Hacia una cultura tributaria empoderada y equitativa

En Chile somos unos privilegiados por contar con instituciones fuertes como un Servicio de Impuestos Internos (SII) competente y tecnológico. Sin embargo, y como todas las cosas, el sistema tributario chileno tiene desafíos que no debemos desoír.

Es que los impuestos son el combustible que alimenta el motor de nuestro desarrollo social y económico. Por eso debemos en conjunto apuntar a reducir las brechas de información entre recaudador y contribuyente, en búsqueda de una recaudación más justa para todos.

Investigaciones y experiencias internacionales revelan una tendencia tan alarmante como masificada: está muy documentado fuera de Chile que del orden del 10% de la recaudación de impuestos territoriales (prediales, bienes raíces o contribuciones) recaudada excede lo legalmente estipulado en la ley.

La diferencia se produce a partir de un impuesto con un diseño complejo y poco amigable tanto con el recaudador como con el contribuyente, que considera por lo menos unas 150 variables por inmueble y que, multiplicado por la siempre creciente cantidad de propiedades existentes en Chile, no permite una adecuada aproximación al mismo de manera detallada. En simple: es difícil para el contribuyente saber si el cobro que le están haciendo corresponde a lo que dice la ley, y solo paga.

En Chile, estudios independientes indican que el porcentaje de sobrerrecaudación se aproxima a la realidad internacional. Este es un tema serio que, como empresario y contribuyente, me parece alarmante que contribuyentes honestos pasen a ser llevados por falta de capacidad de defensa frente al recaudador. Porque, si no recurres con pruebas y datos a la autoridad, el problema persiste. Y se paga más de lo que se debe en el tiempo.

En el contexto chileno, donde el impuesto territorial es el sostén de políticas públicas de gran impacto social, como es la PGU, este exceso no solo es injusto, sino también contraproducente para el dinamismo económico, capaz de provocar un círculo vicioso de desinversión.

Reflexionando sobre la situación de emergencia vivida en Valparaíso, por ejemplo, la respuesta fiscal ante la tragedia fue rápida y eficaz, demostrando que la flexibilidad y adaptación son posibles dentro de nuestro marco legal. Esta capacidad, que beneficia con la exención de contribuciones a quienes están ubicados en las zonas afectadas, debería ser la norma y no la excepción, especialmente cuando se trata de incentivar sectores estratégicos a través de beneficios o exenciones fiscales.

Creo que hoy es posible entender al impuesto territorial como un tributo dinámico, que puede y debe ser usado como política pública conducente a la justicia tributaria. Esto permitiría, por ejemplo, a adultos mayores no depender del excluyente criterio del Beneficio Adulto Mayor (BAM) de SII. También, podría incentivar a los desarrolladores y pobladores de proyectos con beneficios sociales a que entreguen valor a la comunidad donde se emplazan.

Hoy, por el contrario, se castiga con más contribuciones el hermosear un edificio, el utilizar terminaciones de mejor calidad, e incluso por el uso de sistemas de arquitectura sustentable como muros verdes y uso de paneles fotovoltaicos. Tres casos que en el contexto actual no se explican y se deberían favorecer e incentivar activamente.

El impuesto siempre debe tener en su diseño en consideración la transparencia, la sostenibilidad, la equidad y la justicia, considerando que los contribuyentes tienen derecho a exigir cuentas claras sin dejar de lado la responsabilidad de contribuir a hacer patria a través del mismo.

La implementación de políticas fiscales que promuevan la inversión, la innovación y el desarrollo sostenible debe ser una prioridad. Solo así podremos construir una sociedad más justa, próspera y, sobre todo, empoderada en materia tributaria.