Opinión
Los militares no quieren ser usados por el sistema político, cosa que en la historia de Chile ha ocurrido muchas veces, pero que siempre ha terminado mal, para el país y para las propias Fuerzas Armadas.
No cabe duda de que el incremento sostenido de los delitos violentos y el temor que ello genera en la población en general constituyen hoy la prioridad más urgente de la sociedad chilena y, por tanto, uno de los temas más importantes de la agenda pública.
La verdad es que el miedo a ser víctima de la delincuencia, la sensación de impunidad y la normalización de una sociedad violenta es el pan de cada día para cientos de miles de chilenos que reclaman, sin entender ni aceptar que aparentemente no se haga algo urgente para revertir esta realidad de abandono e inseguridad generalizada.
Aquí coinciden neoliberales y socialistas. Nuestro Estado ha dejado de ser efectivo en la protección de los ciudadanos, entre otras razones, porque ha abandonado su presencia y control preventivo en el territorio, tanto en las ciudades como en vastas zonas rurales. Esto viene expresándose hace más de veinte años, lo heredó este Gobierno y es deber de todos superarlo.
Por esta y otras razones es que ya no estamos frente a un tema meramente policial, cultural o sociológico, sino a un problema político sensible, complejo, difícil de encarar con eficacia, si al menos no está la gran mayoría del país detrás de sus autoridades.
Y las autoridades deben hacer lo propio, convocando a toda la sociedad chilena, dando señales claras en cuanto a la firmeza e inflexible voluntad de atacar este problema desde sus raíces, sin complejos ni pisando huevos.
No es aceptable ni habla de un actuar de buena fe romper el diálogo a la primera de cambio, como si se estuviera esperando el error del Gobierno para sacar dudosos réditos políticos.
Chile necesita toda su unidad para enfrentar juntos este tema, que exige un diagnóstico realista, un sinceramiento de las reales capacidades actuales para reducir significativamente el crimen organizado, los delitos violentos y para recuperar el territorio de las bandas de delincuentes.
Me temo que, a pesar del enorme esfuerzo desplegado hasta ahora por el Gobierno y el Parlamento, nos estamos quedando cortos en la dimensión de la respuesta que se requiere, una respuesta a la altura de las circunstancias, una respuesta operativa de las policías, los fiscales, Aduanas, Tribunales de Garantía, de los municipios y de Gendarmería, organismos que a lo menos deben tener competencia en el mismo territorio operacional asignado.
No sé si debemos esperar a que se cree un Ministerio de Seguridad, que requerirá bastante tiempo para entrar en régimen. Ni suponer que con la lata tramitación de todos los proyectos de ley va a mejorar rápidamente la percepción de inseguridad.
No es poco lo que se está haciendo a nivel legislativo, pero los efectos deben verse durante este Gobierno, como la auspiciosa reducción de la tasa de homicidios en 2023.
Y hay temas bien concretos.
¿Cómo vamos a tener estadísticas confiables por comuna si los territorios de esos organismos no coinciden?
¿Cuántos carabineros se necesitan para actuar con eficacia? ¿Cuántos más carabineros? ¿No hay duplicidades con la Policía de Investigaciones? ¿Cuántas tareas administrativas aún están radicadas en la policía? ¿Dónde están los carabineros, que en las noches casi no se ven?
No es aceptable la respuesta de que no hay recursos, porque tiene que haberlos, pero hay que transparentar, abrir la caja de Pandora, copar las comunas con presencia del Estado, como se está tratando de hacer, pero con más fuerza.
Para actuar con eficacia las policías y –en especial Carabineros– deben dejar de ser instituciones autárquicas de las que se sabe poco. Administración, finanzas, recursos humanos, tecnología, vehículos, aviones, etc. Todo esto al margen de la política, pero sin que ello sea un pretexto para seguir en la nebulosa. Todo esto con pleno respaldo a su institución, a su actuar. Hacer el cambio con ellos, no contra ellos, pero hacer el cambio.
Se necesita también un sistema de inteligencia democrática de última generación, que actúe de la mano de todas las instituciones involucradas. Mientras, todavía duerme la Ley de Inteligencia en el Congreso.
Construyamos un clima propicio para estar a la altura de la respuesta común que debemos tener, también a nivel internacional, porque la coordinación del trafico de drogas, armas y personas es transnacional.
Todo lo dicho es parte de un debate democrático, serio, responsable, de largo plazo. Es lo opuesto al populismo en esta materia. Esta es una tarea larga y difícil. Tampoco ayuda pedirles a los jueces que antes de dictar la prisión preventiva verifiquen el nivel de ocupación en las cárceles actuales, pero es verdad que el hacinamiento en ellas es un problema de todos. Sin embargo, no se le puede decir a la gente que los criminales tendrán que permanecer en las calles porque no caben en las cárceles.
Lo que debería ocurrir es que los jueces de Garantía deberían fundamentar sus resoluciones sobre prisión preventiva, sea para acogerla como para denegarla. Ahí sí que habría corresponsabilidad.
Por otra parte, el que diga que esto se arregla con militares disparando a diestra y siniestra, con frases categóricas para la galería, con cárceles tipo Bukele, planteamientos todos altamente populares pero irresponsables, está mintiendo o solo hace un cálculo electoral.
En verdad hay un germen de añejo autoritarismo en el sueño de vivir protegidos por militares, donde se estigmatiza a todos los inmigrantes y en el que se venden armas para protección personal sin muchos controles
No es ese el país democrático, civilizado y pacífico que la gran mayoría anhelamos.
Soy hijo de un general de Ejército y estoy seguro de que los militares, no solo consideran un error concebir a las FF.AA. como instrumento de lucha contra la criminalidad o de orden público, para lo que no están preparados, ni les corresponde estarlo, sino que quieren estar lo más lejos de la política que sea posible, dedicarse a sus funciones profesionales y colaborar en el desarrollo de Chile.
Los militares no quieren ser usados por el sistema político, cosa que en la historia de Chile ha ocurrido muchas veces, pero que siempre ha terminado mal, para el país y para las propias Fuerzas Armadas.
Si de seguridad ciudadana se trata, y no de otra cosa, hay que centrarse en fortalecer las policías y el Ministerio Público. Hay que reforzar Gendarmería y el control aduanero y de pasos fronterizos y, especialmente, hay que tener una dotación de carabineros potente que permita recuperar los espacios públicos y la tarea preventiva. La batalla se gana en la tarea preventiva.
