Huachipato y el final definitivo de la promesa industrial no dependiente

Durante la tarde del pasado miércoles 7 de agosto, la industria de Huachipato anunció nuevamente el cierre indefinido del complejo acerero industrial de Talcahuano, ubicado en la región chilena del Biobío, alegando que la decisión se debía a múltiples factores. 

Las principales razones que daba la empresa por esta medida eran que, después de analizar lo resuelto por la Comisión Antidistorsiones sobre la aplicación de derechos antidumping a las importaciones de barras y bolas de acero, concluyeron que las tasas definidas eran menores a las solicitadas por la compañía. Estas medidas –según la empresa– generaban que en el mercado del acero nacional continuara reproduciéndose una situación de competencia desigual entre quienes importan acero y la Compañía de Acero del Pacífico (CAP Acero), cuestión que impedía a la compañía continuar sus operaciones.

De esta forma, la empresa pondría fin a más de 70 años de historia de la principal planta acerera de Chile y una de las más grandes de América Latina, representando un símbolo estratégico de un proyecto de modernidad industrial e integración socioeconómica regional.

Ante esta decisión, el Gobierno y la comunidad laboral reaccionaron negativamente a la decisión unilateral de la compañía, pues durante los meses de marzo y abril se llevaron a cabo diversas acciones para impedir el primer anuncio de suspensión de operaciones.

En el caso de los principales agentes gubernamentales a cargo de intervenir en la situación de Huachipato, la molestia no se hizo esperar, ya que a partir de la intervención y negociaciones internas entre los ministros de las diversas carteras (Hacienda, Economía y Trabajo), el Ejecutivo procedió a aplicar sobretasas que beneficiaban a la industria nacional. Por otro lado, en cuanto a los agentes sindicales, la reacción de disgusto ante la incertidumbre fue inmediata, ya que las asociaciones históricamente han respondido al llamado de movilizarse a favor de la industria y manifestarse en contra de las diversas asimetrías comerciales del acero.

Actualmente, en lo que respecta a la industria de Huachipato, sus capacidades productivas y su contribución económica, la empresa tenía una capacidad productiva de 1.450.000 toneladas (t) de acero. Para este 2024, se proyectaba una reducción de su producción estimada en 560.000 t, poniendo especial énfasis en la producción de barras de molienda y hormigón.

Esta baja en la proyección de la producción, si bien es consecuencia de la falta de potencial competitivo en la producción de acero de CAP en el mercado nacional, también está relacionada con la decisión de la compañía de limitar la producción de ciertos bienes. Esto particularmente se dio en el mes de febrero de este año, a partir del cierre de las líneas de proceso de la laminadora de barras, lo que repercutió directamente en el alambrón de construcción, alambres de carcasa, mallas, cables y resortes.

En lo que respecta a la fuerza de trabajo al momento del anuncio del cierre, la industria de Huachipato contaba con 1.230 trabajadores contratados directamente y alrededor de 2.200 bajo la modalidad de subcontratistas. Sumando estos trabajadores y considerando el total de agentes económicos dependientes o colaboradores en las funciones de la industria (entre ellos, empresas de construcción, distribuidores mayoristas y minoristas, proveedores de materia prima), se estima que entre 15 mil y 20 mil trabajadores se verán afectados por el cierre inmediato de CAP Acero y miles de familias en la Región del Biobío. 

Si se consideran estos datos en relación con el desempleo regional que enfrenta el Biobío, la situación es alarmante, pues según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el trimestre de abril-junio del año 2024, la región presentaba una tasa de desocupación del 8.3% (0.2 puntos porcentuales menor que el promedio nacional) y una tasa de ocupación formal del 27.6%, lo que equivale a 65.201 desempleados y 197.618 trabajadores informales. 

Ante el inminente cierre y la posible suspensión permanente de la compañía, el escenario político-económico que enfrenta el Biobío es complejo, pues en materia de empleo y desarrollo productivo territorial Huachipato es estratégico para la región. 

Si realizamos un breve resumen sobre el desarrollo regional, el principal puntapié inicial en materia de modernización industrial surgió desde mediados del siglo XX, basado en el Modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), instalando y potenciando diversas empresas manufactureras, siendo la principal Huachipato.

