Opinión
Héctor Andrade/AgenciaUno
Excepto la policía marítima de la Armada, las Fuerzas Armadas tampoco están diseñadas para manejar el crimen organizado, perseguir delincuentes y detener ladrones, asesinos y sicarios. Sí imponen respeto, pero estimo que ello no es suficiente para el problema que experimentamos en las urbes.
Partiendo esta columna quiero dejar claro que entiendo la inseguridad que se vive en muchas comunas de la capital y la desesperación tanto de quienes habitan en ellas como de sus alcaldes y autoridades. Vivimos en un Chile en que el crimen y la violencia pasaron a ser parte del día a día, con delincuentes que no temen a las policías, fiscales, jueces y al Gobierno Central, que son los responsables últimos de asegurar la efectividad del Estado de derecho.
Ante la desesperación por la falta de efectividad de las acciones del Gobierno y las policías que trabajan para el Ministerio del Interior, más de algún gobernador o alcalde ha solicitado la implementación de un Estado de Emergencia o de Sitio, debido a que ello implica que la comuna, provincia o región respectiva queda bajo el mando de un oficial general de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), el cual por ley reporta directamente al Presidente, ya que actúa como delegado suyo en materias de seguridad pública y administrativas, en lo que es una militarización de facto del país.
No es raro que en una situación de este tipo la opinión pública pida la intervención de las FF.AA., debido a que las instituciones de la Defensa Nacional y las policías encabezan la lista de las instituciones más prestigiadas de Chile y sus mandos son reconocidos como las autoridades con mejor imagen pública.
También ayuda a que se pida la intervención de los institutos armados en las zonas urbanas el hecho de que ya están presentes desde hace más de dos años en la macrozona sur y en las fronteras con Perú y Bolivia, desde que se promulgó el decreto 265 en el 2019, o por la vía de la reforma constitucional que autoriza su uso para protección de infraestructura crítica, definición que incluyó, a petición de la ministra Tohá, las fronteras por las cuales ingresan tanto delincuentes como inmigrantes ilegales. Con esos ejemplos, gobernadores y alcaldes dicen ¿por qué ellos tienen ese beneficio y nosotros no?
Las Fuerzas Armadas están diseñadas para atender problemas militares y se entrenan para eso. No están preparadas para resolver problemas policiales y es por eso que la Constitución establece claramente que solo deberán ser usadas excepcionalmente en tareas que no les son propias y es por eso que existen los Estados de Excepción Constitucional. Esto es algo que el actual Gobierno no entiende y ya transformó la excepción en una rutina y, lo peor de todo, lo hace con el beneplácito de ambas Cámaras del Congreso. Lo hace tanto para atender la insurgencia mapuche en la macrozona sur, a la que llama incorrectamente “violencia rural” y, por ende, se maneja como un problema delictual, y lo hace en las fronteras con Bolivia y Perú, en donde el problema es de inmigración ilegal y de crimen transnacional, fenómenos que claramente no son de carácter militar.
Los tres fenómenos que nos tienen complicados son de naturaleza distinta. Una cosa es la insurgencia mapuche, que eventualmente se puede atender con soluciones militares, pero que requiere reconocer que no es un problema policial, ya que, si lo es, deberá ser atendido por las policías y el Ministerio Público. Si lo declaramos por lo que es, las fuerzas militares en un muy corto plazo se pueden hacer cargo del problema, pero ello requiere de voluntad política y aceptar que va a haber bajas a uno y otro lado.
Lo que tenemos en la macrozona sur no es lo mismo con lo que arrancamos hace dos años o lo que se implementó a comienzos del Gobierno de Boric. Partimos usando muy limitadamente las FF.AA., resguardando caminos y controlando lo que por ellos transitaba, para pasar a un modelo actual que da más libertad al jefe de la Defensa en el uso de los recursos, lo que ha traído (junto con un mejor trabajo de las policías y el Ministerio Público) una realidad más controlada y menos peligrosa. Dicho eso, de existir la voluntad de usar todos los recursos del Estado en la eliminación o neutralización de los grupos insurgentes, ello se podría hacer sin mayor dificultad, pero –como dije antes– pasa por entender la naturaleza del problema y tener la voluntad política para resolverlo.
En las fronteras del norte y noreste de Chile el fenómeno es distinto. Tenemos tanto inmigrantes ilegales como grupos criminales transfronterizos que se aprovechan de la gran extensión que tienen esas fronteras y lo inhóspito del territorio para ingresar al país. Claramente ello es un problema, pero es un problema policial, ya que no estamos enfrentando a ejércitos enemigos. El tema no es simple, ya que independientemente de que las Fuerzas Armadas operan apoyando a las policías, su sola presencia indica que estamos militarizando un problema policial y, al igual que en el caso de la macrozona sur, estamos haciendo permanente algo que las normas constitucionales referidas a infraestructura crítica indican que es excepcional.
Los despliegues tanto en la macrozona sur como en las fronteras implican para el Ejército y la Armada esfuerzos para los cuales no están diseñados, debido a que se declaran y atienden como problemas policiales. Están diseñados para la guerra y no para ser guardias de punto fijo. Su máxima efectividad es cuando actúan para eliminar o destruir un objetivo u organización. Excepto la policía marítima de la Armada, las Fuerzas Armadas tampoco están diseñadas para manejar el crimen organizado, perseguir delincuentes y detener ladrones, asesinos y sicarios. Sí imponen respeto, pero estimo que ello no es suficiente para el problema que experimentamos en las urbes chilenas.
El problema criminal de Chile se resuelve rápidamente, entendiendo que los problemas policiales se atienden con soluciones policiales, las que deben ser efectivas, y para que lo sean deben contar con inteligencia, apoyo político y judicial irrestricto. Si ello no ocurre, la opinión pública va a continuar buscando la intervención de las Fuerzas Armadas, cediendo sus libertades individuales a cambio de seguridad y, más importante aún, buscando un liderazgo político fuerte, eficaz y que no tema ejercer su autoridad. Los Bukele son una realidad. La gente ya sabe de ellos y, al igual que los romanos antiguos, quieren que un cónsul se haga cargo de solucionar los problemas y, si ello significa dejar suspendida la democracia, lo van a hacer.
En resumen, el general Martínez tiene razón cuando responde al gobernador Orrego en el sentido de que la militarización de Santiago no va a resolver un problema que es de naturaleza policial y no militar. Evidentemente la presencia militar da tranquilidad, pero el problema solo se resuelve si el Gobierno se pone las pilas, decide ejercer su autoridad, apoya irrestrictamente el accionar de las policías y de la inteligencia del Estado, coordina y acuerda con el Ministerio Público y los tribunales una estrategia efectiva y, por sobre todo, deja atrás todos sus complejos en lo que se refiere al uso de la fuerza para derrotar al crimen organizado y los delincuentes que no nos dejan vivir tranquilos.
Gobernador Orrego: lamentablemente, las respuestas las tiene que pedir a la ministra Tohá y no a los comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas de Chile.
