Opinión
El mayor desafío que enfrenta nuestro país en 2023 es lograr un gran acuerdo que permita construir un sistema fiscal más incluyente, sostenible y equitativo. Para ello el gobierno se ha propuesto llevar adelante una reforma tributaria progresiva que se centre en los aportes de un pequeño grupo de ultrarricos que se ha beneficiado de unas reglas del juego que han ampliado las desigualdades durante las últimas décadas. Chile tiene una oportunidad inmediata y única para lograr una sociedad más justa para todas y todos.
La urgencia de este cambio se vincula a los efectos de la pandemia de la COVID-19. Entre 2020 y 2022 se incrementaron de forma simultánea la desigualdad y la pobreza por primera vez en las últimas dos décadas, lo que anticipa efectos devastadores a mediano y largo plazo. Un estudio reciente de Oxfam, titulado “Profiting from pain”, aporta datos impactantes: “Desde 2020, el 1% más rico ha acaparado casi dos terceras partes de la nueva riqueza generada en el mundo, casi el doble que el 99 % restante. La fortuna de los milmillonarios aumenta en 2700 millones de dólares cada día, mientras que los salarios de al menos 1700 millones de trabajadoras y trabajadores, más que la población de India, crecen por debajo de lo que sube la inflación. En 2022, las empresas energéticas y de alimentación duplicaron con creces sus beneficios, distribuyendo 257.000 millones de dólares en dividendos a sus ricos accionistas; todo ello mientras más de 800 millones de personas se iban a la cama con hambre cada noche. Por cada dólar recaudado en impuestos a nivel global, tan sólo 4 centavos se recaudan sobre la riqueza, y la mitad de los milmillonarios del mundo vive en países donde no se aplica ningún impuesto de sucesiones a la riqueza que heredan sus descendientes”.
Queda en claro que la pandemia actuó como un factor agudizante de la concentración de riqueza, mientras el contexto de incertidumbre y la guerra en Ucrania han servido para justificar una escalada constante de los precios en consumos cotidianos e insustituibles de la población. Sin duda se han inflado precios y márgenes, a costa de una gran mayoría. La desigualdad y la especulación son siempre efectos de decisiones políticas. Es necesario que los super ricos paguen más, porque si ellos no lo hacen, paga el 99% de la sociedad. Y en ocasiones este pago no es en dinero, sino en los costos ocultos de una vida vulnerable, como se comprobó durante la pandemia: ¿cuántas muertes se podrían haber evitado con un sistema público de salud mejor financiado y eficiente?. Como ha señalado José Antonio Ocampo, Ministro de Hacienda de Colombia, “Gravar la riqueza de los más ricos ya no es una opción, sino una obligación. La desigualdad global se ha disparado y no hay mejor manera de abordarla que redistribuyendo la riqueza”.
En Estados Unidos esta situación ha sido reconocida por el propio presidente Joe Biden, quien en su discurso del Estado de la Unión de este año señaló: “Nuestro sistema fiscal actual no es justo. No es justo. ¿La idea de que en 2020, 55 de las mayores empresas de Estados Unidos, de Fortune 500, obtuvieron 40.000 millones de dólares en beneficios y no pagarán nada en impuestos federales? nada amigos, sencillamente no es justo. Pero ahora, gracias a la ley que firmé, las empresas multimillonarias tienen que pagar un mínimo del 15 %. El 15 por ciento. Eso es menos de lo que paga una enfermera”.
En América Latina la política fiscal ha sufrido de un sesgo de captura que ha beneficiado a las grandes corporaciones, especialmente en los sectores de la alimentación, salud, finanzas y minería. Mientras que los impuestos que afectan a la ciudadanía se han incrementado. En una perspectiva de largo plazo, el informe de Oxfam muestra que el tipo marginal para las rentas más altas ha bajado del 50% en 1980 a un 26% en la actualidad. Simultáneamente, entre 2007 y 2019, la recaudación fiscal en la región creció sólo un 7%, sobre la base de un esfuerzo impositivo que ha gravado a las y los trabajadores a través de un incremento del 11% de los impuestos sobre el consumo, la renta personal, y las contribuciones a la seguridad social. Por el contrario, los aportes tributarios producto de la renta corporativa y la riqueza individual han caído un 5%. Desde el inicio de la pandemia se identificaron 30 nuevos multimillonarios en América Latina y el Caribe, y la fortuna general de los milmillonarios de la región se incrementó en un 21% desde 2020 a un ritmo de 68 millones de dólares al día. Esta cifra es cinco veces más alta que el crecimiento de todo el PIB regional en el período.
Hoy en ningún país de América Latina y el Caribe las rentas del capital pagan más impuestos que las rentas del trabajo. Incluso Oxfam señala que 17 de los 91 mil millonarios de la región viven en países en los que no se aplica ningún impuesto a las herencias, donaciones o sucesiones. Por lo que podrán traspasar a la próxima generación 158.600 millones de dólares totalmente libres de impuestos, lo que alimenta el círculo del privilegio.
La alternativa está clara. Oxfam ha calculado que si se aplicara a escala global un impuesto a la riqueza de entre el 2% y el 5% a los multimillonarios y milmillonarios se podrían recaudar 1,7 billones de dólares anualmente, lo que permitiría a 2000 millones de personas salir de la pobreza e incrementar en 36% la inversión pública en salud. Los ingresos recaudados mediante sistemas fiscales progresivos son la única forma de disminuir las desigualdades y garantizar derechos, especialmente por medio de sistemas públicos de cuidados y diseñando transiciones ecológicas justas, como áreas prioritarias que inciden en la viabilidad de nuestras estructuras de vida, gobierno y sustento.
En Chile ya ha caído en descrédito la vieja teoría del chorreo, que sostiene que la riqueza de las minorías en algún momento llegará al conjunto de la sociedad. La experiencia histórica, de largo y corto plazo, da siempre cuenta de ello. Lo vivido en octubre de 2019 nunca se entendería sin asumir la polarización de la renta y la precarización de la clase media, lo que implica un peligro constante para nuestras instituciones democráticas si no actuamos con prontitud.
La reforma diseñada por el ministro Mario Marcel va en la línea correcta. Apunta en especial a que la gran minería privada se ponga al día en sus aportes mediante un royalty que gravará las utilidades del cobre. A la vez también apunta a nivel de las personas, aumentando los impuestos a quienes tengan ingresos mensuales superiores a $4 millones, sin tocar al 98% de las personas que perciben ingresos menores a ese monto.
Sabemos que la desigualdad es un fenómeno complejo y por ello una mera reforma tributaria no es una medida que solucione todos sus efectos. Serán necesarios muchos otros cambios en las prácticas y políticas públicas para construir un Chile más igualitario, donde se redistribuya el poder, el conocimiento y la riqueza. Sin embargo, implementar una reforma fiscal progresiva constituye una medida esencial e imprescindible, que demanda valentía a un Gobierno que se ha propuesto reducir drásticamente la desigualdad y promover un futuro más justo y sostenible para las personas y el planeta.
