Dejémonos de rodeos: la urgente necesidad de un plan B

Partida en falso. Las comisiones del Consejo Constitucional han comenzado sus votaciones y, lamentablemente, parece que estuviéramos en un déjà vu del proceso constitucional anterior. En aquel entonces, a mediados de febrero del 2022, las comisiones temáticas, con gran fervor, pero sin mucha estrategia, elaboraban propuestas muy llamativas, pero que no lograban pasar el filtro del Pleno y su legado terminó siendo el incremento del número de escépticos sobre el proceso, a tal punto que cuando no habían pasado ni tres semanas de votaciones (ya a inicios de marzo del 2022), el horizonte del proceso constituyente se veía oscuro, como terminó siendo. Todo ello, mientras dentro de la burbuja de la Convención Constitucional creían que lo estaban haciendo fantástico.

La historia no se repite, dicen, pero la rima es patente cuando entre las primeras votaciones se aprueban iniciativas para incorporar en la Constitución temas como el rodeo y la cueca, que quizás (ya sabremos) no resistan en el Pleno, pero que instalan en el espacio público, ya desde las primeras votaciones, la expectativa de que estaremos frente a una Constitución partisana, sea cierto o no que ello finalmente ocurra. Por lo tanto, pavimentan el camino –que algunas encuestas ya han trazado– hacia un nuevo fracaso.

La alarma surge porque, a diferencia del proceso anterior, el actual se inicia con un apoyo endeble. Sería devastador que, con tanta inversión y esperanza en este proyecto, nos encontráramos en un punto muerto tras el plebiscito de salida del próximo diciembre. Como país, esto nos pondría en una situación en la que la clase política habría fracasado dos veces sucesivas en su intento de responder institucionalmente frente al estallido social, escenario perfecto para cualquier líder populista listo para capitalizar el malestar ciudadano frente a toda esa clase política.

Por esta razón, los líderes políticos con un genuino compromiso hacia el futuro y responsabilidad cívica deben ya explorar un plan B ante un escenario, muy posible, en el que la propuesta constitucional sea nuevamente rechazada en el plebiscito de salida.

En el proceso anterior también hubo un plan B y, de hecho, dicho plan es lo único que quedó en pie tras el fracaso de septiembre pasado (se trató de la rebaja de quórums para reformas constitucionales desde 2/3 a 4/7). Hoy, un plan B viable y sobre el cual varias voces ya se han pronunciado sería incorporar el proyecto propuesto por la Comisión Experta, como una indicación sustitutiva a la reforma constitucional impulsada por Michelle Bachelet, que todavía espera pacientemente en el Parlamento.

Comprometer ese camino antes de diciembre descomprimiría una tensión que permanece latente y que solo irá creciendo. No hacerlo y que el proyecto efectivamente fracase, abre de par en par el marco institucional para que un futuro caudillo populista, aprovechando alguna oleada de popularidad, utilice esos mismos 4/7 para reformar la Constitución hacia objetivos no consensuados.

Es poco el tiempo que queda, por lo que se debe actuar sin dilación. Los líderes políticos deben reconocer la gravedad de la situación potencial que tenemos a la vuelta de la esquina y crear las salvaguardas pertinentes. El reloj no se detiene y, como nación, no podemos darnos el lujo de postergar más la incertidumbre constitucional. Es el momento de actuar con firmeza y claridad, por el bienestar de todos.