
Convivencia escolar inclusiva y democrática
Este proyecto avanza hacia una perspectiva más amplia de la convivencia escolar, considerando la dimensión inclusiva y la dimensión democrática.
La gestión de la convivencia escolar y la erradicación de toda forma de violencia y discriminación contribuyen a garantizar tanto los derechos de niños, niñas y adolescentes como los de los adultos que trabajan en la escuela. A nivel estatal, Chile ha realizado esfuerzos para reducir la violencia y mejorar la calidad de la convivencia en las escuelas, pero aún hay temas pendientes que enfrentar.
El proyecto de ley sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, ingresado recientemente a discusión en el Congreso, articula distintas políticas y leyes, constituyendo un marco que brinda la posibilidad de avanzar en construir ambientes de buena convivencia y de buen trato, poniendo en el centro de la política nacional un tema tan relevante como es el bienestar educativo.
En contraposición a argumentos publicados en medios de comunicación de circulación nacional que critican el proyecto por considerarlo “una forma de instalar un cogobierno y disminuir el orden y la autoridad pedagógica”, quisiéramos señalar que la investigación científica es consistente en evidenciar que la participación fortalece el sentido de comunidad, desarrollando un mayor respeto a la autoridad, la jerarquía y la institucionalidad.
En la medida en que estudiantes, apoderados y profesores ejerzan su voz y tengan un espacio para deliberar en Consejos Escolares, se sentirán escuchados y podrán proponer soluciones idóneas a sus demandas, lo que fortalece el sentido de pertenencia con la escuela y mejora el bienestar. A este tipo de vínculo se le conoce como la instalación de procesos de autoridad y no de autoritarismo.
La investigación nacional, que de manera permanente se realiza en conjunto con las comunidades educativas en los diversos territorios, reporta la existencia de un fuerte enfoque adultocéntrico en los establecimientos educacionales del país, lo que se traduce en pocos espacios de participación de niños, niñas y adolescentes, con la consiguiente restricción de su posibilidad de desarrollar habilidades relacionales, deliberativas, comunicacionales, de toma de decisiones, autonomía, de confianza en sí mismo, entre otras.
Lo nuevo que establece el actual proyecto de ley es que en todo establecimiento educacional deberá existir un Consejo Escolar o parvulario, según corresponda, cuyo objetivo será estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa, promoviendo una buena convivencia y un buen trato. El Consejo Escolar es un órgano colegiado en el que participan un representante de los profesores y uno de los funcionarios, además del presidente del Centro de Estudiantes y del Centro de Apoderados y la directiva del establecimiento. La única función vinculante que se propone es aprobar el Plan de Convivencia Escolar.
Si aprobar un plan que va a favor de la erradicación de la violencia y la promoción del bienestar se le llama “cogobierno”, consideramos que se están limitando las reales posibilidades de transformación educativa.
Este proyecto avanza hacia una perspectiva más amplia de la convivencia escolar, considerando la dimensión inclusiva y la dimensión democrática, lo que permite allanar el camino hacia una paz duradera, a la vez que promueve un enfoque de garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes.
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