundamental tanto por razones de eficacia política como, y más importante, parte de la reconstrucción del escenario político en marcha luego de la rebelión popular. Este hecho, aceleró la fragmentación y emergencia de nuevas orgánicas políticas, lo que provoca reacomodos y procesos de cambio político al interior de los partidos, haciendo posible la actual convergencia en torno al gobierno de sectores y partidos de la ex Concertación y Apruebo Dignidad. Las dificultades que plantea tanto el origen histórico de ambas coaliciones, como el hecho que el FA haya nacido ejerciendo una fuerte crítica a los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría, y que todavía exista en algunos un espíritu de “superioridad moral” y en otros un cierto “espíritu de revancha”, expresa cierta incomprensión del proceso histórico que está en juego.

La constitución de una sola coalición de gobierno implica una amplia deliberación pública, que pasa entre otras cosas en dilucidar y concordar lo que entendemos, hoy, por el proyecto político de las “fuerzas transformadoras”.

Una tercera tarea es dotar a la izquierda que ha emergido de las movilizaciones sociales del 2011, de un proyecto político capaz de orientar la acción de largo plazo con una coherencia que le permita actuar en el campo concreto de las correlaciones de fuerzas. Nacida con un discurso inicialmente impugnador, puedo desarrollar las propuestas programáticas presidenciales del 2017 y luego el 2021. Sin embargo, requiere de una profundización que, recuperando lo acumulado en el texto constitucional de la Convención, logre dar cuenta del propósito de llegar a constituir una sociedad democrática, más igualitaria, con libertades y que, con una estrategia de desarrollo pos neoliberal, asegure el bienestar colectivo y el disfrute de la vida en común. También se hace necesario el aprendizaje de las lecciones de la derrota en el plebiscito y los efectos que tiene en el propio proyecto inicial. Esto explica, en parte, cierta confusión entre los y las militantes y dirigentes sobre cómo responder a la reacción de derechas ante las acciones transformadoras y la desconfianza popular que producen.

Una tarea crucial para esta izquierda, si quiere tomar el hilo de la historia del movimiento popular para abrevar de esa experiencia, requiere tener claridad de las experiencias de los autoritarismos de los países llamados del “socialismo realmente existente”,  de las revoluciones mexicana, cubana y nicaragüense que marcaron estrategias y cambios políticos, con sus derivadas contemporáneas no previstas; estas y las experiencias dictatoriales de los años 60 al 80 del siglo pasado, como respuesta a las demandas populares son parte del presente, se expresan de diversos modos. Es por esto que en el contexto de las grandes y rápidas transformaciones sociales, económicas, medioambientales y tecnológicas actuales, requieren de un compromiso con la democracia y los derechos humanos a la par que un esfuerzo teórico político de renovación socialista que permita la transformación de la sociedad a la vez que, esta vez, el impulso transformador no se frustre.

Una cuarta tarea es la necesidad de renovación y refundación de la izquierda. Es posible identificar en términos generales cuatro sectores: a) la llamada centroizquierda que se debate entre la continuidad del proyecto concertacionista de reformas al modelo y las posturas críticas a esa tradición, que concluyen la necesidad de su cambio; b) el sector de los  grupos anti-partidos (que muchos adquieren ribetes más bien anti políticos) que realizan la política “de principios” sin considerar la política, es decir reconocer las correlaciones de fuerza para la definición de los objetivos alcanzables; c) los sectores de tradición comunista que, teniendo una visión tradicional del marxismo y el socialismo propia del siglo XX, no se ha permeado con los nuevos aportes de la teoría crítica, pero han avanzado con pragmatismo ante las nuevas realidades; y, d) un sector, en que se inscribe Convergencia Social y el Frente Amplio, que tiene como norte fundamental compatibilizar el compromiso democrático estricto con la transformación de la sociedad hacia una sociedad con justicia social, libertades y que, definiéndose socialista, integra el feminismo, el ecologismo y las nuevas tendencias del pensamiento crítico.

El proceso constituyente dejó en evidencia que los movimientos sociales son, siempre, expresiones parciales de la sociedad y particularmente de quienes dicen representar y que de ninguna manera pueden sustituir a la “organización política”. Asociado a la tarea de concordar un relato es necesario avanzar en la reinvención de las organizaciones políticas que requiere el período que vivimos. Ello supone imaginar nuevas formas de relacionamiento entre la sociedad y las organizaciones políticas y con el Estado. Crucial es entender que con todo lo importante que son los movimientos sociales, ellos no son sinónimo de la sociedad. En este contexto, con todo lo importante que es la relación entre el gobierno y la sociedad políticamente interesada, es crucial lograr la conexión con el mundo políticamente desinteresado, lo que implica trabajar en caracterizarlo y el desarrollo de estrategias de conexión con ello. Crucial para esta tarea es “descubrir” cómo se articula en la sociedad y democracia moderna, el individuo empoderado con la acción colectiva. La organización y movilización social son fundamentales para el desarrollo social, pues el involucramiento de la gente en la resolución de sus problemas es crucial y una dimensión del esfuerzo de los ciudadanos por constituirse en protagonistas de sus vidas y de la comunidad política.

