Opinión
AgenciaUno
El debate respecto de los permisos ambientales debiese centrarse en cómo garantizar que cualquier proyecto de inversión respete a las comunidades y al medio ambiente, cumpliendo con la normativa local, algo tremendamente básico y que en la práctica hoy no ocurre.
Ya en 2019 se podía escuchar hablar de “permisología” en seminarios gremiales e, incluso, se analizaba una reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que quedó en nada después del estallido social. Sin embargo, fue en 2023 cuando gremios productivos lograron instalar definitivamente el término como un ancla del debate no solo económico, sino también político en el país.
En el difícil momento económico mundial, marcado por conflictos armados, pospandemia y desastres meteorológicos, el sector privado vio la oportunidad de instalar un responsable de la falta de inversión en el país: para ellos, el culpable de todos estos males es el tiempo que se toma el Estado para evaluar proyectos que puedan dañar a los ecosistemas, la biodiversidad y, por cierto, a las comunidades.
Sin ir más lejos, hace pocos días uno de los diarios más influyentes del país aseguraba en su portada, con oportuno alarmismo, que la “permisología derrumbaría las inversiones” a su peor registro, durante 2024.
Es preocupante ver cómo se pierde el foco de la relevancia del cuidado de la naturaleza y el debate se concentra únicamente en la burocracia al servicio de intereses poderosos; sin garantías, de momento, de que el Gobierno marque la pauta en esta materia y con altas probabilidades de que, contrario a lo que se espera, “pise el palito”.
En octubre pasado, en el marco del Encuentro Nacional del Agro y apretado por las quejas de los diversos gremios, el Presidente aseguraba que “en Chile nos estamos quedando atrás, porque nuestro sistema de permisos es incoherente” y anunciaba que, antes del término del año, el Ministerio de Economía presentaría una propuesta de modernización.
Pero, más allá de la agenda empresarial y la importancia de generar inversiones en el país, analicemos dónde radica el problema y qué es lo que se pretende cambiar.
Pese al planteamiento de parte importante del sector privado, un análisis elaborado por el académico de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes, en 2019 (a propósito de la primera ola refundacional al sistema), concluyó que en 25 años analizados (1993-2017) el 75% de los proyectos ingresados al sistema fueron aprobados y que el tiempo promedio para obtener la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) correspondiente fue de un poco más de siete meses.
Si bien el estudio revela que, mientras más complejo el proyecto, más tiempo demora la resolución, lo cierto es que tampoco son valores tan altos como se ha intentado posicionar en la opinión pública: mientras las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) –para proyectos de menor envergadura y de menor impacto ambiental– tardan siete meses en ser aprobadas, los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) –que son más complejos– pueden demorar en promedio 13 meses.
Considerando lo anterior, me parece que es un error centrar el debate en las supuestas demoras del sistema, olvidando intencionalmente las vulneraciones que las empresas cometen, pues así se logra el propósito que persiguen los grandes grupos empresariales: desviar el foco de atención y, de paso, instalar mensajes erróneos y sin asidero real.
El debate respecto de los permisos ambientales debiese centrarse en cómo garantizar que cualquier proyecto de inversión respete a las comunidades y al medio ambiente, cumpliendo con la normativa local, algo tremendamente básico y que en la práctica hoy no ocurre, con empresas que permanentemente vulneran sus Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) y que, cuando la comunidad o las organizaciones de la sociedad civil inician procesos judiciales para que se sancionen estas conductas, logran dilatar los procesos lo suficiente para que finalmente queden en nada.
Ejemplo de ello es lo que está ocurriendo con la empresa Nova Austral, donde –pese a haberse comprobado el daño ambiental provocado al Parque Nacional Alberto De Agostini y luego de cinco años de batalla judicial denunciando los excesos de la compañía en el territorio– aún no se logra una sanción definitiva, luego que recientemente el Tribunal Ambiental de Valdivia desestimara las sanciones aplicadas previamente por la Superintendencia del Medio Ambiente a uno de los centros de la salmonera en cuestión, lo que obliga a la comunidad y a la sociedad civil a recurrir a nuevas instancias judiciales, retrasando el proceso y, lo que es más grave, entregando una pésima señal en el país: vulnerar las RCA en Chile no tiene consecuencias relevantes para las industrias.
Por cierto, es urgente una actualización de la Ley 19.300 sobre las Bases Generales del Medio Ambiente –regulación que se encuentra ad portas de su 30º aniversario– y de las estructuras e instituciones que permiten velar por su correcto cumplimiento, pero es un error considerar en esta ecuación la agenda económica del empresariado por sobre la urgencia climática y social.
Citando la frase del Presidente al mundo agro, preocuparse exclusivamente de las burocracias que podrían retrasar la inversión en este debate y no tomar esta oportunidad para generar políticas públicas que nos permitan hacer frente a las urgencias ambientales que enfrentamos, es caer nuevamente en la política incoherente.
