Opinión
La tensión entre personas e instituciones está en uno de sus puntos más altos y el Gobierno tiene como desafío proponer medidas que favorezcan su atemperación y la restitución de un cemento social que permita la emergencia de la confianza, el reconocimiento y el respeto en nuestras relaciones. El desafío, como sociedad, es reconstruir el tejido social e institucional para que las personas puedan lograr sus objetivos personales, sin que tengamos que estar expuestos al uso de la violencia, y permitir la legitimidad de un interés colectivo con el cual nos identifiquemos como parte de un todo. En este sentido, la producción del orden social requiere de un nuevo paradigma en cuanto a las políticas públicas, que favorezca la creación de programas o medidas para generar vínculos sociales de calidad.
La experiencia que paso a narrar es muy común entre quienes leerán está columna. Me subo todos los días a la micro para ir y volver desde mi casa a mis lugares de trabajo. En esos viajes, que en total me hacen estar alrededor de dos horas y media en el transporte público, la mayoría de los que viajan no pagan su pasaje. Solo constato lo que hace ya muchos años es común en el sistema RED en la Región Metropolitana: la evasión.
Emocionalmente estoy cansado de pagar el pasaje y que muchos no lo hagan, mis emociones me acercan a sentirme un poco estúpido y experimentar una sensación de abuso, y molesto al pensar que nadie hace nada al respecto. Al finalizar los viajes me enojo contra quienes no pagaron, una diversidad de personas extranjeras y nacionales, y, por cierto, afirmo que es necesario expulsar a todos los extranjeros. Luego de tomar once, la rabia se aminora y recupero un sentimiento de solidaridad y empatía hacia los otros y las instituciones, una moral social, algo que me permite ir a dormir un poco más en paz.
Sin embargo, el futuro del sistema RED no parece ser muy auspicioso. Aunque las instituciones públicas y las empresas privadas que proveen el servicio incrementen el control en los accesos, sumen más supervisores o dispongan de inteligencia artificial para fiscalizar el servicio, la evasión continuará alta. Lo estará porque no es un problema solo de normas, recursos económicos, vulnerabilidad, falta de tecnología o por una ética individual degradada, sino porque se rompió el vínculo que sostenía la legitimidad del pago y la forma de respeto/autoridad/confianza entre el servicio y el usuario. Ese vínculo está completamente debilitado, quizás para siempre, y esto porque la evasión en el sistema RED muestra, tal como ocurre en otros espacios de la sociedad, lazos sociales degradados, rotos o debilitados.
La masiva evasión que sufre el sistema RED es un síntoma de una patología social que vive la sociedad chilena y que es la erosión de su moral social, un aspecto fundamental en toda organización social que, entre otras cosas, sirve para facilitar la integración y la cohesión social. En la última década dicha moral social ha perdido sustantividad y fuerza para permitir el “vivir juntos”, lo que nos ha condenado a vivir expuestos a la violencia entre las personas, en una crisis profunda de la autoridad y un desvanecimiento general de principios y expresiones de respeto. Si bien la evasión muestra la debilidad de sectores sociales que no pueden pagar el servicio, esta también indica la débil legitimidad que presenta la relación, mediada por el pago del pasaje, entre las personas y el sistema RED. La evasión denota un agotamiento general del vínculo que sostienen las personas y el sistema RED, una desafección total.
La erosión de la moral social ha sido un proceso paulatino cuya primera alerta fue dada por el Informe sobre Desarrollo Humano (PNUD) del año 1998. En este informe hay clara evidencia de un malestar respecto a los procesos de cohesión e integración, y que se manifiesta como una desafección de parte de los individuos respecto de las instituciones, un fenómeno que no solo es producto de procesos materiales o funcionales objetivos, como la mercantilización general de la sociedad, sino también de una experiencia profundamente subjetiva.
