Opinión
La condonación del CAE no debería ser una prioridad en el destino de los fondos fiscales cuando existe insuficiencia de recursos estatales, si se la compara con otras necesidades de la ciudadanía. Los motivos son varios, desde recuperar los principios éticos respecto a que los compromisos se cumplen, hasta la búsqueda de una mayor equidad social. Por otra parte, si existieran fuentes de financiamiento suficientes, debería ser más importante reformar los objetivos de mejorar la gratuidad de la educación. También queda como incógnita si se debe compensar a aquellos que ya pagaron parte o el total de los compromisos originales.
Durante la campaña electoral, la candidatura del actual Presidente se esmeró en hacer muchas promesas, entre ellas terminar con el Crédito con Aval del Estado (CAE) y pagar la deuda histórica con un segmento numeroso del profesorado, ambas recordadas permanentemente por los interesados.
Entre las promesas formuladas, el Presidente Gabriel Boric señaló la condonación de las deudas del CAE, tanto las impagas como los compromisos futuros. En esa época la situación fiscal no era tan apremiante como en la actualidad, ni se había rechazado la reforma tributaria presentada por su Gobierno. Después de más de un año de su administración, le continúan llegando las facturas de cobro, a pesar de que no ha sido un tema de urgencia como es la reforma de las pensiones.
El CAE fue una iniciativa del Gobierno del Presidente Lagos, ante la presión ciudadana por tener acceso a la Educación Superior y constituyó un avance sustantivo en la expansión de la matrícula en torno a 1.200.000 estudiantes, un progreso significativo.
Considerando que el fisco carecía de los recursos financieros necesarios para un crecimiento como el ocurrido, se recurrió al crédito bancario directo a los estudiantes para lograr las metas, aunque con el aval del Estado, para resguardo de los acreedores.
Originalmente el CAE establecía condiciones crediticias onerosas, lo cual llevó a los gobiernos posteriores a mejorarlo para los deudores, como rebajas en las tasas de interés y posibilidades para suspender transitoriamente los pagos en determinadas situaciones.
Sin embargo, tiene también algunas condiciones favorables para el estudiante, ya que se asigna para todos los años que dure la carrera y se puede cambiar una vez de especialidad. El alumno no tiene la obligación de pago mientras está estudiando, no requiere de avales familiares y las cuotas pueden ser no mayores al 10% de su ingreso laboral. Además, el deudor define anualmente el monto que requiere y los plazos para pagar fluctúan entre 5 y 20 años.
En su reciente Cuenta Pública, el Mandatario señaló que, mientras no se apruebe una próxima reforma tributaria que entregue fondos suficientes para el pago, la condonación no será posible. Posteriormente, el ministro de Hacienda indicó que el apoyo a los deudores del CAE debe tener su propio financiamiento con una ley propia. Como es obvio, esas afirmaciones, en el sentido que el fisco no tiene los recursos necesarios para enfrentar este compromiso, es una fuente de presión sobre la oposición política para que entregue los fondos.
El costo de la condonación es muy elevado; si fuera total podría llegar al equivalente al 3,2% del PIB, alrededor de US$ 10.200 millones, según Libertad y Desarrollo, considerando no solo la deuda actual sino también la aún no vencida y los avales del Estado. Al CAE deben sumarse los Créditos Corfo para la Educación Superior y el Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU), promovido por el Consejo de Rectores.
Según la Comisión Integra, el crédito estudiantil desde su creación ha financiado a 1.158.000 estudiantes, de los cuales 818.000 están en etapa de pago.
A pesar de los beneficios otorgados, las promesas de condonación de las deudas han llevado a una creciente insolvencia del sistema. Por ejemplo, los egresados de la educación superior en el año 2022 estuvieron en mora en un 46,9%, que subió en 2023 al 79,6% con la llegada del nuevo Gobierno, incentivada por la promesa de la eliminación de la cobranza.
Esta situación es desalentadora y refleja la masificación de una nueva cultura de los deudores de no respetar sus compromisos, con graves consecuencias en la moral y el Desarrollo Económico del país. Debe considerarse que parte de los deudores pertenecen a grupos de egresados, en que la mayoría ya tiene trabajo y podría pagar por lo menos parte de sus deudas. Estos segmentos no se encuentran entre los más pobres, que se benefician de la gratuidad de la enseñanza, y sus incumplimientos obligan al Estado a pagar su garantía destinando recursos que tienen un uso alternativo en necesidades sociales más urgentes y prioritarias.
La gratuidad de los estudios superiores se inició en 2016 y favorece al 60% más vulnerable y se calcula de acuerdo a los aranceles por carrera determinados por la autoridad, lo cual implica que los aumentos sostenidos en los costos ocurridos en los últimos años limitan el acceso a todos los recursos necesarios. Adicionalmente, no todos los planteles pueden ofrecer la gratuidad de la enseñanza, aunque el crecimiento de las instituciones adscritas ha aumentado los requerimientos de recursos fiscales.
Los diferentes costos de cada carrera han significado distintas incorporaciones a la gratuidad, rompiendo el objetivo de la equidad que se busca. Algunos de los elementos anteriores han llevado a críticas tanto sobre el diseño del programa como su implementación.
En 2022, la gratuidad favoreció a 460.683 estudiantes, estimados en el 38,2% del total, con diferencias por planteles favorecidos, ya que en las universidades estatales se concentra el 23,6%, en las privadas del Cruch el 18,7%, en el resto de las privadas el 12,9%, en Institutos Profesionales el 27,5% y en Institutos de Formación Técnica el 17,4%.
La condonación del CAE no debería ser una prioridad en el destino de los fondos fiscales cuando existe insuficiencia de recursos estatales, si se la compara con otras necesidades de la ciudadanía. Los motivos son varios, desde recuperar los principios éticos respecto a que los compromisos se cumplen, hasta la búsqueda de una mayor equidad social. Por otra parte, si existieran fuentes de financiamiento suficientes, debería ser más importante reformar los objetivos de mejorar la gratuidad de la educación.
También queda como incógnita si se debe compensar a aquellos que ya pagaron parte o el total de los compromisos originales.
Los motivos descritos llevan al Gobierno a reconocer que esta promesa de la campaña presidencial, así como otras, son impracticables, no solo por la carencia de recursos sino también porque son desfavorables.
