Opinión
AgenciaUno
El reciente informe de la Defensoría de la Niñez evidencia una crisis desgarradora. Los asesinatos de niños por armas de fuego han llegado a niveles sin precedentes, reflejo de un Estado que no ha sabido garantizar seguridad ni justicia para los más vulnerables.
La infancia en Chile enfrenta una doble amenaza que no solo afecta su presente, sino que compromete el futuro de nuestro país. Por un lado, la violencia entre bandas de crimen organizado ha cobrado la vida de 48 menores este año, superando ya las cifras de 2023 y convirtiéndose en el peor registro de las últimas décadas.
Por otro lado, niños y adolescentes están siendo reclutados por estas organizaciones criminales, utilizados como instrumentos para cometer delitos y lanzados a un abismo del cual es difícil escapar.
Antofagasta, la región que represento, es ahora la segunda con la tasa más alta de homicidios de menores en el país, con un alarmante registro de 2,6 asesinatos por cada 100 mil habitantes, superando el promedio nacional y solo detrás de Tarapacá.
Este dato, lejos de ser solo una estadística, es un grito de auxilio de una comunidad atrapada entre la violencia y la inacción estatal.
El reciente informe de la Defensoría de la Niñez evidencia una crisis desgarradora. Los asesinatos de niños por armas de fuego han llegado a niveles sin precedentes, reflejo de un Estado que no ha sabido garantizar seguridad ni justicia para los más vulnerables.
Paralelamente, informes de la Fiscalía Nacional alertan sobre un submercado del crimen donde menores son “capturados” en sectores desprotegidos, iniciándose en carreras delictivas en el marco de encerronas, tráfico y otros crímenes.
Estos datos deberían estremecer a las autoridades. Sin embargo, el Gobierno parece estar de espaldas a esta realidad. La ausencia del Presidente Gabriel Boric en la cuenta anual de la Defensoría de la Niñez es simbólica y preocupante. En un momento donde la infancia enfrenta una crisis histórica, su indiferencia refuerza la sensación de abandono. No es solo un gesto, es una señal clara de prioridades mal definidas.
Como senadora y madre, no puedo aceptar que sigamos perdiendo a nuestros niños a manos de la violencia y el crimen. No podemos permitir que sus sueños sean truncados por balas ni que sus vidas sean arrastradas al submundo del narcotráfico. Chile necesita actuar ahora.
Es urgente que trabajemos en tres líneas de acción. Primero, debemos fortalecer las políticas de prevención, aumentando la inversión en programas de apoyo psicosocial y actividades culturales y deportivas en las comunidades más afectadas. Segundo, es necesario endurecer las penas contra quienes utilizan a menores para actividades ilícitas, incluyendo a los reclutadores del narco. Y tercero, debemos exigir la implementación inmediata de un plan nacional integral de seguridad para la infancia.
La infancia es el futuro de nuestro país, y cada niño que perdemos representa una derrota para toda nuestra sociedad. Hago un llamado al Gobierno y a todos los sectores políticos a priorizar esta crisis. No podemos seguir mirando hacia otro lado. Nuestros niños merecen algo mejor, y nosotros tenemos el deber moral y político de dárselo.
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