Opinión
Sebastián Brogca/AgenciaUno
A la luz de los hechos, parece cada vez más evidente que la preocupación del Presidente por atraer inversiones ha pasado a segundo plano, y que hoy prima una agenda del Ministerio del Medio Ambiente que va en el sentido contrario.
La razón que motivó la impugnación por parte de la Municipalidad de Cerrillos y por un grupo de 14 vecinos era el uso de aguas del Acuífero Santiago Central, para enfriar los servidores del complejo. El municipio y todos los requirentes, a excepción de uno, se desistieron de su acción legal, luego que el titular del proyecto declarara públicamente que cambiaría el método para enfriar sus servidores. Sin embargo, esto no impidió que el tribunal, junto con anular parcialmente la RCA, ordenara que en una nueva evaluación se incorporaran los efectos del cambio climático en la evaluación ambiental, incluyendo los impactos del fenómeno planetario en el acuífero que ya no es parte del proyecto. Kafkiano.
A su vez, hace algunos días apareció en algunos medios de comunicación la acción judicial interpuesta ante el mismo tribunal por el exconvencional Mauricio Daza, en representación de la comunidad indígena Willq’e. El recurso busca anular la resolución ambiental que recibió la minera Collahuasi en diciembre de 2021 y que recién fue ratificada en marzo de 2023 por el Comité de Ministros de este Gobierno. Llama de inmediato la atención que se acuda al Segundo Tribunal Ambiental de Santiago para dejar sin efecto un proyecto situado en el sector norte del salar de Maricunga, en la Región de Atacama, donde tiene competencia el Primer Tribunal Ambiental. La comunidad que representa el exconvencional alega haber sido excluida del proceso de consulta indígena, exclusión que amerita su nulidad, en opinión del abogado.
El proceso de Collahuasi contó con la participación de cuatro comunidades Aymaras de la zona y culminó con una RCA favorable para un proyecto cuya razón de ser es la incorporación de una fuente adicional de abastecimiento de agua para el proyecto minero, lo que implica una disminución del uso de agua continental, lo que lo hace más sustentable. Eso no fue obstáculo para que, como es costumbre, grupos que permanentemente se oponen a todo tipo de proyectos utilizaran las reglas de participación ciudadana e indígena de forma estratégica para entorpecer su normal desarrollo.
Todo titular conoce la estrategia de las distintas oleadas de participación, donde nuevos actores se involucran en los momentos finales del proceso de evaluación, y cuando su reclamo no es acogido impugnan la totalidad del proceso dejando a las comunidades sin proyectos valiosos para la economía local y, en este último caso, sin cambios que hagan más sustentable un proyecto en operación.
Existe un proyecto de ley presentado recientemente por el Gobierno, denominado “Evaluación Ambiental 2.0”, respecto al cual el Presidente señaló que espera “que potencie con fuerza las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, que generen empleos de calidad y cumplan con altos estándares medioambientales y sociales”. ¿Sería posible esperar desenlaces distintos para el Data Center de Cerrillos o para el proyecto de Collahuasi en Atacama? ¿Le cambiaría en algo la vida al Segundo Tribunal Ambiental de Santiago?
La respuesta es un rotundo “no”. No hay norma alguna que circunscriba las instancias de participación, fomentando una mayor certidumbre y resultados vinculantes de los mismos, solo por mencionar algunas propuestas que desde Pivotes consideramos relevantes. Por el contrario, se establece que se deben contemplar los impactos acumulativos de los proyectos, considerando incluso aquellos que están en tramitación. Se institucionaliza una legitimación muy amplia para recurrir judicialmente contra una RCA, se amplían los plazos para el caso de los estudios, se amplían las hipótesis que permiten revisar una RCA de oficio y se permite impugnar ante tribunales ambientales aun a terceros que no hubieren impugnado la RCA dentro de plazo ante el director ejecutivo del SEIA. Además, se incorporan “instrumentos de gestión del cambio climático” de nivel comunal y regional, cuya conformidad se deberá solicitar siempre, incluso cuando la relación entre este fenómeno global y el proyecto sea mínima.
El Segundo Tribunal Ambiental de Santiago ya tiene un margen muy amplio para frenar de forma cuestionable proyectos de evidente conveniencia para el país. Con el proyecto de reforma del Ejecutivo esto solo se va a agravar. A la luz de los hechos, parece cada vez más evidente que la preocupación del Presidente por atraer inversiones ha pasado a segundo plano, y que hoy prima una agenda del Ministerio del Medio Ambiente que va en el sentido contrario. La permisología como concepto apareció recién el año pasado, pero su vigencia parece no tener para cuándo terminar.
