PAÍS
Dos contendientes tiene la licitación del casino de juego de Talca: el grupo Meier –que actualmente detenta la licencia de operación– y el grupo Dreams, propiedad de los hermanos Fischer, quienes aspiran a instalar su sala de juegos en un terreno arrendado que, por ley, no puede ser usado para fines distintos a aquellos que motivaron su cesión a sus actuales dueños y que, además, se encuentra en una zona inundable, como ya se evidenció durante este invierno.
Un paño de terreno que es considerado como zona inundable, y que además fue cedido por decreto presidencial para efectuar actividades ganaderas, agrícolas y ferias industriales (no casinos) a una asociación de privados, durante el Gobierno de González Videla, es el lugar en el cual la empresa Dreams busca instalar un casino de juego en Talca, Región del Maule. Esto, a pocas semanas de que la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) deba resolver qué empresa del ramo se quedará con el casino de esa ciudad.
Actualmente, el negocio está en manos del grupo Meier, que puja por renovar su licencia, mientras que su competidor directo es Dreams, propiedad de los hermanos Claudio y Humberto Fischer, dueños a su vez de Monticello.
Para postular –entre otros antecedentes–, los Fischer presentaron en mayo pasado a la Superintendencia de Casinos de Juego una promesa de arriendo del predio de 8 hectáreas donde levantarán el casino –en el caso de quedarse con el permiso de operación–, ubicado en las cercanías del Estadio Regional de Talca.
Hasta allí todo parece en regla, salvo por un detalle: el lugar donde se pretende construir el casino pertenece a la Asociación Gremial Agrícola Central. Este le fue cedido por el Presidente Gabriel González Videla en 1947 y, si bien hoy son sus legítimos dueños, el decreto publicado en el Diario Oficial los obliga a utilizarlo para realizar exposiciones ganaderas, industriales y propias del giro. Así quedó también por escrito en la sesión legislativa ordinaria del Senado, fechada el martes 19 de agosto de 1947, de acuerdo con la historia de la Ley 8.885.
De hecho, señala el cuerpo normativo, la tierra deberá volver a manos del Estado si la señalada asociación gremial no la utiliza para los “fines señalados”.
Distintos abogados consultados para esta nota indicaron que, para modificar el destino del terreno, se hace necesario dictar otra ley, lo que entramparía la iniciativa de Dreams.
Sin embargo, las prevenciones que realizó el Estado en su oportunidad para ceder el paño no obran en el acuerdo de voluntades firmado ante la notaria Lorena Quintanilla el 23 de mayo del corriente, donde Dreams se compromete a pagar $15 millones mensuales, siempre y cuando obtenga la autorización.
Pero no es todo. De acuerdo con el Certificado de Informaciones Previas de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de la sede comunal de Talca, se trata de un sitio urbano calificado como “zona inundable de alto riesgo” y afecta a la “declaratoria de utilidad pública”.
A lo anterior se suma, por ejemplo, que durante las inundaciones de este año, el terreno quedó bajo metros de agua y cualquier posible construcción deberá realizar medidas de mitigación, las que deben ser autorizadas por la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP, a fin de evitar situaciones de riesgo hídrico.
Las características del contrato de arriendo y del terreno en cuestión llegaron a oídos de la Superintendencia de Casinos de Juego el 29 de agosto pasado, a raíz de un oficio enviado por el diputado Andrés Longton (RN).
En una carilla, el parlamentario solicitó que la titular de la SCJ, Vivien Villagrán, como también el ministro de Justicia, Luis Cordero, emitieran un pronunciamiento respecto al uso correcto del terreno cedido por el fisco, “disponiendo de ser necesario de una investigación por el incumplimiento de la asignación de la propiedad”.
Villagrán contestó a los pocos días. En el documento de dos páginas enviado a la Cámara Baja, la superintendenta de Casinos explicó que, una vez recibidas las ofertas técnicas y económicas de Dreams, comenzó el proceso en el Comité de Evaluación, constituido el 30 de mayo del corriente y donde participan funcionarios de la entidad.
Posteriormente, indicó que la decisión final recae en el Consejo Resolutivo, integrado por los subsecretarios o subsecretarias de Hacienda (que preside), Desarrollo Regional, Turismo, la Gobernación de Talca, la jefa de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y dos representantes de la Presidencia de la República con acuerdo del Senado.
