Opinión
AgenciaUno
Las urgencias no nos pueden hacer olvidar lo importante. Una sociedad libre de corrupción es aquella donde sus integrantes logran un desarrollo justo, equitativo y sostenible.
La acción política se traduce en la capacidad de tomar decisiones sobre temas que son de interés de las personas, para mejorar sus condiciones de bienestar y la capacidad de traducirlas en acciones concretas. Una de las dificultades tras ello es poder responder a la infinidad de problemas que nos aquejan y cuáles deben ser resueltos por las autoridades gubernamentales.
Resolver dicha interrogante requiere ponderar un número creciente y cambiante de necesidades, con recursos y tiempo limitado, así como las capacidades institucionales disponibles para ejecutar las soluciones, pero, sobre todo, la capacidad de articular los consensos políticos que se requieren para obtener el apoyo de distintos actores; aunque siempre hay factores no controlados, que son los eventos que emergen del contexto, como calamidades, desastres naturales, atentados o un sinnúmero de posibilidades.
Hoy, pareciera ser que la agenda pública ha sucumbido a temas como seguridad, el CAE y las isapres, y que los problemas que ayer parecían urgentes, como el descubrimiento de irregularidades en gobiernos regionales y su relación con fundaciones por el uso discrecional de transferencias, han pasado al olvido.
Tal es el olvido, que las 46 recomendaciones de lo que fue la Comisión Jaraquemada no han logrado avances sustanciales. A marzo de este año solo se ve un 38% de progreso, de acuerdo con el seguimiento que hemos hecho desde Chile Transparente, y si bien se observa un esfuerzo inicial por parte del Gobierno, aún no es posible advertir resultados concretos en la mayoría de las medidas comprometidas.
Aunque muchas cosas se logran incorporar como soluciones transitorias en las glosas de la Ley de Presupuestos del sector público 2024, no se anotan soluciones estructurales permanentes a los problemas de discrecionalidad que originaron los casos de corrupción.
No basta con el envío de proyectos de ley al Congreso, como en el caso del Registro de Beneficiarios Finales, la Ley de Transferencias o las indicaciones a los proyectos de acceso a la información e integridad municipal, si ello no va acompañado de las urgencias legislativas y la coherencia programática entre las recomendaciones y los textos discutidos actualmente en el Legislativo.
Si queremos que la corrupción y sus manifestaciones no sigan siendo un obstáculo a cuestiones tan urgentes como la seguridad, necesitamos que las medidas comprometidas por el Gobierno a corto y mediano plazo para avanzar en una agenda anticorrupción, que hoy solo logra un 59 y 27 por ciento de avance, respectivamente, sean hechos con resultados concretos. Las urgencias no nos pueden hacer olvidar lo importante. Una sociedad libre de corrupción es aquella donde sus integrantes logran un desarrollo justo, equitativo y sostenible.
