Opinión
El mercado de la generación está en problemas. Las causas son varias y todas merecen ser analizadas con atención por parte del Estado. Ello debería hacerse, conforme a las mejores prácticas internacionales, abordando el problema en dos fases (medidas urgentes y medidas definitivas), acompañado de un intensivo monitoreo de las condiciones de competencia.
La cuestión más urgente es que varias generadoras renovables están con un alto riesgo de insolvencia e incumplimiento de sus obligaciones con los bancos que financiaron sus proyectos, en gran medida, producto de que actualmente el costo marginal de la energía en la red está desconociendo un elemento esencial del principio marginalista: el precio recibido por todos los participantes en el mercado debe quedar fijado por el costo variable de operación más alto de las centrales que están en funcionamiento con el objeto de abastecer la demanda.
En el caso chileno se observa que centrales térmicas, con costos de operación más altos que las centrales renovables, son despachadas a mínimo técnico de manera muy frecuente y constante, sin participar de la fijación del precio de la energía. Si este problema de diseño no se corrige rápido, la situación se agravará, afectando las señales para atraer la inversión en energías limpias. Y en esto no hay que confundirse; los mercados no tienen la aptitud de corregir los problemas de diseño institucional. Ese rol es del Estado.
Existe un alto consenso en que la tarificación de la generación en Chile debe ser reformada de manera integral, para incorporar la realidad de una alta penetración de renovables y nuevos escenarios de demanda producto del aumento de la electrificación del transporte y la fabricación de electrocombustibles, pero todo ello toma tiempo, y Chile está muy atrasado.
La solución urgente debería corregir las distorsiones al costo marginal que artificialmente se están produciendo producto de un set de reglas anacrónicas, que no tienen sentido con un parque generador diametralmente distinto al que había en 1982. Una corrección a los artículos 166 y 167 del DS 125/2017 sinceraría las señales de precio en el mercado spot precisamente respetando el principio de que todos los participantes en el mercado reciben, en igualdad de condiciones, el (único) precio que queda fijado por la unidad generadora con mayor costo variable de operación. No hay nada de novedoso en esto.
La solución definitiva de tarificación debería tomar las mejores prácticas internacionales, basadas en la evidencia científica, construyendo consensos y avanzando en propuestas con las que los diferentes actores puedan convivir, incorporando la urgencia de la transición energética y la seguridad de servicio como elementos rectores.
Con ocasión de la pandemia del COVID-19, la Comisión Europea formuló intervenciones rápidas a través de diversos mecanismos regulatorios para asegurar la seguridad de servicio en el mercado energético común, la protección de los consumidores y el establecimiento de salvaguardias para evitar distorsiones de la competencia, precisamente, en dos fases, con medidas de corto y de mediano plazo y poniendo énfasis en el monitoreo de las condiciones de competencia del sector energético. Al igual que en Europa, las autoridades chilenas deberían actuar rápida y coordinadamente para mitigar los efectos de la situación en la que se encuentran las generadoras renovables, mientras se trabaja en las soluciones definitivas. De la misma manera, debería vigilarse muy atentamente las condiciones de competencia del sector. La historia muestra que muchos abusos de competencia se materializan en situaciones de crisis y cuando existen problemas de diseño institucional.
