Opinión
En plena discusión de la Ley de Presupuesto 2025, esperamos que se pueda avanzar en priorizar la educación inicial y, en particular, ampliar la subvención que permita un trabajo con las familias y escuelas para apoyar una crianza y una educación inclusiva en los niveles preescolares.
En la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales, celebrada en Salamanca (España) en 1994, se sentaron las bases para pensar en sistemas educativos que acogieran a todos los niños, independientemente de sus características físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas o de otro tipo.
El artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce el derecho a la educación y vela por el desarrollo pleno de su potencial, personalidad, talentos, creatividad y su participación en la sociedad. La Declaración de Buenos Aires de 2022 instó a tomar acciones urgentes para recuperar y transformar los sistemas educativos. Nuestra legislación expresa, de manera más concreta, en la Ley 21.545 sobre las personas neurodivergentes y establece estándares de mayor exigencia en el derecho a la educación.
La evidencia internacional ha sido contundente en demostrar el impacto de la educación inicial. Los estudios del Nobel de Economía James Heckman han situado la inversión en este foco como una de las que asegura mayor rentabilidad en el largo plazo. Asimismo, hay estudios de trabajo preescolar en población neurodivergente que demuestran mayor funcionalidad e inserción social en la medida de la socialización y escolarización temprana.
No obstante, hoy la educación inicial no cuenta con herramientas de financiamiento especializado para jardines infantiles, como los VTF (Vía Transferencia), para impulsar una educación inclusiva de calidad con Programas equivalentes a un PIE (Programa de Integración Escolar) o una Subvención Escolar Preferencial (SEP), si no es a través de programas concursables y con recursos limitados.
Es por ello que, en el marco de la Política Nacional de Niñez y del cumplimiento de los estándares que exige la Ley de Protección Integral y el corpus iuris que la sustenta, resulta indispensable ampliar la subvención con este foco en particular. La misma Política Nacional de Cuidados no podrá obviar el rol de padres y cuidadores en una crianza inclusiva, para la cual requieren de un apoyo sistemático y estructurado, desde el nivel preescolar.
Hace algunos días, la Corporación Cristo Joven, que administra 13 jardines infantiles VTF, publicó el documento “Inclusión en Espacios Educativos”, que ofrece un enfoque integral y práctico para la inserción de niños con discapacidad en la educación inicial. Al resaltar la importancia de la educación como un derecho, el modelo social de la discapacidad, transitando de la integración a la inclusión, la formación de equipos pedagógicos, las estrategias inclusivas y la colaboración con familias, el documento se posiciona como una herramienta valiosa para transformar las prácticas educativas y promover un entorno con más oportunidades para todos.
Asimismo, también hay organizaciones como Fundación Amacrecer, que ofrece apoyo educativo bajo un modelo terapéutico a niños, niñas y sus familias, proporcionando un jardín inclusivo, y que como otras organizaciones, grandes o pequeñas y de realidades diversas, deben gestionar recursos en una fragilidad que no se condice con la certeza necesaria que requieren trabajos de gran intensidad y fortaleza técnica, menos aún con una ley que declara dicho estándar, pero que no concurre con un modelo de financiamiento coherente.
Es por eso por lo que, en plena discusión de la Ley de Presupuesto 2025, esperamos que se pueda avanzar en priorizar la educación inicial y, en particular, ampliar la subvención que permita un trabajo con las familias y escuelas para apoyar una crianza y una educación inclusivas en los niveles preescolares. Los recursos públicos deben invertirse con decisión donde la evidencia muestra garantías de mayor impacto.