La historia del país ha dejado en evidencia la importancia de los movimientos sociales en la democratización de la sociedad, en el mejoramiento de las condiciones de vida y los derechos laborales, en la igualdad de géneros, en el establecimiento de una nueva relación con la naturaleza y en el reconocimiento de las diversidades sexuales. No obstante, ningún movimiento puede arrogarse la representación, única, de estas luchas ni menos pretender encarnar la comunidad política toda. Es necesario profundizar el debate respecto de los movimientos sociales: 1) el movimiento social progresista/de izquierda no sufre solo un reflujo; la revuelta popular del 18.0 que se canalizó en el proceso constituyente 1, fue derrotada, quedando además en evidencia que estaba profundamente separado de la sociedad real. 2) No cabe hablar de “movimientos sociales” en términos genéricos, pues son muy variados, pero más importante que eso, existen movimientos sociales que convergen con la ultraderecha y la derecha. Como conectarse como el mundo del trabajo precario, de servicios, requiere un gran trabajo y una gran inventiva. Es cierto que es importante estar en las juntas de vecinos y sindicatos, pero lo cierto es que no está ahí la población a la que queremos llegar. Es claro que todo el mundo político entiende que debe acercarse y ganar estos sectores si quieren construir una mayoría social y electoral por lo que con generalidades y fórmulas gastadas no se ganará esta batalla.

Una quinta tarea radica en la construcción de una alternativa al modelo económico neoliberal para transitar hacia un nuevo modelo de desarrollo y el establecimiento de un Estado Social y Democrático de Derecho que supere el lucro como columna vertebral de la política social. Precisar la estrategia de desarrollo y comenzar a implementarla es decisivo para avanzar en la construcción de una economía sustentable e inclusiva, capaz de insertarse en las cadenas de valor más intensivas en desarrollo tecnológico, al mismo tiempo que privilegia las relaciones con América del Sur y pone atención en desacoplar el crecimiento del consumo energético, de manera de cumplir con los objetivos globales de descarbonización. Importante paso en esta dirección es el programa de desarrollo sostenible anunciado recientemente por el gobierno y las expectativas en torno a la creación de la Empresa Nacional de Litio que apuntaría a generar conocimiento científico y valor agregado.

La crisis pandémica y la crisis económica asociada han vuelto a poner en la agenda pública como prioridad máxima la lucha contra la pobreza que hoy asola a amplios sectores de la sociedad. Clave en tal sentido, es que la política gubernamental compatibilice la estabilidad económica, la reforma tributaria, las medidas procrecimiento y las que mitigan la caída de los ingresos familiares.

La sexta tarea es aislar y derrotar políticamente a la ultraderecha. En la derecha se asiste a una dura lucha por la hegemonía entre la ultraderecha y la derecha tradicional que busca reconfigurarse para un país libremercadista y post pinochetista.

Esta ultraderecha, con fuertes lazos internacionales, constituye un fenómeno nuevo que, aunque incorpora elementos propios de los fascismos de entre guerras, no puede llamarse fascismo ni neofascismo, ni tampoco populismo, pese a que utilice herramientas populistas tanto en su discurso como en su práctica política. Más allá de su diversidad, presenta mínimo comunes entre los que destacan un fuerte chovinismo, identitarismo o nativismo, la crítica al multilateralismo, la defensa acrítica de los valores conservadores y un cristianismo sectario, el desprecio por el conocimiento científico, la condena de la inmigración tachada de “invasión”; utilizando con habilidad las nuevas tecnologías sobre todo en lo que respecta a la propaganda política. A grandes rasgos, estos movimientos y partidos se suelen centrar en sus discursos y propuestas políticas en el nacionalismo, contra la inmigración, la seguridad, la corrupción y la política exterior. Han empujado con éxito la combinación de xenofobia y neoliberalismo, aunque en los últimos años han surgido variantes que han criticado las políticas neoliberales y defienden una suerte de Estado de Bienestar chovinista.

En este cuadro, es fundamental buscar líneas de cooperación con los grupos democráticos coherentes de la derecha para aislar a la extrema derecha. Se trata de frenar a la ultraderecha y su discurso populista, pero con una estrategia que marque la diferencia con otras alternativas, para evitar el “modelo francés”, de terminar apoyando a la derecha para evitar gobiernos de ultraderecha. Para que esto sea creíble, se requiere no vacilar en rechazar a todos los que –de cualquier signo— pretenden poner en jaque la democracia.