Posteriormente, bajo el viraje neoliberal de las décadas de los 70 y 80, la industria manufacturera entró en un ciclo prolongado de debilitamiento, y se procedió a potenciar la industrialización basada en los commodities de las industrias forestal y pesquera, entrando esta última en crisis en los 90, pero por problemas asociados al manejo de los recursos hidrobiológicos. 

En este contexto, si hacemos un breve recuento sobre el cierre de plantas desde 1990 hasta la actualidad, destacan el cierre de Fanaloza en 1991, Enacar en 1997, las textiles de Yarur Manufactureras Chilenas de Algodón en 1990, Bellavista Oveja Tomé en 2007, Machasa de Chiguayante en 2010, las fábricas de calzado Ferrol (ex-Gacel) en 2011 y Albano en 2019. Ahora, estamos observando el cierre inminente de Huachipato, cuestión que exacerba nuevos desafíos económicos y laborales para la región, nos lleva a preguntarnos sobre el futuro regional en materia de industrialización.

En este contexto de debilitamiento estructural de la industria nacional y ante la coyuntura del cierre de Huachipato, nos queda preguntarnos cuáles serán las acciones futuras que tomarán el Gobierno y los actores empresariales para enfrentar esta situación.

Por parte de los actores privados vinculados a la compañía, apenas fue anunciado el cierre por parte de la gerencia, el holding CAP anunció que tiene pensado continuar con el servicio portuario que posee la planta de Huachipato, seguir con la extracción minera de hierro en el norte de Chile y potenciar la utilización de las tierras raras en Penco por medio de la empresa Aclara.

Por otro lado, el ministro de Economía, Nicolás Grau, tras una reunión con los sindicatos de la planta, sostuvo que el Gobierno buscará un plan productivo y laboral para la continuación de la producción de acero nacional, dejando en claro, eso sí, que el Estado no comprará Huachipato. Por su parte, los actores sindicales han sostenido que no tolerarán que la Región del Biobío se quede sin una planta productora de acero y que no permitirán que el holding cierre Huachipato. 

Sobre la base de estos elementos, el devenir económico-productivo de la empresa y de la Región del Biobío, en lo que respecta a esta industria, está más lleno de incertidumbres que de certezas. Esto se debe a que, aunque el Gobierno anuncia la creación de un plan para hacer frente a esta crisis, desde el primer anuncio de cierre se demostró que no existía una planificación adecuada en esta materia y no existe un plan claro para potenciar la industria nacional. 

Por otro lado, y según voces extraoficiales de la industria, la decisión de cerrar la planta se tomó en medio de voces disonantes dentro de las gerencias del holding CAP, ya que el directorio de CAP Acero no estaba de acuerdo con la decisión tomada por el conglomerado, que apuesta por continuar potenciando los mercados ya establecidos de producción mineral y la posibilidad de innovar en la explotación de tierras raras.

Ante esta situación, aunque no existe una planificación económica clara del Poder Ejecutivo en materia de la industria procesadora a largo plazo, sí existió la iniciativa de reducir las tasas de importación, y la empresa no esperó siquiera un año para evaluar los posibles efectos que traería consigo esta medida. En ese sentido, para establecer un proyecto que brinde certezas a la comunidad regional, es necesario anticiparse a situaciones que ya hemos visto en las décadas pasadas con el cierre de otras compañías.

Desde nuestra perspectiva, un plan de reconversión laboral que no esté integrado a un plan de desarrollo industrial y empresarial que conecte las potencialidades regionales con las necesidades locales no tendrá frutos reales y podría desembocar en un gasto fiscal mayor, del cual no veremos beneficios futuros al corto y mediano plazo. Esto lo planteamos porque es necesario recordar las grandes crisis productivas que vivió el Gran Concepción en los años 90 y 2000, como ocurrió con el cierre de la histórica mina de Lota y con la crisis por la sobreexplotación del jurel, que afectó a las comunas de Coronel y Lota.

