Opinión
Crédito foto: Martijn Baudoin en Unsplash
Existe una oportunidad única para que Chile aproveche la implementación de medidas que garanticen una transición energética justa y equitativa.
La crisis climática se presenta en los medios desde diferentes ángulos. Por un lado, nos enfrentamos a una abrumadora amenaza masiva para nuestras sociedades y forma de vida. Por otro lado, las tendencias tecnológicas a diario nos ofrecen la promesa de transitar hacia modelos de producción y consumo más limpios y sostenibles. Un ejemplo emblemático de esta dicotomía es la industria naviera global, hoy un importante contaminante global, cuyo proceso de descarbonización genera ambiciosas promesas y un complejo debate que presenta diversos intereses, desafíos y oportunidades. En Chile, este debate debe considerar el auge de desarrollos tecnológicos para la sustentabilidad, como el hidrógeno verde o el litio, que aumentarán la actividad en nuestros puertos, los que hoy no funcionan de manera sustentable.
El transporte marítimo ejerce una influencia significativa en el panorama económico chileno, con alrededor del 90% de nuestras importaciones y exportaciones pasando por los puertos. A la vez, el transporte marítimo global representa el 3% de todos los gases de efecto invernadero a nivel mundial, lo que equivale a 10 veces las emisiones de Chile cada año.
En este contexto, el año pasado, Chile fue parte de un acuerdo histórico en la Organización Marítima Internacional (OMI), el regulador climático de la ONU para el transporte marítimo, comprometiéndose a reducir las emisiones en un 30% para 2030 y un 80% para 2040. Frente a esto, Chile tiene una oportunidad única para dar forma a su diseño de manera que beneficie nuestra transición energética y población, levantando al mismo tiempo la discusión sobre los mecanismos para repartir estos beneficios.
Una medida clave en discusión es la propuesta de poner un precio a las emisiones del transporte marítimo, que la OMI ha acordado adoptar el 2025. El transporte marítimo sigue operando sin impuestos significativos sobre sus combustibles o contaminación. Más de 100 países en todo el mundo están de acuerdo en que el precio de las emisiones del transporte marítimo es necesario, incluidos socios regionales como México y Colombia. Los impulsores principales de esta política en la OMI son las naciones insulares del Pacífico, con su propuesta de un gravamen de $150/tonelada de gases de efecto invernadero emitidos por sus embarcaciones contaminantes.
De esta forma, el mecanismo también generaría miles de millones de dólares cada año en financiamiento, separado y adicional al acuerdo de finanzas de “Pérdidas y Daños” ya negociado en la última COP. Así, la OMI ha avanzado en iniciativas para utilizar estos mecanismos de retribución para garantizar una transición equitativa en la industria, con una iniciativa que, por una parte, cumple con apoyar la transición energética del transporte marítimo de los combustibles fósiles y, por otra, con asegurar que todos los países en desarrollo afectados por este proceso reciban ayuda y compensación.
Lo anterior plantea el desafío de profundizar y definir claramente lo siguiente: ¿Cómo se garantiza una transición equitativa o justa de la industria? ¿Cómo se llevan a cabo estos procesos de justicia ambiental y energética tanto a nivel nacional como internacional? Para Chile, esto es particularmente clave en el contexto de los desafíos ambientales y geopolíticos que conlleva el inminente y aparentemente inevitable desarrollo de la industria del H2V. Relacionado con este electrocombustible, se espera un aumento significativo en la actividad portuaria, especialmente en regiones con un mayor potencial para las energías renovables solar y eólica, como el norte y sur del país, respectivamente. Sin embargo, en contraste con las positivas promesas, este crecimiento plantea serios desafíos ambientales y geopolíticos, además de generar preocupaciones sobre la equidad en la transición energética que llevamos como país.
Es imperativo descarbonizar el transporte marítimo y establecer políticas que promuevan esta transición sin exacerbar injusticias en la generación de energía. La presión internacional para que Chile sea líder en la producción de H2V podría perpetuar desigualdades climáticas, beneficiando a países más contaminantes y dejando vulnerables a los productores de energía renovable en el Sur Global.
Además de financiar la actualización del transporte marítimo hacia la descarbonización, el precio de emisión de la OMI podría tener beneficios mucho más amplios para nuestro país. Las naciones insulares del Pacífico, respaldadas por el Banco Mundial, sugieren que una parte dedicada de los ingresos se utilice para acciones y proyectos climáticos fuera del sector marítimo. Chile necesita abordar vulnerabilidades importantes que son incluso resultantes de la transición energética. Este impuesto también podría ser una oportunidad para impulsar proyectos destinados a resolver problemas energéticos, como la pobreza energética, y para implementar políticas con un enfoque territorial que permitan dar voz a las comunidades que se encuentran en la periferia de la transición energética, evitando que se perpetúen las injusticias hacia estas periferias que nuestro modelo de producción energética ha generado.
En resumen, existe una oportunidad única para que Chile aproveche la implementación de medidas que garanticen una transición energética justa y equitativa. Para esto es fundamental definir cómo estos fondos se utilizarán efectivamente para asegurar que la transición beneficie a todos los sectores de la sociedad, posicionando a Chile como un referente de sustentabilidad articulada en los sectores de energía y transporte, e implementando la transición energética de manera reflexiva y justa.
