Opinión
La ciudadanía muestra una escasa identificación con los partidos políticos, un bajo interés en la política –clave para el bien común– y una escasa participación electoral, que obligó a reponer el voto obligatorio.
A comienzos del 2020, post estallido social, un grupo de académicos y líderes de organizaciones de la sociedad civil, fundaciones y de organizaciones internacionales, fuimos convocados por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia a realizar un diagnóstico de la cohesión social de nuestro país. El estallido había revelado algo importante que había que comprender desde sus raíces. Luego de ocho meses de trabajo, elaboramos un diagnóstico que dio cuenta del deterioro sustantivo que tiene nuestra sociedad chilena en materia de cohesión social y que se hace cada vez más patente a la luz de los múltiples problemas que la aquejan en la esfera política, económica y social. La cohesión social se sustenta sobre la base de tres pilares fundamentales, a saber: la calidad de nuestros vínculos sociales, nuestro sentido de pertenencia y el foco en el bien común.
Nuestro análisis reveló crudamente bajos niveles confianza interpersonal, la percepción de que las personas no son tratadas con respeto, que son discriminadas en distintos ámbitos y que carecen de una red social de apoyo para enfrentar adversidades y conversar de temas importantes.
Aun cuando constatamos un alto nivel de identificación con la nación –una fortaleza–, nuestro sentido de pertenencia está fuertemente golpeado por la alta desconfianza hacia las instituciones, especialmente aquellas que han sido el pilar de nuestro desarrollo a lo largo de nuestra historia, como son el Parlamento, nuestro sistema de justicia, los partidos políticos y el Estado, todas instituciones esenciales para una democracia robusta.
Las personas perciben altos niveles de corrupción –la evidencia así lo está corroborando–, al mismo tiempo que existe un alto consenso respecto de que las diferencias de ingresos son muy grandes en Chile, que los bienes de la sociedad están distribuidos de manera injusta –especialmente en el ámbito de la salud y la educación–, y que los gobiernos tienen escasa conexión con la ciudadanía para considerar sus puntos de vista en la formulación de políticas públicas que les atañen.
Respecto del foco en el bien común, constatamos bajos niveles de participación en voluntariado y altos niveles de temor en las mujeres, quienes temen ser acosadas y transitar de noche en los barrios en que viven. El deterioro también se constata en el ámbito de la participación cívica, pues la ciudadanía muestra una escasa identificación con los partidos políticos, un bajo interés en la política –clave para el bien común– y una escasa participación electoral, que obligó a reponer el voto obligatorio, sin mencionar un deterioro considerable en la lealtad hacia la democracia como sistema preferido de gobierno.
El problema de la cohesión social nos atañe a todos y por ello debemos actuar juntos. La política pública puede tener un impacto muy relevante en la medida que ella define en buena parte la relación del Estado con la ciudadanía y también entre los ciudadanos, y es su responsabilidad ofrecer programas que favorezcan (o al menos no menoscaben) la cohesión social, cuidando que, en su diseño, implementación y evaluación, se promueva la confianza institucional, la percepción de justicia, el trato respetuoso, la construcción de redes entre ciudadanos y la promoción de la participación.
Las universidades, que gozan de alta confianza de la ciudadanía, tampoco pueden restarse de este desafío. Ellas son las principales responsables de formar a las futuras generaciones de profesionales con un enfoque centrado en el bien común, donde se valore la diversidad de las ideas y se fomente una sana convivencia.
Ellas son claves para generar el conocimiento de punta y la innovación necesaria para orientar el desarrollo de políticas públicas que promuevan la cohesión social. El diseño del nuevo “Instituto Tecnológico y de Investigación Público para la Convivencia y Sostenibilidad Social” que está desarrollando el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación en conjunto con el consorcio liderado por la Fundación MIDAP, donde participan la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Tarapacá y la Universidad de La Frontera, es un claro esfuerzo de colaboración que está en la dirección correcta.
Quisiera destacar el valioso llamado que hicieron las distintas confesiones religiosas chilenas a construir un acuerdo nacional orientado al desarrollo armónico y al bien común, que permita sobrellevar los grandes problemas que aquejan a nuestra sociedad. Este llamado está en plena sintonía con la necesidad de promover mayor cohesión social en nuestro país.
A este esfuerzo debemos sumarnos todos, las entidades públicas y privadas, así como las organizaciones de la sociedad civil. La comisión ministerial hizo más de 40 recomendaciones que, de implementarse, van a contribuir de manera decidida a promover más cohesión social en nuestro país.
