Hay problemas que requieren soluciones rápidas y otros que necesitan acciones urgentes e inmediatas, como los ciberataques. De hecho, en 2022 tres importantes entidades fueron perjudicadas: la Corte de Apelaciones, el Estado Mayor Conjunto y el Servicio Nacional del Consumidor.

Esto no es algo aislado. Según un informe de la consultora nacional Nivel 4, en Chile existe un grado de vulnerabilidad preocupante que afecta a las diversas reparticiones del Estado y que importan riesgos inminentes, como el robo de información o la destrucción de datos.

Pero vamos más allá. Nuestro país sufre al día aproximadamente 25.000 ataques de virus, 50 millones de ataques a los cortafuegos en conexiones a internet y 50.000 ataques a computadores, laptops o tablets según los análisis en tiempo real disponibles en la web.

¿Qué podemos hacer frente a esta amenaza virtual, pero real? Creo que lo primero es considerar como algo urgente la protección de los datos, ya sea a nivel gubernamental como privado, y acortar los tiempos de respuestas frente a un ciberataque.

De acuerdo con el estudio mencionado, la demora para resolver las amenazas más graves en distintos sectores e industrial del país supera los 24 días, mientras que las que consideran riesgos medios o bajos, entre 8 y 16 días.

Desde nuestro punto de vista, se trata de mucho tiempo para resolver un problema tan delicado, por lo que no sería mala idea invertir en mecanismos, políticas y procedimientos de protección eficaces, como servicios de cifrado, protección perimetral, validación de datos actualizados y en respaldos.

A ello, se puede sumar una tramitación más expedita y urgente de la Ley Marco sobre Ciberseguridad e Infraestructura Crítica de la Información que desde el 15 de marzo de 2022 se mantiene en el Senado.

Es necesario estar más atentos. Hemos sido testigos de accesos no autorizados a redes corporativas y estatales. Estamos a tiempo de parar esta escalada tomando conciencia sobre el rol que debe tener la ciberseguridad en todo el quehacer público y privado.