Fueron los primeros síntomas, en posdictadura, de una preocupante patología social, la debilidad del cemento social (moral social) que permite la ligazón entre los intereses y motivaciones individuales, y la conexión de estos con la sociedad o lo colectivo. Desde aquel momento hasta ahora, esta condición ha aumentado, y tanto el Estado como el mercado, como mecanismos de coordinación de intereses, han sido incapaces de abordarla. El estallido social del año 2019 es la manifestación más violenta de este proceso, cuya ignición final, después de varios años con evidencias parciales de la ruptura, comenzó, cómo no, con la evasión de los torniquetes del Metro, quizás el espacio final en disputa, aquel que tácitamente, o simbólicamente, no se tocaba, pero que finalmente fue alcanzado por el reventón.
¿Qué hacer? La respuesta que se puede plantear es coproducir una moral social que permita vivir juntos, un cemento social que facilite los lazos sociales y mejore la calidad de estos, una amalgama que facilite, especialmente, la afirmación del carácter y el respeto a los otros.
Desde el siglo XIX sabemos que la moral social en las sociedades modernas tiene que ver con símbolos y subjetividades, y con sus mecanismos funcionales e institucionales adosados, que no solo derivan de procesos religiosos sino también de fundamentos y valores laicos. Chile, por cierto, no escapa a este desafío y más aún cuando ha tenido que abordar la transición democrática, cambios culturales y demográficos profundos, y, por cierto, la actual y futura transición climática. Además, en la última década, el lento pero continuo avance en la desmercantilización de las relaciones entre las personas ha implicado la emergencia de cuñas de universalismo en la asignación y distribución de recursos, generando, por cierto, un desafío para reorganizar la forma en que las personas ejercen y acceden a sus derechos sociales y económicos, principalmente cuando esta desmercantilización redefine el acceso a educación, vivienda, salud y seguridad social.
Este proceso de desmercantilización y de reuniversalización se ha topado con procesos estructurales a nivel de las personas que son muy desafiantes, especialmente cuando observamos una individualización con subjetividades liberadas y empoderadas, y con exigencias que ya la política tradicional no puede resolver, lo cual muchas veces deja espacio al uso, por parte de las personas e instituciones, de la violencia y la choreza.
¿Es posible la restitución de la moral social? En el mismo periodo en que se presentaba el Informe de Desarrollo Humano del año 1998, Norbert Lechner, líder de aquel informe, escribía un artículo titulado “Tres Mecanismos de Coordinación Social”, un texto que hoy en día ha adquirido una gran relevancia. La principal tesis del artículo es que el mercado y el Estado presentan significativos déficits para producir integración y cohesión. Específicamente la autorregulación de las relaciones contractuales a través del mercado es insuficiente, al igual que la regulación total que ejerce el Estado a través de su acción política.
Ante dicha situación, Lechner propone un tercer mecanismo de coordinación que serían las redes sociales, que en su estructura funcional define que las formas de integración y cohesión están sustentadas por vínculos sociales de calidad y que en su aspecto operatorio implica un proceso relacional basado en el diálogo, la conversación y el respeto, asegurando con esto más integración y cohesión social.
La tensión entre personas e instituciones está en uno de sus puntos más altos y el Gobierno tiene como desafío proponer medidas que favorezcan su atemperación y la restitución de un cemento social que permita la emergencia de la confianza, el reconocimiento y el respeto en nuestras relaciones. El desafío, como sociedad, es reconstruir el tejido social e institucional para que las personas puedan lograr sus objetivos personales, sin que tengamos que estar expuestos al uso de la violencia, y permitir la legitimidad de un interés colectivo con el cual nos identifiquemos como parte de un todo.
En este sentido, la producción del orden social requiere de un nuevo paradigma en cuanto a las políticas públicas, que favorezca la creación de programas o medidas para generar vínculos sociales de calidad. Apoyar la creación o desarrollo de vínculos sociales de calidad debiese tener un impacto integral en las personas y la sociedad, mejorando sus vínculos ya sea para alcanzar sus objetivos o para redefinir las formas de resolución de los conflictos, permitiendo, de este modo, mantener un equilibrio saludable en la producción del orden social, esto entre la espontaneidad que propone la lógica de los mercados autorregulados y la verticalidad burocrática que es propia a la acción del Estado.
