Opinión
La convulsionada discusión política en torno a la seguridad en Chile, ciertamente comienza a generar desorientación respecto a los caminos posibles para hacer frente a esta innegable realidad. Este estado de confusión también se traslada a los análisis políticos sobre el actual escenario. Ejemplo de ello es la reciente columna de opinión del periodista Daniel Matamala, “Las prisas pasan…”, publicada el 1 de abril en el diario La Tercera.
Si bien lo que Matamala busca es transmitir sobre la “frenética irracionalidad que entró en la política chilena”, en relación con la apurada tramitación de la Ley Naín-Retamal, cosa con la que concuerdo y así lo he expresado públicamente, comete en su escritura los mismos errores de los que, con justa razón, acusan al Congreso y al Ejecutivo.
En lo que se equivoca Matamala es en querer sustentar la tesis de un actuar errático sistemático de las parlamentarias y los parlamentarios, poniendo como ejemplo dos procesos legislativos del todo disímiles en la historia de su tramitación. La primera ley aludida por Matamala como ejemplo de legislar con prisa, es la ley contra el narcotráfico y el crimen organizado, Boletín 11.915 y otros. Su última tramitación fue la aprobación mayoritaria en ambas cámaras del informe de la Comisión Mixta, de la cual fui integrante. Sin duda que el artículo más importante de lo dirimido por la Comisión Mixta, que busca resolver las diferencias entre ambas cámaras suscitadas durante el proceso, era la indicación que buscaba mejor precisar algo hoy contenido en la ley vigente, pero sometido a una inaceptable arbitrariedad y discrecionalidad en su aplicación concreta, como es el derecho de los pacientes al autocultivo medicinal de cannabis. Esta indicación fue aprobada por siete votos a favor y tres en contra en la Comisión Mixta. ¿Y por qué llegó a Comisión Mixta? ¿Es en esta etapa del proceso legislativo en que Matamala sugiere que se introdujo una indicación que legaliza el uso medicinal del cannabis? De ser así, está profundamente equivocado.
Hagamos un poco de historia. La modificación al artículo 8° de la Ley 20.000 fue incorporada durante su tramitación en la Comisión de Constitución de la Cámara el año 2020; de hecho, hubo varias mociones similares, de diversas autorías, que modificaban el artículo 8 de la Ley 20.000 resguardando el cultivo para uso medicinal con prescripción médica. Uno de ellos con la firma del entonces diputado y hoy Presidente de la República, Gabriel Boric, otras firmadas por las diputadas Claudia Mix, Karol Cariola, Pamela Jiles y los diputados Tomás Hirsch, Víctor Torres, Leonardo Soto, Vlado Mirosevic, Marcos Ilabaca, Jaime Mulet, René Saffirio y Matías Walker. Como ciudadana interesada en este tema, mucho antes de ser diputada, fui invitada a exponer por la comisión el 3 de septiembre del 2020. Como es de público conocimiento, mi hija fue allanada, sin orden del Ministerio Público, delante de mis cuatro nietos, mientras yo exponía, justamente, sobre la urgencia de mejor proteger a los usuarios medicinales.
En la Comisión la indicación fue votada a favor por Matías Walker (presidente de esta en dicha época); Marcelo Díaz (por el señor Boric); Sebastián Torrealba; Gonzalo Fuenzalida; Marcos Ilabaca; Pamela Jiles; Erika Olivera; René Saffirio, y Leonardo Soto. Vota en contra el diputado señor Juan Antonio Coloma. Se abstienen los diputados señores Jorge Alessandri y Luciano Cruz-Coke (9-1-2). El proyecto de ley en su totalidad fue aprobado en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, el 16 de marzo del año 2021, por 76 votos a favor y 55 en contra.
Pasa entonces en marzo del 2021 a segundo trámite constitucional a Comisión de Seguridad Pública del Senado, en la que se discute todo el año, continuando su tramitación en el nuevo período legislativo que comienza en marzo del 2022. En esta etapa incluso se aprueba indicación de senadores Quintana e Insulza que buscaba mejor proteger a usuarios adultos, distinguiéndoles de traficantes. Fue al final de este largo proceso, en la votación en Sala del Senado, cuando el senador Chahuán pide votar la inadmisibilidad de ambas indicaciones, ante la ausencia de tres senadores oficialistas, gana la moción de la oposición.
El 12 de diciembre del 2022 se vota en la Cámara de Diputadas y Diputados el oficio del Senado, sin la indicación medicinal, y mediante votaciones separadas, se logra llevar las diferencias entre ambas cámaras a Comisión Mixta. Esto incluye la indicación medicinal, pero no así la de uso adulto, que nació y murió en el Senado. Se conforma la Comisión Mixta el 17 de enero del 2023, y se resuelven las discrepancias entre ambas cámaras, con 7 votos de 10 a favor de mantener la indicación medicinal. Se pone la votación del informe de la Mixta como tercer punto de la tabla de la Cámara de Diputadas y Diputados el lunes 6 de marzo, luego del receso legislativo. No alcanzó a verse, y se volvió a poner en tabla el lunes el lunes 13, siendo aprobado por 76 votos a favor, 42, en contra. El martes 14 se sometió a votación el informe de la Comisión Mixta en el Senado, siendo aprobado por 27 votos a favor, contándose 14 votos en contra, siendo despachado al Ejecutivo para ser promulgado como Ley de la República. Lejos de cualquier prisa. Y es recién después de ocurrida la aprobación y despacho de la ley, cuando se presenta el reparo de constitucionalidad por parte de 47 diputados, encabezados por la diputada Ossandón, quienes buscan doblegar la voluntad mayoritaria del Congreso Nacional, recurriendo a la “Tercera Cámara”. Dentro de los 47 diputados y diputadas que se hacen parte del recurso, 9 no asistieron a la votación y 4 se abstuvieron el día 13 de marzo.
Totalmente alejado de la realidad, Matamala afirma, equivocadamente, que esta votación en el Senado se realizó bajo la presión de lo que el día anterior había declarado el general director de Carabineros, en el contexto del asesinato del cabo Alex Salazar, y que la polémica generada en torno a sus dichos no permitió reflexionar y estudiar lo que ese día se votaba en el Congreso, relativo al combate al narcotráfico.
Apresurados dichos que faltan a la verdad, y confunden al público lector. No se le pidió al TC que “arregle la cagada”, como sostiene, ya que las parlamentarias y parlamentarios de ambas cámaras sabían perfectamente que lo grueso de la ley ya estaba aprobada, y que lo medular del informe de la Mixta era la indicación que protege a pacientes, y eso fue lo que aprobaron transversalmente. Esta indicación solo devuelve la presunción de inocencia a quienes ejercen su legítimo derecho al autocultivo, despejando la fuerza persecutoria para orientarlo hacia el verdadero narcotráfico. Paradójicamente, el reparo constitucional a esta indicación ha impedido la promulgación de esta ley tan esperada, que brinda mejores herramientas para la persecución del crimen organizado, en el sentido totalmente contrario de lo reclamado por ese sector político.
Situación radicalmente distinta a lo ocurrido con posterioridad con la ley Naín-Retamal. Aquí sí comparto el análisis de Matamala, y voté en contra de la Legítima Defensa Privilegiada, que abre una deriva autoritaria que pone en riesgo la democracia y sus cimientos. Una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa. Las prisas pasan, los errores, también los periodísticos, quedan.
