Opinión
Ministerio del Medio Ambiente
Algunos desafíos, como la regulación de la salmonicultura en áreas protegidas, deberán ser abordados en el nuevo proyecto de acuicultura comprometido por el gobierno. No podemos obviar los desastres ambientales que se han provocado en los últimos años en nuestras áreas protegidas relacionados con esta industria y las enormes pérdidas económicas asociadas que han derivado en crisis sociales y el menoscabo de miles de empleos.
En el marco del Día Nacional del Medio Ambiente, comenzó formalmente el proceso de implementación del nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas en Chile (SBAP). Se trata de una enorme tarea por delante, y que implica la creación de una nueva institucionalidad encargada de resguardar nuestras áreas protegidas y liderar los esfuerzos para la preservación de nuestra biodiversidad, asumiendo un desafío que tenemos pendiente hace décadas como país.
El Presidente eligió a la comuna de Hijuelas, en el Parque Nacional La Campana en la V región, considerada una Reserva Mundial de la Biosfera, para dar el vamos a este servicio y poder cumplir así compromisos como los que Chile, incluidos 200 países, han adoptado en la última COP15 de Biodiversidad, acordando un objetivo mínimo: el Marco Mundial de Biodiversidad, que propone conservar el 30% de la superficie del planeta, movilizando al menos 200 mil millones de dólares anuales.
Sin embargo, nuestros compromisos a nivel nacional no se han quedado allí, buscando metas aún más ambiciosas en la conservación de nuestra biodiversidad, en particular en la protección de nuestros océanos.
En efecto, durante septiembre el Presidente Boric suscribió un acuerdo conocido como el Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ), que permitirá la creación de los primeros corredores biológicos en ultramar, además de avanzar en la búsqueda de la creación de la primera área protegida internacional en la Antártica.
Los primeros pasos que habrá que dar en la implementación de este nuevo servicio corresponden a la revisión de los 334 sitios prioritarios hoy vigentes, tanto en la Estrategia Nacional como Regional, los cuales deberán ser revisados por el Ministerio del Medio Ambiente en un plazo máximo de dos años, así como la publicación de sus reglamentos.
Por su parte, deberá comenzar un proceso paulatino de reclasificación de las áreas protegidas según los estándares y categorías internacionales, adecuándolas a las seis categorías que contempla el SBAP, lo que permitirá fijar mejores condiciones para conciliar la actividad económica de uso sustentable y de bajo impacto con la preservación y conservación.
Para esto, se incluyen más de diez instrumentos en el párrafo segundo de la ley, entre los que destacan planes de manejo de áreas protegidas, planes de restauración, o planes de gestión y recuperación de especies, según corresponda.
Algunos desafíos, como la regulación de la salmonicultura en áreas protegidas, deberán ser abordados en el nuevo proyecto de acuicultura comprometido por el gobierno. No podemos obviar los desastres ambientales que se han provocado en los últimos años en nuestras áreas protegidas relacionados con esta industria y las enormes pérdidas económicas asociadas que han derivado en crisis sociales y el menoscabo de miles de empleos.
En definitiva, la transformación de nuestra institucionalidad ambiental pretende generar un cambio de paradigma en dos sentidos centrales: por un lado, apuntar hacia un sistema integrado de protección y gestión de la naturaleza a través del servicio; y por otro, desvirtuar una visión antagónica entre el desarrollo productivo y la conservación de nuestro territorio.
Hoy estamos entregando al país un proyecto moderno y ambicioso, pero en línea con lo que nos exigen estos tiempos. Avanzar en aprovechar el enorme potencial de nuestro patrimonio ambiental, y otorgar certezas y definiciones para nuestra institucionalidad, para nuestro desarrollo productivo y para las generaciones futuras.