En el caso de los mineros y el cierre total de la mina, Jaime Tohá, el intendente de la Región del Biobío en ese entonces, cuando se anunció que no habría vuelta atrás con el cierre de Lota, sostuvo que los lotinos no debían preocuparse por el plan de reconversión, pues la región tenía otras fuentes de empleo a las cuales los desocupados podrían integrarse. Ante esto, hasta el día de hoy vemos cómo la ciudad de Lota pasó a convertirse en una comuna “company town” con capacidades productivas endógenas en un territorio de crisis prolongada, donde los planes de reconversión acabaron convirtiendo el mercado local de trabajo en una ciudad dormitorio y de múltiples servicios básicos y emprendedores.

Por otro lado, el cierre de las plantas de harina de pescado y el quiebre de las pymes pesqueras en los años 1990-2000 resultaron en un extendido gasto fiscal que se redujo a bonos de emergencia, capacitaciones laborales sin vinculación laboral y diversos programas de apoyo social para los trabajadores de la industria pesquera. Estos casos los planteamos en son de alerta, pues los programas de emergencia  laboral se han caracterizado por no tener una vinculación clara sobre el tipo de empleo que fomentan y el modelo de integración empresarial-industrial que se establece como alternativa.

Ante la situación político-económica actual, la Región del Biobío enfrenta nuevas dificultades y dilemas que tanto el empresariado como el Gobierno deben resolver. Desde nuestra perspectiva, un problema crucial ha sido la constante intervención del Estado para mejorar las condiciones competitivas del mercado del acero nacional, a menudo evitando el cierre de la empresa en cuestión. Este planteamiento se sustenta en los eventos que hemos observado este año, los cuales tienen precedentes en las protestas del año 2001, cuando los obreros protestaron en las inmediaciones de la industria y arrojaron barras de acero coreano en los alrededores de la fábrica y los puertos.

Por otro lado, es importante recordar que la compañía en cuestión fue objeto de un proceso de modernización empresarial financiado por Corfo, que en su momento llegó a controlar el 100 % de las acciones, convirtiendo al Estado en el propietario total. Estas acciones fueron privatizadas durante la dictadura militar, proceso impulsado por Roberto de Andraca, quien en ese entonces, años 80, era un funcionario público encargado de administrar CAP. El mecanismo utilizado para promover la privatización de la compañía fue, en términos generales, el denominado “capitalismo popular”, mediante el cual se transfirió una firma de carácter público a manos privadas, convirtiendo a De Andraca en el principal accionista.

En este sentido, cabe preguntarnos: ¿qué rol debe jugar el Estado en esta coyuntura económica y respecto al devenir económico de la Región del Biobío? ¿El Gobierno de turno dará un giro económico-productivo para enfrentar la crisis sectorial y aplicará las mismas recetas económicas de reconversión de los últimos 35 años? ¿Procederá el Gobierno a recuperar su iniciativa económico-productiva con la industria acerera nacional, tal como lo ha proclamado con el litio, o como lo ha hecho con las empresas eléctricas que no han cumplido los compromisos, del mismo modo que el holding CAP no cumplió una vez acordada la rebaja arancelaria?

¿Bastará con que el Estado estipule nuevas regulaciones o subsidios a un complejo industrial dominado por agentes privados que optan por invertir en áreas no estratégicas para la región y el país? ¿Aprovechará el Gobierno esta coyuntura para dar un giro productivo-industrial que revierta el estancamiento económico asociado a la trampa del ingreso medio y responda a las nuevas reestructuraciones industriales que se están viviendo tanto a escala global-nacional-local?

Desde nuestra perspectiva, la mejor manera de revertir la crisis estructural que enfrentan la industria nacional y la Región del Biobío es diseñar un nuevo modelo de fortalecimiento industrial que evite caer en el extremismo neoliberal, el cual confía en la autorregulación del mercado.

Respaldando las voces de los actores sociales y técnicos que abogan por esta visión, proponemos los siguientes lineamientos: 1) creación de un clúster de innovación y sostenibilidad industrial; 2) incentivos para la reindustrialización verde; 3) desarrollo de infraestructura para la industria 4.0; 4) implementación de un programa integral de reconversión laboral; 5) fomento a la inversión en energías renovables; 6) revisión y modernización de las políticas comerciales.