En tal sentido, agregó que los antecedentes sobre los terrenos hoy son materia de evaluación interna, referida a la oferta técnica que ingresó Dreams.
Sin embargo, una copia de la misma respuesta fue dirigida a la cartera de Justicia, ya que la Asociación Agrícola Central estaría buscando por la vía de los hechos cambiar el destino del terreno, establecido en la ley mencionada. De allí que dicha secretaría de Estado podría evaluar si se están cumpliendo las obligaciones.
El Mostrador requirió una versión al alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, y al jefe de la DOM. A través de un asesor, se indicó que “aún no se ha recibido información o solicitudes para este proyecto, por lo tanto, no ha ingresado a un proceso administrativo, es decir, no es posible referirse a un tema que no se nos ha oficializado”.
Lo propio se realizó con los concejales talquinos, así como con Dreams, el grupo Meier y el director de la Asociación Agrícola Central, Luis Urrutia, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuestas.
Independientemente de la postulación de Dreams a la zona de Talca, la empresa de juegos enfrenta otros problemas. El primero es la paralización de las obras del casino hotel en Iquique (aprobada en 2018), que sería construido en un terreno que al año siguiente fue declarado Patrimonio Histórico por el servicio del ramo.
Por esta razón, el pasado 17 de agosto –mientras se evaluaban las ofertas para el casino en Talca–, la superintendenta Villagrán recibió en una audiencia de lobby al nuevo gerente general de Dreams, Patricio Hermán Vivar, y a su par de finanzas, Gabriel Atria Alonso, para analizar el estado de cosas del proyecto nortino.
En segundo término, Dreams ha estado en el ojo del huracán por una investigación que sustancia la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ante una supuesta colusión con las empresas Marina del Sol (MDS) y Enjoy.
Todo quedó al descubierto a raíz de una demanda laboral presentada por Juan Francisco Muñoz, un exejecutivo de Marina del Sol, de propiedad de la familia Imschenetzky de Concepción y el fondo de inversión Clairvest de Canadá.
En el juicio en cuestión fue ingresado un informe preparado por el abogado Javier Veloso, precisamente a petición de MDS. La referencia no daba lugar a dudas: “Solicitud de beneficios de Marina del Sol para el programa de delación compensada” (de la FNE). O en otras palabras, confesar para evitar sanciones. Lo que viene –de comprobarse los hechos– es que los ejecutivos de Enjoy y Dreams podrían enfrentar incluso sanciones penales.
Si bien el juicio laboral ha seguido su curso natural, la filtración del documento provocó que las alarmas se encendieran en el mercado de los casinos.
Un tercer hecho empeoró el escenario, ya que a principios de agosto de 2022 la FNE realizó un allanamiento a las cabezas del rubro, informó La Tercera.
Los efectivos de la PDI llegaron –nada menos– que a los domicilios de Henry Comber, presidente del directorio de Enjoy; Jaime Wilhelm, gerente general de Dreams; Nicolás Imschenetzky, presidente de Inversiones Marina del Sol; y Rodrigo Guíñez, gerente general de la Asociación Chilena de Casinos de Juego, detalló el medio.
Antes del cierre de esta edición –a raíz de las consultas de El Mostrador–, la SJC, respondió lo siguiente:
“Actualmente se está desarrollando la etapa de evaluación técnica de los proyectos postulantes a un permiso de operación en la comuna de Talca, en la que se revisa el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, el origen y suficiencia de los fondos, además de la evaluación de diversos criterios y factores establecidos por ley, entre los que se encuentran los informes del Ministerio del Interior, Servicio Nacional de Turismo, Gobiernos Regionales y Municipalidades donde se emplazaría el establecimiento; así como también las cualidades del proyecto integral y su plan de operación. Para ello, el Comité Técnico de Evaluación de la Superintendencia debe tener a la vista todos los informes que el organismo ha recabado sobre los diversos componentes de cada proyecto”.
Lea la historia de la Ley 8.885
Lea el certificado de informaciones previas
Así se ven los terrenos donde se instalaría el casino:
