Opinión
Sin lugar a dudas que, de comprobarse estos graves hechos, se traiciona profundamente la confianza de todos los ciudadanos.
Con la formalización de 12 exfuncionarios de Carabineros de Chile, por presuntos delitos de cohecho, detención ilegal, robo por sorpresa, falsificación de instrumento público, apremios ilegítimos y microtráfico, entre otros, la institución uniformada ha recibido un duro golpe a su credibilidad.
La mayoría de los imputados pertenecía a la Segunda Comisaría de Santiago de la Región Metropolitana y operaban como una banda criminal que, según las indagaciones de la Fiscalía Centro Norte, afectaron a una parte importante de comerciantes de distintos sectores del barrio Meiggs, en su mayoría ciudadanos chinos, quienes terminaron denunciando los diversos ilícitos de los que venían siendo víctimas desde hace más de un año.
El modus operandi utilizado por los exfuncionarios de Carabineros formalizados por el delito de cohecho –según indicó la fiscal en la audiencia– era exigir el pago de sumas de dinero mensual a los comerciantes, con el fin de prestar supuestos servicios de seguridad y protección y, una vez que estos pagaban, muchas veces les firmaban un comprobante del pago recibido. Otra forma de operar de uno de los imputados –conocidos como “Los Pulpos verdes”– habría sido solicitar a un comerciante chino $1.000.000 a cambio de dejar sin efecto un procedimiento por contrabando realizado en su local comercial, y todo esto estando de servicio.
Sin lugar a dudas que, de comprobarse estos graves hechos, se traiciona profundamente la confianza de todos los ciudadanos –dada la crisis de seguridad que se vive en el país y el combate a la criminalidad organizada que se intenta dar–, pero también es un golpe brutal a la institución de Carabineros de Chile, que venía recuperando la confianza de la ciudadanía.
Esta crisis puede llegar a ser de tal magnitud que genere dudas legítimas respecto del nivel de corrupción y falta de probidad en el resto de las instituciones, especialmente en los actores intervinientes del sistema penal.
De esta forma, las instituciones empiezan a desmoronarse ante los ojos de la ciudadanía y se ponen en jaque las bases de un Estado de Derecho, porque la corrupción –definida en términos generales por Transparencia Internacional como el abuso de poder para beneficio privado– es un cáncer difícil de exterminar, que corroe en silencio las instituciones de un país, cooptando tanto al aparato público como a las organizaciones privadas de los países.
Pero aquí, además, ha quedado de manifiesto que la narrativa del policía que no se deja corromper en nuestro país –de lo que solíamos jactarnos frente a nuestros vecinos con orgullo en Latinoamérica– se ha derribado estrepitosamente, pasando a ser un mito que no será fácil revertir, ya que el rango de los exuniformados (cabos, sargentos, subtenientes) es diferente del caso “Pacogate”, donde se formalizó a exgenerales directores de la institución de Carabineros de Chile.
Se desarma, entonces, el relato y la convicción –tal vez un tanto porfiada que teníamos– de que la falta de probidad estaba en los altos mandos y no en el policía de la calle, ese cercano a la gente que se supone vela por la seguridad e integridad de todos los ciudadanos, ya no resulta coherente en los hechos.
