Víctor Huenante/Agencia Uno
A la fecha y tras dos solicitudes de acceso a la información y confusas respuestas de parte de los organismos involucrados, sabemos que, al 30 de junio de 2023, se han gastado 2 mil 260 millones 181 mil 490 pesos en dietas de los integrantes de los diferentes órganos, en la contratación de asistentes y asesores, en gastos de traslado, alojamiento y manutención, y en el financiamiento de los procesos de participación y difusión.
La democracia y sus instituciones tienen un costo. Financiar la actividad política busca asegurar que quienes participen en los procesos de deliberación cuenten con el soporte necesario para representar en igualdad de condiciones a los diferentes sectores de la sociedad y que sus condiciones de origen no sean determinantes en las posibilidades que tengan de promover sus ideas en el debate político.
Por ello, el financiamiento de la actividad política y del funcionamiento de nuestras instituciones es responsabilidad de todas y todos quienes integramos la sociedad. Ello no implica un cheque en blanco, requiere que los recursos sean gastados de forma eficiente y responsable, buscando generar un mayor impacto que el solo cumplimiento de los objetivos previstos y que en su gestión se cumpla con criterios de transparencia y adecuados mecanismos de rendición de cuentas.
En ese sentido, ¿qué ha pasado con los recursos asignados a financiar el proceso constitucional? ¿Cómo se está ejecutando el gasto público?
En marzo de este año, el Ministerio de Hacienda reasignó más de 6 mil millones para cubrir los gastos necesarios de funcionamiento del proceso constitucional. A la fecha y tras dos solicitudes de acceso a la información y confusas respuestas de parte de los organismos involucrados, sabemos que, al 30 de junio de 2023, se han gastado 2 mil 260 millones 181 mil 490 pesos en dietas de los integrantes de los diferentes órganos, en la contratación de asistentes y asesores, en gastos de traslado, alojamiento y manutención, y en el financiamiento de los procesos de participación y difusión.
De acuerdo con las obligaciones que establece la reforma constitucional y las disposiciones de la Ley de Transparencia (N° 20.285), la información referida, junto con los datos de respaldos de las compras, contratos y asignaciones, debería encontrarse permanentemente a disposición de las personas en el sitio de Transparencia Activa del Proceso Constitucional. Lo cierto es que hoy esa información no está disponible en dicha plataforma.
¿Dónde está, entonces? La responsabilidad se diluye entre los tres órganos del proceso, constitucionalmente autónomos y de duración transitoria, y la Secretaría de la Cámara de Diputadas y Diputados, como órgano encargado de prestar apoyo técnico y administrativo al proceso.
La transparencia se refiere a la posición que asumen las instituciones bajo estándares éticos, de tal forma que los criterios que se siguen cuando se toma una decisión puedan presentarse con claridad a las personas que tengan derecho a conocerlos. A la luz de los hechos, pareciera ser que este estándar ético no se está cumpliendo.
Promover un proceso de diálogo constitucional abierto a la ciudadanía no solo exige dar cuenta del debate que lo forma, sino también responder qué se está haciendo con los recursos públicos asignados, cómo se están ejecutando y por qué se han tomado ciertas decisiones. Lógicamente, también significa entregar la información necesaria para que cualquier persona pueda fiscalizar el funcionamiento del proceso.
La transparencia resulta fundamental para legitimar las actuaciones públicas y es imprescindible en el proceso constitucional, dado su origen y su objetivo. El proceso fue instruido mediante plebiscito y su ejecución ha de responder a las personas; de ahí que los órganos encargados de cumplir dicho mandato deban agotar los esfuerzos por entregar a las ciudadanas y los ciudadanos acceso directo y oportuno a los antecedentes que les permitan conocer, involucrarse y vigilar el proceso de discusión de una nueva Constitución.
