Opinión
En la anterior votación del proceso de salida participaron 13.028.739 personas, de las cuales 7.891.415 votaron rechazo y 4.859.103 aprobaron, números altos en términos participativos, pero que efectivamente terminaron por rechazar el proceso. Si bien todavía no sabemos cómo se darán las votaciones en el plebiscito de salida del 17 de diciembre, no debemos dejar que estos indicadores nos engañen. La participación ciudadana es importante para que el proceso incluya a la mayor cantidad de personas disponibles, pero no se juega necesariamente en la aprobación del texto, sino en el alcance y llegada de sus normas.
El Consejo Constitucional lleva un mes de funcionamiento y ya van observándose diferencias con respecto al proceso anterior. Claramente ha estado presente la obvia diferencia en cuanto a representación ideológica dentro del órgano, con una derecha mayoritariamente representada y una extrema derecha como punta de lanza, logrando asumir el control del consejo con su presidenta, Beatriz Hevia, la cual pareciera ser la perfecta antónima de la anterior presidenta de la Convención, Elisa Loncón.
Sin embargo, existe una diferencia que no demanda una mirada ideológica, y es la notable baja adherencia y participación que ha existido hasta ahora durante este proceso, tanto en términos de personas participando activamente del proceso como en las personas interesadas en él.
La verdad, es imposible no ver y mencionar que son dos procesos disímiles en cuanto a participación de las personas se refiere, donde uno inició desde las bases ciudadanas (down-up), con una movilización que politizó e involucró a las personas, mientras el otro proceso partió desde las élites políticas (top-down), con partidos políticos que eligieron a sus expertos, definieron 12 bases constitucionales y permitieron un menor número de representantes, los cuales, incluso, tienen que pasar por el comité de admisibilidad al aprobar las normas.
Estas diferencias claramente pueden marcar un proceso, y, en esta ocasión, la gente no parece estar tan involucrada políticamente como antes. Pero para mejor no especular, veamos cómo se ha llevado a cabo la participación en este proceso constitucional, comparado obvio con el proceso anterior.
El principal y más reciente indicador que muestra esta baja participación se observa en el proceso asociado a las Iniciativas Populares de Norma (IPN), existiendo una gran diferencia en comparación al proceso constitucional de la Convención. Esta diferencia existe entre el número de apoyos que existieron hacia las IPN y también en la cantidad de estas que pudieron entrar en la discusión constitucional.
Específicamente en este proceso 225 mil chilenos participaron apoyando alguna iniciativa, emitiendo 580 mil apoyos entre todos, lo cual permitió que 31 normas superarán los 10 mil votos mínimos para ser revisadas por el Consejo. Estos números son bastante menores comparados con el proceso de la Convención, donde participaron 980 mil personas, las cuales dieron 2.8 millones de apoyos para lograr ingresar 78 iniciativas populares de norma.
También podemos analizar la cantidad de participación que existió en cuanto a la cantidad de audiencias públicas en las que se recibió gente. El actual proceso recibió 1.841 solicitudes de audiencia, en cambio, el anterior solamente tuvo 955, lo que podría significar una mejora en este aspecto. Sin embargo, debemos entender que la Convención realizó instancias participativas que este proceso no contempla, como las sesiones territoriales que tuvieron las diferentes comisiones, sesionando en todas las regiones de Chile y en diversas comunas dentro de estas, constituyendo una forma de participación bastante activa. Por todo esto, si bien el Consejo va a tener un mayor número de audiencias, no es tan seguro que esta participación sea realmente mayor que en el proceso pasado, ya que se implementaron medidas diferentes en este mismo aspecto durante el periodo de la Convención.
Algo que sí resalta a la vista es la mejora en el aspecto comunicacional, específicamente en cuanto a la difusión de información a través de redes sociales, donde tanto su página web como sus redes sociales (Instagram, Twitter, etcétera) poseen una mejora explícita, tanto en calidad de imagen como en la forma de llevar el contenido, siendo más sencillo encontrar información sobre el proceso.
Una deficiencia notable en cuanto a participación ciudadana se observa en la negativa a realizar una consulta indígena, afirmación que fue hecha por el Consejo y que actualmente parece confirmarse, ya que no existe ningún proceso relacionado a esta.
Esto tiene dos graves problemas.
Primero, resulta una falta a compromisos internacionales, ya que el tratado 169 de la OIT, ratificado por el Estado de Chile en el 2008, le exige realizar una consulta indígena en problemáticas que vayan a afectar a los pueblos originarios, y claramente cuando se definen las bases constitucionales de un país, estos deben estar presentes y consultados sobre su opinión.
Segundo, esto merma la participación política indígena dentro de nuestra sociedad, la cual es necesaria justamente considerando que existe un conflicto en el que están involucrados, pero también porque los pueblos indígenas poseen una historia de mayor lejanía con el proceso político formal chileno, existiendo poca participación electoral, y, por tanto, poca representación política, constituyendo una necesidad el incluirlos.
Todos estos factores nos hablan de un menor énfasis en la participación ciudadana, lo que siempre es un motivo de preocupación para la llegada y legitimidad de un proceso. Sin embargo, esto no significa que el proceso sea rechazado por ello.
En la anterior votación del proceso de salida participaron 13.028.739 personas, de las cuales 7.891.415 votaron Rechazo y 4.859.103 aprobaron, números altos en términos participativos, pero que efectivamente terminaron por rechazar el proceso.
Si bien todavía no sabemos cómo se darán las votaciones en el plebiscito de salida del 17 de diciembre, no debemos dejar que estos indicadores nos engañen. La participación ciudadana es importante para que el proceso incluya a la mayor cantidad de personas disponibles, pero no se juega necesariamente en la aprobación del texto, sino en el alcance y llegada de sus normas.
